Indemnización social y política por la masacre en el Putumayo.
La historia registra uno de los deplorables momentos que vivió la humanidad; en tanto se ha levantado el odio y el salvajismo contra el derecho a la vida de habitantes originarios de la selva peruana. Algunas veces, el despertar de la razón ha inventado la realidad en permisión de la literatura ofuscadora y asistida por la avidez de los operadores de la economía de mercado, por la administración de justicia de la época del caucho en el Perú; así como de los defensores del arbitraje de la iglesia católica que propició aquellos crímenes en un territorio que estuvo en litigio entre Perú y Colombia en el año 1912.
Actualmente, los incriminados individual y directamente están muertos: Julio C. Arana, mercaderes, gobernantes, operadores de justicia y ortodoxos de antaño; el proceso judicial interpuesto por el periodista peruano Benjamín Saldaña Roca en el año 1907 está caducado, según la ‘voz del pueblo’ los expedientes que descansaba en los archivos del poder judicial de Loreto fueron incinerados en la revuelta social contra el ex presidente Fujimori en el año 2001.
Sin embargo, sobrevive el sistema económico y político basado en el liberalismo, neoliberalismo y otro análogo; legado de dominio de la aristocracia durante los 186 años de vida republicana del país. Sobrevive, también, los modos y formas de gobierno caracterizado por la represión, exclusión social – política, discriminación y sometimiento que abate sistemáticamente la moral y la esperanza de vida de los pueblos que la colonia humilló.
Asimismo, está vigente la búsqueda de la impecabilidad personal e institucional entre la notoriedad de las inculpaciones; en este mecanismo censurable por todo flanco están los vástagos habituales de Julio C. Arana y los fieles pasivos al positivismo de la iglesia católica.
Entonces, al conmemorarse el centenario de la masacre de la población indígena en la cuenca del río putumayo, el próximo 09 de agosto en la localidad de El Estrecho, las autoridades del distrito acordaron desarrollar acciones relacionados con la remembranza; con la finalidad de revivir voces moribundas y coexistir con la esencia de las voces sobrevivientes.
Sin embargo, pienso que debemos ir más allá de la evocación fúnebre y la expresión de valores culturales autóctonas. Se debe declarar como principio de vida digna la indemnización y reconciliación entre el sistema económico – político vigente (Estado) y los sobrevivientes de la masacre (pueblos indígenas) perpetrado por el sistema económico – político vigente. Cuya indemnización constituye una decisión del estado orientado a reducir la pobreza y mejorar la autoestima de los pueblos de una forma programada y efectiva. Cuya reconciliación no es si no la determinación para reconocer la complicidad y jurar no volver al pasado vergonzoso.
La historia registra uno de los deplorables momentos que vivió la humanidad; en tanto se ha levantado el odio y el salvajismo contra el derecho a la vida de habitantes originarios de la selva peruana. Algunas veces, el despertar de la razón ha inventado la realidad en permisión de la literatura ofuscadora y asistida por la avidez de los operadores de la economía de mercado, por la administración de justicia de la época del caucho en el Perú; así como de los defensores del arbitraje de la iglesia católica que propició aquellos crímenes en un territorio que estuvo en litigio entre Perú y Colombia en el año 1912.
Actualmente, los incriminados individual y directamente están muertos: Julio C. Arana, mercaderes, gobernantes, operadores de justicia y ortodoxos de antaño; el proceso judicial interpuesto por el periodista peruano Benjamín Saldaña Roca en el año 1907 está caducado, según la ‘voz del pueblo’ los expedientes que descansaba en los archivos del poder judicial de Loreto fueron incinerados en la revuelta social contra el ex presidente Fujimori en el año 2001.
Sin embargo, sobrevive el sistema económico y político basado en el liberalismo, neoliberalismo y otro análogo; legado de dominio de la aristocracia durante los 186 años de vida republicana del país. Sobrevive, también, los modos y formas de gobierno caracterizado por la represión, exclusión social – política, discriminación y sometimiento que abate sistemáticamente la moral y la esperanza de vida de los pueblos que la colonia humilló.
Asimismo, está vigente la búsqueda de la impecabilidad personal e institucional entre la notoriedad de las inculpaciones; en este mecanismo censurable por todo flanco están los vástagos habituales de Julio C. Arana y los fieles pasivos al positivismo de la iglesia católica.
Entonces, al conmemorarse el centenario de la masacre de la población indígena en la cuenca del río putumayo, el próximo 09 de agosto en la localidad de El Estrecho, las autoridades del distrito acordaron desarrollar acciones relacionados con la remembranza; con la finalidad de revivir voces moribundas y coexistir con la esencia de las voces sobrevivientes.
Sin embargo, pienso que debemos ir más allá de la evocación fúnebre y la expresión de valores culturales autóctonas. Se debe declarar como principio de vida digna la indemnización y reconciliación entre el sistema económico – político vigente (Estado) y los sobrevivientes de la masacre (pueblos indígenas) perpetrado por el sistema económico – político vigente. Cuya indemnización constituye una decisión del estado orientado a reducir la pobreza y mejorar la autoestima de los pueblos de una forma programada y efectiva. Cuya reconciliación no es si no la determinación para reconocer la complicidad y jurar no volver al pasado vergonzoso.
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