La historia de la impunidad es extensa y dolorosa.

Las empresas que se han dedicado al aprovechamiento de los recursos naturales en la amazonia peruana en el último medio siglo tuvieron de tótem a la piedra angular de los patrones caucheros del siglo XVIII. Durante la época denominada el “boom de caucho” se echó abajo brutalmente los derechos humanos de los pueblos indígenas y se afianzó el sistema productivo forzado y de avidez a las ganancias impregnadas de menosprecio de la vida y la dignidad. Este perverso modelo fue adoptado consiguientemente por las compañías post periodo de la goma de shiringa. Entonces, fue arropado por normas altamente vulnerables, pensado y repensado por los operadores del Estado para proteger las prácticas criminales y socavar el derecho a la justicia social, ambiental, cultural y de bienestar de las comunidades relacionadas directa e indirectamente con el giro del negocio.

Ninguna ley en el Perú pudo hacer efectivo el pago de las multas impuestas a Pluspetrol. Según investigaciones realizadas por el portal MONGABAY, “Pluspetrol Norte tiene 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas impuestas por el OEFA, entre el 2011 y el 2021, por sus operaciones en el Lote 192 y el Lote 8. El monto total de las multas supera los 47 millones de dólares”. La historia de impunidad es extensa y dolorosa y que involucra a miles de personas con la salud deteriorada debido al consumo de fuentes contaminadas. Los pasivos ambientales no remediados constituyen –más de 2000 en los principales lotes explotados– focos permanentes de polución. Sumado a todo esto, la vida se vuelve cada día más difícil por el derrame de petróleo –500 derrames en los últimos 20 años– producido por la ruptura del vetusto Oleoducto Norperuano en sus distintos tramos. La compañía Petrotal operador del Lote 95 de Puinahua, en agosto del 2020, puso al descubierto la subrepticia crueldad legado de sus antepasados, urdió acaso un crimen de Estado induciendo a la policía a ametrallar el gentío que protestaba –en busca de mejores condiciones de vida en medio de la pandemia– en su patio principal, causando la muerte de tres indígenas y once heridos.

Estos daños monstruosos deberán ser estudiados rigorosamente a través de una comisión de la verdad, con la finalidad de cuantificar, reparar y conjurar peligros previsibles asociado a la explotación económica de los bienes comunes. Los pueblos indígenas afectadas por la actividad petrolera pidieron incansablemente este quehacer: “No solo por la contaminación de los territorios de los pueblos indígenas, sino también por haber afectado gravemente los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y sano”.

Siguiendo con el guion nos encontramos con el tortuoso periplo de las empresas madereras de Loreto. Durante mucho tiempo han sido proveído deliberadamente por madera de procedencia ilegal. Actuaron de fachada las concesiones forestales, empresas afines y con la participación de las autoridades corruptas “blanquearon” millonarios cargamentos extraídos de manera ilícita de zonas inhóspitas, donde el bosque todavía es virgen y es el hogar de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El juego sucio dio gigantescas ganancias económicas en agravio de los valores empresariales, del fraude fiscal, maltrato de los trabajadores, deforestación y falta de compromiso con los estándares sociales y ambientales.

Actualmente la industria petrolera y forestal de Loreto estás paralizadas. El Perú promueve, protege y brinda seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, entonces no es culpable el marco legal del estancamiento de los dos principales sectores que sostiene la dinámica económica de la región. El primero está cosechando los frutos amargos de la prolongada avidez de las ganancias descomunales en desmedro de los derechos humanos, de la biodiversidad y del  de los conflictos sociales en su zona de influencia.  El segundo está siendo engullido por la anaconda de dos cabezas: de la informalidad adrede y del saqueo de los recursos forestales.

Mientras tanto la economía negra del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras ponen en riesgo la vida de los que defienden su territorio y ensancha día a día el camino de la violencia y la muerte.

Preocupa mucho también el nacimiento de una tribu urbana que busca promover el alicaído desarrollo sostenible de la región Loreto, mediante el reimpulso del sector energético, forestal, infraestructura vial y conectividad digital. Ningún mortal podría estar en contra de esta importante propuesta si estuviera basado en los principios de gobernabilidad, diálogo intercultural y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y respeto del derecho al territorio ancestral. Sin embargo, desde su alumbramiento se ha dedicado –de sol a sol– a sembrar la narrativa del odio, la violencia y la infamia en el seno de los pueblos indígenas, urbanos y ribereños; con el propósito de socavar la propuesta de gobernanza propia y propiciar el retorno de las mismas prácticas que llevaron al borde del colapso a las principales actividades económicas de la región, en el último medio siglo.