La historia de la impunidad es extensa y dolorosa.

Las empresas que se han dedicado al aprovechamiento de los recursos naturales en la amazonia peruana en el último medio siglo tuvieron de tótem a la piedra angular de los patrones caucheros del siglo XVIII. Durante la época denominada el “boom de caucho” se echó abajo brutalmente los derechos humanos de los pueblos indígenas y se afianzó el sistema productivo forzado y de avidez a las ganancias impregnadas de menosprecio de la vida y la dignidad. Este perverso modelo fue adoptado consiguientemente por las compañías post periodo de la goma de shiringa. Entonces, fue arropado por normas altamente vulnerables, pensado y repensado por los operadores del Estado para proteger las prácticas criminales y socavar el derecho a la justicia social, ambiental, cultural y de bienestar de las comunidades relacionadas directa e indirectamente con el giro del negocio.

Ninguna ley en el Perú pudo hacer efectivo el pago de las multas impuestas a Pluspetrol. Según investigaciones realizadas por el portal MONGABAY, “Pluspetrol Norte tiene 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas impuestas por el OEFA, entre el 2011 y el 2021, por sus operaciones en el Lote 192 y el Lote 8. El monto total de las multas supera los 47 millones de dólares”. La historia de impunidad es extensa y dolorosa y que involucra a miles de personas con la salud deteriorada debido al consumo de fuentes contaminadas. Los pasivos ambientales no remediados constituyen –más de 2000 en los principales lotes explotados– focos permanentes de polución. Sumado a todo esto, la vida se vuelve cada día más difícil por el derrame de petróleo –500 derrames en los últimos 20 años– producido por la ruptura del vetusto Oleoducto Norperuano en sus distintos tramos. La compañía Petrotal operador del Lote 95 de Puinahua, en agosto del 2020, puso al descubierto la subrepticia crueldad legado de sus antepasados, urdió acaso un crimen de Estado induciendo a la policía a ametrallar el gentío que protestaba –en busca de mejores condiciones de vida en medio de la pandemia– en su patio principal, causando la muerte de tres indígenas y once heridos.

Estos daños monstruosos deberán ser estudiados rigorosamente a través de una comisión de la verdad, con la finalidad de cuantificar, reparar y conjurar peligros previsibles asociado a la explotación económica de los bienes comunes. Los pueblos indígenas afectadas por la actividad petrolera pidieron incansablemente este quehacer: “No solo por la contaminación de los territorios de los pueblos indígenas, sino también por haber afectado gravemente los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y sano”.

Siguiendo con el guion nos encontramos con el tortuoso periplo de las empresas madereras de Loreto. Durante mucho tiempo han sido proveído deliberadamente por madera de procedencia ilegal. Actuaron de fachada las concesiones forestales, empresas afines y con la participación de las autoridades corruptas “blanquearon” millonarios cargamentos extraídos de manera ilícita de zonas inhóspitas, donde el bosque todavía es virgen y es el hogar de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El juego sucio dio gigantescas ganancias económicas en agravio de los valores empresariales, del fraude fiscal, maltrato de los trabajadores, deforestación y falta de compromiso con los estándares sociales y ambientales.

Actualmente la industria petrolera y forestal de Loreto estás paralizadas. El Perú promueve, protege y brinda seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, entonces no es culpable el marco legal del estancamiento de los dos principales sectores que sostiene la dinámica económica de la región. El primero está cosechando los frutos amargos de la prolongada avidez de las ganancias descomunales en desmedro de los derechos humanos, de la biodiversidad y del  de los conflictos sociales en su zona de influencia.  El segundo está siendo engullido por la anaconda de dos cabezas: de la informalidad adrede y del saqueo de los recursos forestales.

Mientras tanto la economía negra del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras ponen en riesgo la vida de los que defienden su territorio y ensancha día a día el camino de la violencia y la muerte.

Preocupa mucho también el nacimiento de una tribu urbana que busca promover el alicaído desarrollo sostenible de la región Loreto, mediante el reimpulso del sector energético, forestal, infraestructura vial y conectividad digital. Ningún mortal podría estar en contra de esta importante propuesta si estuviera basado en los principios de gobernabilidad, diálogo intercultural y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y respeto del derecho al territorio ancestral. Sin embargo, desde su alumbramiento se ha dedicado –de sol a sol– a sembrar la narrativa del odio, la violencia y la infamia en el seno de los pueblos indígenas, urbanos y ribereños; con el propósito de socavar la propuesta de gobernanza propia y propiciar el retorno de las mismas prácticas que llevaron al borde del colapso a las principales actividades económicas de la región, en el último medio siglo.  

En campaña política: intentan manipular la conciencia del pueblo loretano.

Los líderes políticos quedaron sin argumentos después de haber fracasado en la conducción del Gobierno Regional de Loreto, en los últimos 20 años. Las principales propuestas utilizados en tiempo de campaña para persuadir al electorado han sido, en su momento, creíbles y decantaron a la mayoría.

Primero decían que Loreto no progresaba porque el centralismo era un parásito y que vivía a expensas de nuestra riqueza, entonces se echó a caminar la descentralización y la riqueza producida por la región y las competencias fueron manejados por las autoridades de turno hasta el día de hoy. Después sostenían que para relanzar la industria forestal era de vital importancia concesionar bosques primarios, entonces se entregaron 4 millones de hectáreas a empresarios conocidos y a cualquier otra persona allegado al círculo de poder regional y nacional de aquel momento. Las concesiones forestales –otorgadas hace 20 años– no cumplieron la función encomendada sino sucumbieron a la triquiñuela para no reforestar, “blanquear madera de origen ilegal”, permitir el cultivo de coca y otros males en agravio de su propio sector. Loreto está cada vez más pobre por falta de conectividad vial, empezaron a dar los primeros pasos para la construcción del tren Iquitos – Yurimaguas. Se gastó 100 millones de soles (27 millones de dólares) solo en estudios, nunca se vio un solo pedazo de riel ni vagón alguno. Inmediatamente pusieron énfasis en el proyecto de la carretera Iquitos – Santa María de Nanay – Doce de Octubre – Saramiriza, estimado en 7 mil millones de soles. Seguramente quedará en estudios como producto de la viveza criolla imperante.

Traté de mencionar los casos emblemáticos que conforman el monótono menú de las propuestas de la élite política loretana. Me estaba olvidando, decían también que Iquitos se iba a levantar como modelo de ciudad sostenible con prioridad en el cuidado del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. Se ejecutó, entonces, el megaproyecto de sistema de alcantarillado de más de 700 millones de soles. El bienestar prometido se inundó muchas veces en las aguas servidas, cada vez que llovía muy fuerte. Hay otros casos emparentados como la fraudulenta ciclovía y la arborización con maceteros de la ciudad de Iquitos.

Ninguna de estas propuestas de campaña convertidas en proyectos encaminados logró apuntalar o abrir el camino del desarrollo sostenible de la región Loreto. Las expectativas y la confianza de miles de loretanos quedaron atrapados en el manto de la mentira y el fracaso. En consecuencia, los aspirantes a la presidencia del Gobierno Regional de Loreto para el próximo periodo incluyeron en sus propuestas ´nuevos temas´ impregnados de falso patriotismo y amenaza a la soberanía, despreciable postura ideológica sobre los estándares nacionales y internaciones orientados a la protección de la vida de las personas más vulnerables y de su fuente de subsistencia. Por ejemplo, están tratando de endilgar – con descaro y desvergüenza descomunal– el aumento de la pobreza y el decaimiento de la actividad económica (forestal, hidrocarburos, comercio y otros sectores) al proceso de creación de las reservas indígenas para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), impulsado por ORPIO y AIDESEP de la mano con las comunidades indígenas ubicadas en los lugares más alejados.

Los PIACI, son hermanos que todavía no decidieron vivir como viven sus congéneres, en comunidades. Ellos son itinerantes, caminan dentro de un vasto territorio en busca de alimentos y huyen permanentemente de madereros, narcotraficantes, cazadores, exploradores y de otros peligros. El Estado tiene el derecho de protegerlos conforme a las leyes establecidas. Existe PIACI en Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay. El territorio que el Estado les concede a los PIACI para que vivan seguro seguirá siendo del Estado. No constituyen ninguna amenaza a la soberanía nacional, a la seguridad alimentaria ni son culpables del desgobierno prolongado de la región Loreto. Es abominable la deliberada acometida de la infame clase política –que actúa bajo la sombra del facistoide grupo autodenominado Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto– de usar a los PIACI en campaña política, despotricando y patrocinando su propalación para intentar manipular la conciencia de los electores del digno e inteligente pueblo Loretano.