El flagelo de la riqueza

Por: Jorge Pérez Rubio

Antes de que el petróleo empiece a fluir de la entraña de la tierra –ocupado y manejado adecuadamente por los pueblos indígenas amazónicos desde tiempos remotos– el hambre jamás pudo socavar la práctica de los valores ancestrales, nunca pudo tapar la mirada colectiva hacia un futuro promisorio y no pudo alimentar la diáspora hacia una sociedad del castigo y la discriminación. Pero, los pueblos indígenas ya habían padecido bajo el poder del capitalismo inhumano que llevó a cuestas la infamia y distintas formas de torturas que la historia, de la quina y del caucho en la selva peruana, lo describe como el pico más alto de la barbarie humana. Desde entonces, la semilla de la crueldad quedó sembrada en la selva del Perú para multiplicar su linaje sobreponiéndose a las capacidades y derechos de los primeros habitantes.

Durante la época del petróleo –aún vigente en la selva de Loreto– los pueblos indígenas han visto pasar garboso el barco de la riqueza. Mientras aquel barco pasaba iba envenenando la matriz de la subsistencia de los pueblos indígenas: el bosque y sus recursos vitales. Mientras el barco de la riqueza pasaba arrogante el hambre aumentaba y todos los males llagaban y la funesta experiencia puso en irreversible zozobra a la población involucrada –principalmente los indígenas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza, Marañón y Chambira–. El hambre se había mezclado con las enfermedades no endémicas creando un claustro de emergencia social y ambiental. Entonces, una vez que salió a la luz los graves problemas despegaron del barco principal pequeñas embarcaciones de socorro –con bandera de peruana, extranjera y de ONG´s– trayendo consigo medicinas, comida, agua, abrigo y dinero en efectivo.  El objetivo de la misión no era acabar con el padecimiento de la gente sino mantener la situación en un nivel soportable  a fin de controlar la pobreza y el sufrimiento de la población a través del chantaje y de un efímero e insustancial asistencialismo.

Tan grande es el barco de la riqueza que todavía está en tránsito y no abandona el puerto después de 40 años de navegación con destino al Centro Mundial de Comercio –llevando en la bodega para Loreto solamente entre el año 2009 y 2014 S/. 1,180.65 millones por concepto de canon y sobrecanon petrolero, dinero malgastado por las autoridades de Loreto en complicidad con la empresa petrolera y el gobierno central – y para los pueblos indígenas se ha destinado también importantes montos que también fue dilapidado por la viveza criolla y la corrupción imperante en el Estado. Prueba de ello es el infructuoso proyecto PEPISCO de S/. 40 millones, cuyas metas fundacionales no han sido alcanzadas –el escrutinio social así lo ha comprobado– en desmedro de la urgencia de atender con los servicios básicos.

La población afectada ha desarrollado alrededor del emporio itinerante (barco de la riqueza) dos importantes posturas que han ido cuajándose en el tiempo: uno, lograr la participación justa de la riqueza o beneficios obtenidos de las tierras ancestrales y dos, evitar la actividad petrolera y así evitar también la barbarie social y ambiental perpetrada por este rubro en zonas de impacto que el Perú y el mundo conoce. La primera postura está fundamentado en el Convenio 169 de la OIT: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos de subsuelo, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados y deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades y percibir de una indemnización equitativa por cualquier daño que pueden sufrir como resultado de estas actividades”, la cita literal de Artículo 15 del Convenio responde a la necesidad de decirle al gobierno peruano que no puede menoscabar, con severa obstinación, los derechos de una nación multicultural y plurilingüe en virtud de los tratados o convenios internacionales ratificados en el fuero constitucional, tal como lo viene haciendo a través de la creación de leyes (Ley 30230 y PL 3941) que podrían acabar deprisa con el deteriorado cimiento de bienestar que abriga actualmente a los pueblos indígenas.

La segunda postura constituye una decisión casi estentórea pero firme que busca salvaguardar el ejercicio permanente de los derechos colectivos y fundamentales ante el advenimiento de una pandemia legal, ambiental y social. Esta posición de los pueblos indígenas solo podrá tener éxito a partir del reconocimiento y titulación de las tierras ancestrales –aquellas tierras comprendidas como propiedad tradicional y de uso que traspasa la línea de los insuficientes espacios titulados– que alcanza más de 20 millones hectáreas.

Paradójicamente, la riqueza extraída del subsuelo de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas amazónicos no ayudó sino carcomió la milenaria base de subsistencia y que habiéndose articulado con el compromiso del gobierno actual a través de acuerdos suscritos en actas no garantiza el destierro de la pobreza ni avizora alguna acera de paz en mediano plazo. Quizá la ausencia de petróleo de las tierras ancestrales hubiera hecho posible la construcción de una sociedad con mejores oportunidades y frondosas esperanzas.

Estado bifronte.

El Estado peruano arrastra la misma actitud cerril y de indiferencia que han practicado sucesivamente los gobiernos de la república en agravio y despojo de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos. Así lo demuestra la historia que atañe a la tenencia de tierra, Educación Intercultural Bilingüe - EIB, salud intercultural y uso de recursos naturales. Medidas políticas, administrativas y legislativas promovidas por el Estado, al respecto, han sido gestionadas sin la consideración y respeto de las costumbres, derechos humanos, instituciones propias y del derecho consuetudinario.

La tenaz obstinación del Estado manifiesto en la búsqueda de riqueza a expensas del dolor y la pobreza de los pueblos indígenas ha estado asociado siempre con una doble actitud. Por un lado se ha llevado adelante la titulación de tierras comunales, la promoción de la EIB, leyes para la inversión amigable con el medio ambiente y la adopción del Convenio 169 de la OIT (1989). Por otro lado el territorio ancestral –de frondosa aptitud proveedora de bienestar material e inmaterial, concebido como el único y más valioso legado vivo intrínsecamente relacionado con la sobrevivencia y la profusa continuidad de las culturas milenarias– ha sido fraccionado en “mosaicos” controlado por diversas competencias oficiales y que constituyen parapetos de las libertades, discontinuidad de la dinámica social propia de las civilizaciones autóctonas o límite del horizonte del buen vivir.

En las últimas cuatro décadas se han puesto en funcionamiento importantes iniciativas en el país sobre educación bilingüe, con deficiente y denotado desinterés del Estado peruano. En el año 2002 nace la Ley para la Educación Intercultural Bilingüe y desde entonces el marco legal al respecto ha sido abundante. Por otro lado, el esfuerzo del Estado ha sido visible pero embrionario –estudios independientes lo han puesto al descubierto y Defensoría del Pueblo lo ha corroborado en el Informe 152 (2011) y en el Informe 163 (2012 -2013) los avances y desafíos han sido insignificantes frente a los problemas generados por la exclusión y por las “graves brechas” pendientes de reducción. El último Informe Defensorial dice que el 46% de niños, niñas y adolescentes indígenas no recibe cobertura en su lengua originaria y exige la construcción de un marco curricular nacional con enfoque intercultural y bilingüe. A pesar que es importante cubrir la real demanda de 20 mil maestros bilingües, diseñar un currículo diversificado y acorde con las necesidades lingüísticas y culturales y de asignación de presupuesto, hasta la fecha, no se ha tomado en cuenta – con denuedo– la encomiable experiencia del Programa de Maestros Bilingües que durante 26 años logró construir una propuesta EIB basado en el arraigo cultural de cada pueblo indígena y en la mirada responsable hacia un futuro exigente de calidad educativa y liderazgo.

Sobre la situación de la Salud intercultural de los pueblos indígenas amazónicos, el reciente Informe Defensorial N° 169 (presentado hace dos semanas en Iquitos) puso en evidencia el retraso o inamovilidad funcional de la “política pública de atención del derecho a la salud intercultural de los pueblos indígenas en marco de la reforma de la salud. En efecto, en el Informe se recomienda principalmente el incremento del presupuesto anual del sector salud a efectos de mejorar los servicios de salud para los pueblos indígenas, así como la incorporación en los protocolos de atención de salud el enfoque intercultural. Prueba de la gestión anquilosada del sector salud y de la falta de coordinación con otras instancias públicas y privadas, la vida de la niñez y adolescentes del pueblo Matsés (frontera con Brasil) se está volviendo insostenible. No pueden recibir adecuada y oportunamente atención médica ante el aumento actual de casos de hepatitis B y malaria.

El uso de los bienes naturales de la amazonía peruana ha sido blanco de una ilimitada práctica codiciosa y perniciosa del dogma del capitalismo global. La explotación del caucho y del petróleo en la amazonía revela y cerciora la existencia del pico más alto de atropello del valor de los bienes naturales y la vida humana ha sido concebida como un medio de producción. El atavismo de la crueldad como medio de acumulación de riqueza jamás ha sido estrangulado por los gobiernos siquiera en honor a los santos evangelios de cuya fe se ufanan aleccionarse. La actividad petrolera en Corrientes, Tigre, Marañón, Chambira, Pastaza y Curaray representa la fuente de la insaciable corrupción que puso de rodillas a la moral ortodoxa y tradicional de Loreto y ha difuminado el esplendor del ejemplo. Hoy el mal que se engendró en los últimos 40 años está haciendo metástasis y se ha inoculado en el vientre de una generación.

Pues esta vez no hablaré de los daños que ha causado la actividad petrolera porque sé que está en el alma y en la retina de la mayoría de peruanos. Por otro lado, el gobierno actual procura llevar adelante la consulta previa y procesos de diálogo en zonas sacudidas por la protesta social, en virtud del Convenio 169 mediante una fementida “buena fe”, Si en el momento correcto escarmienta podría evitar la ruptura hacia adentro de los acuerdos suscritos por el Estado con los legítimos representantes de las comunidades afectadas por la actividad petrolera. La ley 30230 y el proyecto de Ley 3941 confirman aún con más fuerza la teoría de que a los pueblos indígenas pretenden convertirlo en un gueto humillante.