“Malos pasos”

El gobierno peruano se encuentra actualmente conminado por la codicia del empresariado nacional e internacional de mantener inalterado y copioso el modelo económico del país provisto de condiciones conducentes a la maximización de ganancias y a la flexibilización de la inversión privada a través del despojo de los derechos de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y otros cuerpos legales. El gobierno ha respondido con generosidad y agilidad la avidez del empresariado abriendo caminos legales proteccionistas de los intereses económicos (Ley 30230 y 30327) que en el campo de los hechos habría empezado ya a taladrar la fuente principal de vida de los pueblos indígenas: el territorio ancestral. El gobierno es el fornido centinela del empresariado voraz y es también el verdugo de su propia política que ha logrado implementar en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En virtud de esta ecuménica labor, desde el 5 de junio hasta el 17 de julio del año en curso el Ministerio del Ambiente ha recibido a nivel nacional opiniones y sugerencias para la propuesta de contribuciones en mitigación y adaptación.

También el gobierno nacional vigente ha logrado asociar, sin armonía y sin acierto, el plan de diversificación productiva y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las contradicciones más relevantes han reculado en el campo de la actividad petrolera ubicado en la cuenca del río Corrientes, Tigre, Pastaza, Chambira y Marañón. La extrema pobreza –producto de más de 40 años de contaminación petrolera, corrupción, egoísmo y soberbia de los gobernantes– que sobrecoge a los habitantes de las cuencas mencionadas hubiera alentado en el gobierno la voluntad de implementar actividades económicas alternativas que tuviera la dimensión y la coherencia de los problemas existentes. La diversificación productiva no encontró lugar para anidar esperanza siquiera en un terreno henchido de petróleo e impregnado de pobreza y sufrimiento, sino ha encolerizado y apuñalado derechos. Empero, la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas debeladas por la contaminación petrolera hubiera de pagarse con la cimentación y funcionamiento de una base productiva sostenible que reemplace a la dinastía del extractivismo criminal de esta parte del país y que permita el renacimiento de los derechos y de la frondosidad cultural.

El contenido del “acta histórico” firmado por las cuencas mencionadas –excepto la cuenca del río Tigre– es de verdad una obra del actual gobierno y de la contraparte indígena, es innegable. Pero, el “acta histórico” no ha sido diseñado para garantizar o sentar las bases de un desarrollo duradero y sin contaminación. Tanto es así que su cumplimiento real es todavía muy lento, incierto y no toca la médula espinal del problema (cómo actuará el concesionario del lote 192 durante 30 años más). Es decir, este gobierno no ha apostado por la atención de los derechos colectivos clave para el ejercicio de la autodeterminación y bienestar (titulación de los territorios ancestrales, medio ambiente saludable, seguridad alimentaria y el acceso a la educación de calidad escolar y superior) sino tratará de atender algunos problemas que también son importantes en el contexto.

El empresariado ha intimado al actual gobierno hasta el punto de crear un espiral de negación respecto del avance de los derechos colectivos. A fin de brindar solvencia a esta teoría es pertinente mencionar los siguientes casos: No hay avance claro respecto del plan de titulación de comunidades y titulación por pueblos indígenas, el Plan de Abandono del lote 1AB (actual lote 192) no ha superado las más de 150 observaciones, el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Programa de AIDESEP) no está insertado en la política del Estado a pesar de los esfuerzos desprendidos, la indemnización por los 40 años de contaminación en el lote 192 ha sido desoído, la solicitud de salvaguarda territorial a favor de los pueblos en aislamiento voluntario no ha sido atendido. El puente del proceso de consulta previa del lote 192 y del Proyecto Hidrovía Amazónica estaría adosado de “malos pasos” y debilitado deliberadamente por el gobierno nacional a escarnio de los pueblos involucrados en este proceso.

El gobierno puede reconsiderar y transparentar su postura sobre los derechos de los pueblos indígenas a través de respuestas efectivas y cuantificable en el campo de los hechos. El esfuerzo que hacen los pueblos indígenas es un esfuerzo que procura la paz, el desarrollo saludable y el bienestar común. No existió jamás algún proyecto separatista o alguna tendencia que amenace la gobernanza democrática del país sino la idea de contribuir con la prosperidad de la nación y del mundo, desde la convivencia fraternal y sin hambre, sin contaminación severa del medio ambiente y de los valores humanos, sin la manipulación de la pobreza en desmedro del mismo pobre.