“Todos los días mueren tres o más personas con síntomas de COVID19 en la localidad de Caballococha (triple frontera). Aquí no hay oxígeno ni atención médica suficiente. Los pacientes que están siendo evacuados se van a morir en Iquitos, debido al colapso de los hospitales”. Fragmento del audio de auxilio del apu, del pueblo Ticuna, Francisco Hernández Cayetano. Emitido el 8/2/21.
En el mes de mayo del año pasado, los pueblos indígenas organizados han presentado a la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA-L) y al Ministerio de Salud (MINSA), entre otras líneas de acción, la reactivación y funcionamiento del sistema de promotores de salud Indígena (SPSI), para hacer frente a la incursión del coronavirus en el territorio de los pueblos indígenas de la región Loreto. Esta propuesta no ha sido tomada en cuenta ni siquiera en el momento cuando la convalecencia y muerte de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos) estuvo en el nivel más alto. Entonces, ha sido trágica la consecuencia de la política de oídos sordos del Estado (DIRESA-L, PCM y MINSA). Más de cien hermanos indígenas murieron, de acuerdo a la información brindado por los líderes comunales. La incapacidad de aplicar –la variable étnica en el conteo de fallecidos– en forma oportuna y extendida propició la minimización del etnocidio. Murieron porque no pudieron recibir atención médica ni información básica sobre medidas preventivas, porque no pudieron conseguir medicina, oxigeno ni otros pertrechos necesarios. Frente a la grave vulneración del derecho a la salud pública, ORPIO interpone una acción de amparo (23/7/20), cuya fundamentación dice:
“Ante la lentitud e indiferencia de las autoridades del Gobierno para atender de manera inmediata y efectiva a las comunidades indígenas victimas del COVID19 en Loreto, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) decidió junto al Instituto de Defensa Legal (IDL) interponer una demanda constitucional de amparo en contra del propio Estado para proteger la vida de las comunidades indígenas”. “Esta demanda se dirige principalmente al Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Loreto por no proteger apropiadamente a los pueblos indígenas amazónicos de la región de Loreto frente al COVID-19”. http://www.orpio.org.pe/?p=1961
Actualmente, las comunidades indígenas están desprovistos de capacidades necesarias para afrontar los impactos de la nueva variante del virus. Hubieran estado en mejores condiciones si el Estado (DIRESA-L, PCM y MINSA) hubiesen acogido e implementado la propuesta de los pueblos indígenas basado en el Sistema de Promotores de Salud Indígena (SPSI). Esta plataforma de atención primaria, intercultural y pertinente se hubiera complementado perfectamente con el plan de asistencia médica itinerante (brigadas) y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) Aéreas y fluviales, ejecutado por el MIDIS. El problema es que los “especialistas” del Estado hicieron prevalecer estrictamente el sentido de la palabra “itinerante”. Las brigadas de salud realizan dos raudos viajes en tres meses, en promedio. Van y regresan sin dejar asegurado las provisiones de medicinas y equipos de bioseguridad en los centros de salud y mucho peor en las comunidades más alejadas. Las PIAS fluviales llegan hasta donde la profundidad del agua le permite. Después que las brigadas y las PIAS regresan, retorna en las comunidades la realidad de la indefensión, la escasez de servicios de salud, la zozobra por falta de información y la muerte.
Desde diciembre del año pasado no salió ninguna brigada ni las PIAS. La nueva variante se está diseminando con rapidez y la terquedad y la miopía del Estado persiste. Las comunidades indígenas volvieron a presentar la propuesta SPSI y otras acciones orientado a salvar la vida de la población más vulnerable.
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