El ejecutivo presentó al Congreso
de la República, últimamente, dos proyectos de ley destinado a minimizar las
facultades de control y sanción que aún tiene el Ministerio del Ambiente en
materia de su competencia. Los proyectos de ley (Ley N° 03626 y N° 03627)
confirma la consumación de la cualidad utilitarista del Estado peruano por
encima del privilegio del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la
persona humana y de la mirada alta que habría de mantenerse respecto al
aprovechamiento de la diversidad biológica, que constituye la principal
fortaleza –según la FAO más de mil millones de personas en el mundo depende del
bosque para su sustento. Ciento de millones de personas utiliza medicinas
tradicionales extraídas del bosque. El bosque proporciona más de una quinta
parte del consumo necesario de proteínas– de los países emergentes e
industrializados. Estos proyectos de ley
descubre la empatía del Estado peruano con la renuencia que los países
industrializados actúan en los esfuerzos de alcanzar acuerdos globales orientados
a prevenir y reducir el cambio climático –en la COP19 de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, EE.UU rechazó el concepto de responsabilidad histórica
por emisiones contaminantes en comparsa con los intereses mezquinos con ribete
cortoplacistas de los países industrializados– y cuestiona la seriedad y
calidad del anfitrión de la COP20 (Perú 2014).
El nuevo boom petrolero de Loreto
labró el camino de la segunda más grande explotación que se abre voraz ante el
descontento de los pueblos indígenas de la cuenca del Napo y Curaray, cuyos
congéneres de la cuenca del Tigre, Morona, Pastaza, Corrientes y Marañón han
sido convertidos en parias después de más de 40 años de actividad petrolera, y
la contaminación de las principales fuentes de subsistencia (agua y especies)
aceleró el propósito conspirativo que el Estado y las empresas petroleras
habían planeado. Pues, la innecesaria división y la conformación de pequeños
bloques reivindicativos y constructivos (social, político y económico) al
interior del movimiento indígena amazónico en agravio de los beneficios comunes
que suscita o suscitó siempre la convergencia y la unidad, así lo están demostrando.
Y en efecto, se abrió el lomo de la autonomía ancestral para dar paso a la dependencia
y mendicidad, a la inmediatez y ambigüedad de la esperanza de obtener resultados
concretos y necesarios para ir disminuyendo la humareda de un encubierto y
sistemático oprobio.
La negativa del Estado (Gobierno
Regional de Loreto y Gobierno Central) de atender integralmente las demandas de
los pueblos indígenas que habitan las cuencas del Tigre, Pastaza, Marañón y
Corrientes (declarados recientemente en “movilización permanente y pacífica”) evidencia
un temerario giro hacia el utilitarismo contumaz. Pues, la terquedad del Estado
de persistir en el error de extraer recursos naturales a expensas del
sufrimiento y empobrecimiento de los nativos sin planes aprobados ni normativas
vinculantes abstrae algún tipo de voluntad política a corto plazo. La Mesa de
Diálogo instalado en Iquitos por el Estrado y las organizaciones indígenas de
las cuencas mencionadas constituye, hasta ahora, la vía formal por donde el gobierno
central llevará inevitablemente a las organizaciones involucradas. Mientras que
el Gobierno Regional de Loreto procura bajar la efervescencia del descontento
del pueblo y ningunear el ritmo de las luchas y movilizaciones mediante la
pertinencia y superficialidad de sus programas sociales y otras formas de
asistencialismo.
Quizá el camino del diálogo podría
brindar mejores oportunidades para concretar proyectos duraderos que busque
devolver la autonomía de los pueblos indígenas de la zona, articulado con
idoneidad a un sistema técnico de desarrollo propio; a partir del avance mutuo
sobre acuerdos y una hoja de ruta de financiamiento, administración, evaluación
y rendición de cuentas (así se podría evitar lo que pasó con el proyecto
PEPISCO). O quizá el camino de la “movilización permanente y pacífica” podría
generar un punto muerto favorable al desinterés del Estado en materia ambiental
y de derechos de los pueblos indígenas.
El crecimiento económico, la
modernización social, la industrialización responsable del país y el
crecimiento de las rentas personales es muy importante, pero también es
importante mantener el capital (persona, agua y tierra) saludable y que siga
proveyendo todas las riquezas hasta ahora conocido, para el bien de la nación.
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