Respiración estertórea del diálogo II

El Estado no ha dejado de apuntar con el fusil de la represión a los pueblos indígenas empobrecidos de la amazonia peruana. La trágica experiencia del 5 de junio de 2009, en Bagua, había alumbrado normas legales y reflexiones que estuvieron destinados a privilegiar el diálogo por encima de la abominable lógica del etnocidio. De este infame atavismo que procura sin descaro acabar con la vida de miles de indígenas –descendientes de los que han sobrevivido de la vorágine de las reducciones religiosas y del flagelo del caucho– que viven de la prodigalidad del bosque el Estado no ha logrado escabullirse hasta el día de hoy. Hace apenas unos días un campesino que alzó su voz de protesta para defender la base del pan de cada día ha sido muerto –en la mina Las Bambas– con bala de guerra por la Policía Nacional del Perú. Otros fusiles apuntan a los indígenas que se han reunido en Saramurillo –desde hace más de 40 días– en protesta contra la prolongada contaminación petrolera y por la pobreza insostenible que carcome dolorosamente la expectativa de vida de la mayoría de los pobladores de la cuenca del Marañón, Chambira, Tigre, Corriente, Pastaza y Arabela.

No ha de pasar mucho tiempo para que la arrogancia y la ferocidad del poder económico ordenen disparar a quemarropa contra indígenas y coterráneos que gritan al mundo la presencia de agua envenenada disponible en la fuente, peces inoculados de petróleo, enfermos sin tratamiento médico, hijos desnutridos, ancianos desamparados, escuelas derrotadas por el olvido. Como en la época de la conquista la biblia acompañaba a la espada, hoy, la pólvora acompaña al diálogo. La razia con los pertrechos del bicentenario podría echar por la borda –en cualquier momento– la miga de la cultura de paz y diálogo que se mantiene viva en el regazo de los pueblos indígenas.

El Estado debería movilizar con rapidez cualidades, dinamitar la innecesaria petulancia heredado del colonialismo, respetar los derechos y la decisión de cómo piensa vivir cada pueblo indígena para dar paso, luego en Saramurillo, a una política seria de atención de los problemas sociales, remediación de daños ambientales perpetrado por más 40 años de irresponsable actividad petrolera y el encaminamiento de un plan que garantice el no retorno del desempeño altamente tóxica de las empresas. 

El diálogo –Estado y pueblos indígenas– llevado adelante en los procesos de consulta previa en Loreto no ha sido ninguno infructuoso sino que ha dado paso a los proyectos de inversión a partir de la inclusión y búsqueda de solución de los problemas sociales existente en las zonas de influencia. El cumplimiento de los acuerdos de la agenda social no del todo está siendo atendido. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha firmado el compromiso –incumplido hasta el día de hoy– de articular esfuerzos con los otros ministerios del ejecutivo a fin de atender la demanda social generada en el marco del proceso de consulta de la Hidrovia Amazónica. En consecuencia, tenemos otro problema que se ha de sumar al descontento manifiesto. 

Finalmente, el Gobierno Regional de Loreto ha abandonado a su suerte a los pueblos indígenas y comunidades movilizados en Saramurillo. Esta actitud del Gobernador de convertir en paria a los hijos de esta tierra que pisan hoy la zona más contaminada del mundo, es fratricida. No resiste a ningún análisis desde el punto de vista de los derechos humanos y de hermandad.  

Respiración estertórea del diálogo

El diálogo del Estado peruano con los pueblos indígenas en los últimos diez años no ha sido una línea de acción preponderante en la búsqueda del desarrollo del país sobre una base de sostenibilidad social, ambiental y de respeto de los derechos colectivos y fundamentales. 

La preocupación del mundo sobre la progresiva vulneración de la cultura y derechos de los pueblos indígenas ha dado origen al Convenio 169 de la OIT que ha sido adoptado y ratificado por el Perú dentro del concepto Estado – Nación y en virtud de los principios de este tratado internacional, en el año 2011, el Perú ha dado la Ley del derecho a la consulta previa. Ni los valores del tratado ni la finalidad de Ley de consulta previa han logrado reorientar –con claridad de respuesta y buena fe– la política económica primario exportador de los recursos naturales del país existente en el territorio ancestral de los pueblos indígenas. Las instituciones públicas que han llevado adelante la consulta previa han desarrollado el mayor de los esfuerzos en afinar estrategias frívolas para ganarse la voluntad de la población objetivo sin haber brindado información de calidad que implica la participación de los pueblos indígenas durante el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Por ejemplo, la consulta del Proyecto Hidrovia Amazónica –que ha sido obligada por una sentencia judicial– había iniciado una vez que había sido aprobado y sacramentado los estudios de factibilidad. En esta etapa solo quedaba consensuar sobre los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su presentación –una vez concluida el EIA con la participación de representantes indígenas– en un predio social intercultural con capacidades técnicas. También, la consulta del Lote 192 se ha llevado a cabo alrededor o al margen del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos. 

En consecuencia, las medidas a consultar han sido puramente administrativas y ha conllevado –en la última década– a un diálogo conformado por temas exento de propuestas relacionados con la economía local, seguridad alimentaria, seguridad ambiental y social que garantice la vida y salud de los pueblos indígenas frente a los impactos negativos inherente a toda actividad económica en el Perú. Los acuerdos firmados que soportan la existencia de las mesas de desarrollo –como aquellas generadas en el proceso de consulta del Lote 192– está siendo implementado por el Estado debido a su potente arraigo con la pobreza y su innegable prerrogativa política que lo hace difícil de abandonar a su suerte. Sin embargo, es comprendido como una agenda de inclusión posible de atención sin necesidad de un proceso de consulta previa.

El Estado peruano no ha cambiado el subrepticio y poderoso plan de acabar con la Ley del derecho a la consulta previa. No querer involucrarse en la lucha directa y decidida contra la pobreza que los pueblos indígenas arrostran cada día con la ayuda de la prodigalidad de su territorio habría sido el motivo de la eyección del Estado del mecanismo de diálogo. El Estado ha puesto en entredicho el rol garantista de la evolución positiva del diálogo a través de la Ley del derecho a la consulta. Entonces, el concepto de “interés nacional” ha empezado a allanar el camino para escindir la amazonía con el doble filo de los proyectos de inversión. La vaguedad del “interés nacional” está relacionado con la acción política y económica del Estado y no con las aspiraciones superlativas de una nación multicultural y plurilingüe. 

La treta del Estado que busca la abstracción del derecho a la consulta previa podría incrementar el aislamiento de los pueblos indígenas del camino del bienestar que está enraizado profundamente en las bondades que por miles de años han encontrado en el territorio ancestral. Los pueblos indígenas no estarán jamás de acuerdo vivir en la trastienda de la sociedad, sin territorio, sin comida, sin derechos que defender y sin expectativa de futuro como pueblos diferenciados.