En aumento: intención descubierta y encubierta de acabar con la protección indígena del bosque.

No será posible acabar con la protección indígena del bosque amazónico sin matar o sobornar a sus dirigentes. Esta sentencia contextual y macabra es muy bien conocido y aplicado por las organizaciones formales, también por el crimen organizado de los rubros de la explotación de los recursos naturales y tenencia de tierra. El tiempo así lo ha demostrado desde la época del caucho (1885 – 1915) hasta la vigente y descontrolada proliferación de la demanda de los productos maderables, minería aluvial, monocultivos y cultivos ilícitos. En 30 años que duró el auge de la goma de shiringa murieron más de 60 mil indígenas y en los últimos 10 años fueron asesinados 25 lideres defensores del territorio ancestral (08 de Ucayali, 06 de Junín, 01 de San Martin, 02 de Madre de Dios, 01 Loreto, 04 de Huánuco, 01 de Amazonas, 02 de Pasco. Fuente: SAAT/CIPTA/AIDESEP).

Luz Mery Añez, lideresa Yine de la comunidad Nueva Oceanía, ubicado en la zona alta del río Tahuamanu en Madre de Dios, narró de un hecho siniestro sucedido en este lugar. Entonces, los habitantes de esta comunidad habían viajado aguas abajo para celebrar el aniversario del Distrito el 7 de junio del año 2012. Discurría en paz los días deshabitado en la comunidad hasta que fue socavado por el incendio de 18 viviendas, la totalidad de los hogares y pertenencias de los humildes pobladores indígenas fueron convertido en ceniza. Nunca podría haber sido un hecho natural, las casas estaban separadas entre 30 metros y hasta más, no había ninguna posibilidad de que el fuego se expanda de un inmueble a otro.  No muy tarde se dio con la verdad. La empresa maderera Canales Tahuamanu – Catahua SAC habría urdido el desalmado y miserable percance. En consecuencia, el objetivo de escarmentar y arrodillar a la comunidad frente a la disputa de posesión ancestral del vasto territorio ha sido un fiasco. La concesión forestal de la empresa es reciente y se superpone al territorio originario del pueblo Yine y de los Mashco Piro, este último está todavía en situación de aislamiento voluntario. Si la razón y la verdad está de lado de Oceanía no es suficiente para que puedan vivir tranquilos, esta concesionaria seguirá lanzando dardos incendiarios, amenazando de muerte a sus líderes y acosándolos legalmente, hasta lograr eliminar este parapeto humano que impide el ingreso a los ricos territorios que habitan los Mashco Piro, aguas arriba del Tahuamanu.

El espíritu criminal y maquiavélico de Catahua SAC es análoga a las de otras firmas que utilizan el poder económico para salir libre de fundamentadas incriminaciones. Corrompen autoridades, dirigentes gremiales, líderes de opinión para allanar el terreno del saqueo, para legislar y sentenciar a favor de intereses que muchas veces causan la muerte y ponen en serio peligro la vida humana, la biodiversidad, la fuente de agua limpia y eleva la temperatura de los conflictos sociales.

Oceanía es un uno de los tantos casos que pone de manifiesto la intención descubierta y encubierta de acabar con la protección indígena del bosque. Sin embargo, los pueblos indígenas amazónicos no están dispuestos a ceder ante el dolor y la muerte sino robustecer el control del territorio proveedora de vida, cultura propia  y bienestar sostenible para nosotros y el mundo.

La historia de la impunidad es extensa y dolorosa.

Las empresas que se han dedicado al aprovechamiento de los recursos naturales en la amazonia peruana en el último medio siglo tuvieron de tótem a la piedra angular de los patrones caucheros del siglo XVIII. Durante la época denominada el “boom de caucho” se echó abajo brutalmente los derechos humanos de los pueblos indígenas y se afianzó el sistema productivo forzado y de avidez a las ganancias impregnadas de menosprecio de la vida y la dignidad. Este perverso modelo fue adoptado consiguientemente por las compañías post periodo de la goma de shiringa. Entonces, fue arropado por normas altamente vulnerables, pensado y repensado por los operadores del Estado para proteger las prácticas criminales y socavar el derecho a la justicia social, ambiental, cultural y de bienestar de las comunidades relacionadas directa e indirectamente con el giro del negocio.

Ninguna ley en el Perú pudo hacer efectivo el pago de las multas impuestas a Pluspetrol. Según investigaciones realizadas por el portal MONGABAY, “Pluspetrol Norte tiene 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas impuestas por el OEFA, entre el 2011 y el 2021, por sus operaciones en el Lote 192 y el Lote 8. El monto total de las multas supera los 47 millones de dólares”. La historia de impunidad es extensa y dolorosa y que involucra a miles de personas con la salud deteriorada debido al consumo de fuentes contaminadas. Los pasivos ambientales no remediados constituyen –más de 2000 en los principales lotes explotados– focos permanentes de polución. Sumado a todo esto, la vida se vuelve cada día más difícil por el derrame de petróleo –500 derrames en los últimos 20 años– producido por la ruptura del vetusto Oleoducto Norperuano en sus distintos tramos. La compañía Petrotal operador del Lote 95 de Puinahua, en agosto del 2020, puso al descubierto la subrepticia crueldad legado de sus antepasados, urdió acaso un crimen de Estado induciendo a la policía a ametrallar el gentío que protestaba –en busca de mejores condiciones de vida en medio de la pandemia– en su patio principal, causando la muerte de tres indígenas y once heridos.

Estos daños monstruosos deberán ser estudiados rigorosamente a través de una comisión de la verdad, con la finalidad de cuantificar, reparar y conjurar peligros previsibles asociado a la explotación económica de los bienes comunes. Los pueblos indígenas afectadas por la actividad petrolera pidieron incansablemente este quehacer: “No solo por la contaminación de los territorios de los pueblos indígenas, sino también por haber afectado gravemente los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y sano”.

Siguiendo con el guion nos encontramos con el tortuoso periplo de las empresas madereras de Loreto. Durante mucho tiempo han sido proveído deliberadamente por madera de procedencia ilegal. Actuaron de fachada las concesiones forestales, empresas afines y con la participación de las autoridades corruptas “blanquearon” millonarios cargamentos extraídos de manera ilícita de zonas inhóspitas, donde el bosque todavía es virgen y es el hogar de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El juego sucio dio gigantescas ganancias económicas en agravio de los valores empresariales, del fraude fiscal, maltrato de los trabajadores, deforestación y falta de compromiso con los estándares sociales y ambientales.

Actualmente la industria petrolera y forestal de Loreto estás paralizadas. El Perú promueve, protege y brinda seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, entonces no es culpable el marco legal del estancamiento de los dos principales sectores que sostiene la dinámica económica de la región. El primero está cosechando los frutos amargos de la prolongada avidez de las ganancias descomunales en desmedro de los derechos humanos, de la biodiversidad y del  de los conflictos sociales en su zona de influencia.  El segundo está siendo engullido por la anaconda de dos cabezas: de la informalidad adrede y del saqueo de los recursos forestales.

Mientras tanto la economía negra del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras ponen en riesgo la vida de los que defienden su territorio y ensancha día a día el camino de la violencia y la muerte.

Preocupa mucho también el nacimiento de una tribu urbana que busca promover el alicaído desarrollo sostenible de la región Loreto, mediante el reimpulso del sector energético, forestal, infraestructura vial y conectividad digital. Ningún mortal podría estar en contra de esta importante propuesta si estuviera basado en los principios de gobernabilidad, diálogo intercultural y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y respeto del derecho al territorio ancestral. Sin embargo, desde su alumbramiento se ha dedicado –de sol a sol– a sembrar la narrativa del odio, la violencia y la infamia en el seno de los pueblos indígenas, urbanos y ribereños; con el propósito de socavar la propuesta de gobernanza propia y propiciar el retorno de las mismas prácticas que llevaron al borde del colapso a las principales actividades económicas de la región, en el último medio siglo.  

En campaña política: intentan manipular la conciencia del pueblo loretano.

Los líderes políticos quedaron sin argumentos después de haber fracasado en la conducción del Gobierno Regional de Loreto, en los últimos 20 años. Las principales propuestas utilizados en tiempo de campaña para persuadir al electorado han sido, en su momento, creíbles y decantaron a la mayoría.

Primero decían que Loreto no progresaba porque el centralismo era un parásito y que vivía a expensas de nuestra riqueza, entonces se echó a caminar la descentralización y la riqueza producida por la región y las competencias fueron manejados por las autoridades de turno hasta el día de hoy. Después sostenían que para relanzar la industria forestal era de vital importancia concesionar bosques primarios, entonces se entregaron 4 millones de hectáreas a empresarios conocidos y a cualquier otra persona allegado al círculo de poder regional y nacional de aquel momento. Las concesiones forestales –otorgadas hace 20 años– no cumplieron la función encomendada sino sucumbieron a la triquiñuela para no reforestar, “blanquear madera de origen ilegal”, permitir el cultivo de coca y otros males en agravio de su propio sector. Loreto está cada vez más pobre por falta de conectividad vial, empezaron a dar los primeros pasos para la construcción del tren Iquitos – Yurimaguas. Se gastó 100 millones de soles (27 millones de dólares) solo en estudios, nunca se vio un solo pedazo de riel ni vagón alguno. Inmediatamente pusieron énfasis en el proyecto de la carretera Iquitos – Santa María de Nanay – Doce de Octubre – Saramiriza, estimado en 7 mil millones de soles. Seguramente quedará en estudios como producto de la viveza criolla imperante.

Traté de mencionar los casos emblemáticos que conforman el monótono menú de las propuestas de la élite política loretana. Me estaba olvidando, decían también que Iquitos se iba a levantar como modelo de ciudad sostenible con prioridad en el cuidado del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. Se ejecutó, entonces, el megaproyecto de sistema de alcantarillado de más de 700 millones de soles. El bienestar prometido se inundó muchas veces en las aguas servidas, cada vez que llovía muy fuerte. Hay otros casos emparentados como la fraudulenta ciclovía y la arborización con maceteros de la ciudad de Iquitos.

Ninguna de estas propuestas de campaña convertidas en proyectos encaminados logró apuntalar o abrir el camino del desarrollo sostenible de la región Loreto. Las expectativas y la confianza de miles de loretanos quedaron atrapados en el manto de la mentira y el fracaso. En consecuencia, los aspirantes a la presidencia del Gobierno Regional de Loreto para el próximo periodo incluyeron en sus propuestas ´nuevos temas´ impregnados de falso patriotismo y amenaza a la soberanía, despreciable postura ideológica sobre los estándares nacionales y internaciones orientados a la protección de la vida de las personas más vulnerables y de su fuente de subsistencia. Por ejemplo, están tratando de endilgar – con descaro y desvergüenza descomunal– el aumento de la pobreza y el decaimiento de la actividad económica (forestal, hidrocarburos, comercio y otros sectores) al proceso de creación de las reservas indígenas para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), impulsado por ORPIO y AIDESEP de la mano con las comunidades indígenas ubicadas en los lugares más alejados.

Los PIACI, son hermanos que todavía no decidieron vivir como viven sus congéneres, en comunidades. Ellos son itinerantes, caminan dentro de un vasto territorio en busca de alimentos y huyen permanentemente de madereros, narcotraficantes, cazadores, exploradores y de otros peligros. El Estado tiene el derecho de protegerlos conforme a las leyes establecidas. Existe PIACI en Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay. El territorio que el Estado les concede a los PIACI para que vivan seguro seguirá siendo del Estado. No constituyen ninguna amenaza a la soberanía nacional, a la seguridad alimentaria ni son culpables del desgobierno prolongado de la región Loreto. Es abominable la deliberada acometida de la infame clase política –que actúa bajo la sombra del facistoide grupo autodenominado Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto– de usar a los PIACI en campaña política, despotricando y patrocinando su propalación para intentar manipular la conciencia de los electores del digno e inteligente pueblo Loretano.  

Qué podemos hacer para frenar el asesinato de líderes indígenas.

 

Por: Jorge Pérez Rubio

http://irapay.blogspot.com

 

Los pueblos indígenas amazónicos están avanzando en el plan intestino de poner en marcha el “ejército indígena”, con el único objetivo de frenar el asesinato de líderes indígenas, perpetrado por las mafias relacionadas con el narcotráfico y traficantes de tierras. Nunca hubieran pensado en gatillar esta opción si el estado peruano estaría en el terreno de los hechos, ejerciendo el deber de garantizar la seguridad y la paz, trabajando juntos para aminorar la ausencia de oportunidades de bienestar, combatiendo con eficacia y transparencia el brote y rebrote de la corrupción que actúa como catalizador de las actividades ilegales. 17 líderes han sido muertos por las mafias organizadas, según el reporte actualizado del Centro de Información y Planificación Territorial de AIDESEP (CIPTA), en el periodo 2013 – 2021, (02 de Junín, 06 de Ucayali, 04 de Loreto, 02 de Cerro de Pasco, 01 de Amazonas, 01 de Huánuco, 01 de San Martin). En agosto del 2020 el Estado asesinó 03 indígenas Kukama que protestaban inermes –en medio del peor momento de la pandemia– en el frontis de zona industrial del Lote 95, explotado por Petrotal en Loreto. Brutal represión que podría quedar en la impunidad debido a la complicidad de la fiscalía y la impasibilidad de las instituciones públicas.  

“No tenemos otra forma de defendernos ante el aumento de amenazas y de asesinatos. Es el momento de actuar haciendo uso de nuestra capacidad de organización, nuestras armas tradicionales y domésticos. No podemos ir a cazar ni a pescar para alimentar a la familia, no podemos vigilar el territorio como lo hacíamos antes. Ellos llegan con armas de fuego y se quedan para cultivar coca. Ellos te piden ingresar ´a las buenas´, ellos matan para amedrentar y escarmentar, ellos dicen no temer a las fuerzas del orden. Dejando entrever que todo está arreglado o están bien pertrechados. Ellos logran sobornar a los malos dirigentes para escudarse y mimetizarse. Nosotros luchamos, en su momento, contra el terrorismo, con el mismo objetivo de defender la vida y recuperar la tranquilidad. En aquel entonces el Estado nos brindó armas y capacitación, esta vez esperamos la misma atención”.

Los pueblos indígenas están siendo atrapados por la telaraña de la muerte del narcotráfico, ante los oídos sordos del Estado, ante el desgano y el desinterés. Durante el mes de noviembre y de la primera semana de diciembre de este año, llegaron a Lima más de 50 líderes y lideresas para denunciar y pedir acciones concretas destinadas a poner coto a los sucesos de crímenes y ensañamiento. A pocos días de pasar al próximo año no se ha podido ser testigo de ninguna medida alentadora.

Las acciones planteadas al gobierno para evitar más muertes son: titulación de comunidades, desplazamiento de la fuerza del orden a los lugares ocupados por el narcotráfico y traficantes de tierras, investigación profunda sobre los asesinatos, erradicación de la corrupción enquistada en esta telaraña, incrementar el apoyo a las iniciativas económicas comunales y mejoramiento de los servicios básicos. Consiguientemente, la conformación legal e implementación del “ejército indígena”. El rápido funcionamiento del este órgano de seguridad propio habría de posicionarse en el infalible escenario de la disuasión. Es decir, podríamos ganar la guerra sin haberlas librado.

“Apu Jorge, hay muchos hermanos que abrieron las puertas al narcotráfico y callan por temor. Yo soy valiente, aunque me cueste la vida seguiré batallando, seguiré denunciando ante el Perú y el mundo. Tarde o temprano la paz volverá a nuestro territorio, a nuestras comunidades”.

Aún no logramos amanecer la palabra.

Nuestros abuelos decían que la palabra debería de amanecer. Decían que amanece en la cosecha abundante y saludable, en la construcción consistente y duradera de la maloca, en la hechura de finos y maravillosos tejidos, en la manifestación de una mente brillante, en la irrupción de un día de intenso verano en medio del prolongado invierno –necesario para salvar pichones de loros habladores–, en la ineficaz mordedura de serpiente en el alma de una niña, en la profusa reciprocidad del bosque y en la vida retozante de la fauna visible e invisible. Cuando la palabra amanece, decían, las ánimas ayudan en el éxito de la usanza de las plantas medicinales y de otros saberes que salvaguardan la salud y la armonía. Hasta que un día la palabra no amaneció feliz –entonces logramos comprender con el corazón y la razón que el mundo es un ser vivo y nosotros somos la criatura vital de esta cofradía, interactuamos en distintos idiomas y compartimos los mismos propósitos frente a la defensa de la vida– porque yacían enfermos los ríos, los animales y las personas. Si en el decurso del tiempo la palabra que dio origen a la existencia misma de todo ser vivo no amanece, el planeta sufrirá graves problemas de salud y no podrá brindar a sus congéneres de aquí y allá las provisiones imprescindibles.

Cómo pudiste viajar tan lejos en tan poco tiempo, allá al otro lado del río en tierras extranjeras. Cómo lo hiciste.

Simplemente hice amanecer la palabra del viento –contestó el abuelo–. Si logras hablar con el viento y obtienes su respeto y admiración te vuelves como él.  Entonces, adquieres la capacidad de desplazamiento por encima de esta tierra, de principio a fin. El cuerpo viaja en una cápsula o potente burbuja dirigido por el pensamiento. Al llegar al destino prescribe la imperceptible cámara de locomoción por sí misma, en el mismo instante de pisar suelo. Sin haber sufrido metamorfosis alguna estás expedito para desarrollar las actividades concebidas. Para retornar o ir a otro lugar, la palabra tiene que volver a amanecer, una y otra vez. Si la palabra del sol amanece en ti –obviamente a pedido suyo– eres visto por todos los animales como un ser incandescente, antropomorfo de fuego que ahuyenta las conspiraciones de fieras y aquelarres.

 

La sociedad del conocimiento técnico, científico, filosófico, artístico, humanístico – sociales y de la educación (enseñanza – aprendizaje) deberán reinventarse en el campo de las soluciones de los grandes problemas que confronta la humanidad. La transición del conocimiento basado en la generación de riqueza sin abordaje social, intercultural y ambiental hacia el conocimiento de contención de riesgos e impactos en la vida de las poblaciones más vulnerables, es el principal e infalible reto de estos tiempos. Las escuelas y casas de estudios superiores deberán hacer amanecer la palabra de la ciencia y la ética. Por un lado, es vital el descubrimiento de nuevas tecnologías alternativas para combatir las terribles enfermedades globales como la pandemia, la contaminación de las fuentes naturales y la degradación de los bosques y, por otro lado, es de vida y muerte el inmediato funcionamiento de escuelas de ética y virtud para graduarse en impulsores (con el ejemplo) del respeto mutuo, trasparencia de los quehaceres públicos, no discriminación y el amor al prójimo y otros valores desdibujados.

 

En la búsqueda de hacer amanecer la palabra del buen vivir, las organizaciones indígenas afilados a COICA suscribieron recientemente el documento LLAMADO URGENTE A UN PACTO GLOBAL PARA PROTEGER EL 80% DE LA AMAZONIA PARA EL 2025. En resumen, “Instamos a los países de la cuenca del Amazonas a declarar el estado de emergencia y detener de inmediato la expansión de actividades industriales destructivas, políticas gubernamentales y subsidios públicos dañinos que permiten una mayor destrucción de los bosques. El estado de emergencia abordaría los factores que impulsan la deforestación y, al mismo tiempo, dejaría espacio para el diseño y la implementación de estrategias dirigidas hacia un cambio transformador perdurable. Las naciones industrializadas deben reconocer su papel en el cambio climático y el rol trascendental de la Amazonía en la mitigación del mismo y canalizar todos los recursos necesarios para garantizar una transición justa para quienes habitamos el bioma y para sus propios ciudadanos. El momento para la acción es ahora”. Obviamente, defendiendo derechos y cultivando nuestros saberes ancestrales.

Cuando la terca miopía del Estado incrementa la muerte por COVID19

 “Todos los días mueren tres o más personas con síntomas de COVID19 en la localidad de Caballococha (triple frontera). Aquí no hay oxígeno ni atención médica suficiente. Los pacientes que están siendo evacuados se van a morir en Iquitos, debido al colapso de los hospitales”. Fragmento del audio de auxilio del apu, del pueblo Ticuna, Francisco Hernández Cayetano. Emitido el 8/2/21.

En el mes de mayo del año pasado, los pueblos indígenas organizados han presentado a la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA-L) y al Ministerio de Salud (MINSA), entre otras líneas de acción, la reactivación y funcionamiento del sistema de promotores de salud Indígena (SPSI), para hacer frente a la incursión del coronavirus en el territorio de los pueblos indígenas de la región Loreto. Esta propuesta no ha sido tomada en cuenta ni siquiera en el momento cuando la convalecencia y muerte de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos) estuvo en el nivel más alto. Entonces, ha sido trágica la consecuencia de la política de oídos sordos del Estado (DIRESA-L, PCM y MINSA). Más de cien hermanos indígenas murieron, de acuerdo a la información brindado por los líderes comunales. La incapacidad de aplicar –la variable étnica en el conteo de fallecidos– en forma oportuna y extendida propició la minimización del etnocidio. Murieron porque no pudieron recibir atención médica ni información básica sobre medidas preventivas, porque no pudieron conseguir medicina, oxigeno ni otros pertrechos necesarios.  Frente a la grave vulneración del derecho a la salud pública, ORPIO interpone una acción de amparo (23/7/20), cuya fundamentación dice:

“Ante la lentitud e indiferencia de las autoridades del Gobierno para atender de manera inmediata y efectiva a las comunidades indígenas victimas del COVID19 en Loreto, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) decidió junto al Instituto de Defensa Legal (IDL) interponer una demanda constitucional de amparo en contra del propio Estado para proteger la vida de las comunidades indígenas”. “Esta demanda se dirige principalmente al Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Loreto por no proteger apropiadamente a los pueblos indígenas amazónicos de la región de Loreto frente al COVID-19”. http://www.orpio.org.pe/?p=1961

Actualmente, las comunidades indígenas están desprovistos de capacidades necesarias para afrontar los impactos de la nueva variante del virus. Hubieran estado en mejores condiciones si el Estado (DIRESA-L, PCM y MINSA) hubiesen acogido e implementado la propuesta de los pueblos indígenas basado en el Sistema de Promotores de Salud Indígena (SPSI). Esta plataforma de atención primaria, intercultural y pertinente se hubiera complementado perfectamente con el plan de asistencia médica itinerante (brigadas) y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) Aéreas y fluviales, ejecutado por el MIDIS.  El problema es que los “especialistas” del Estado hicieron prevalecer estrictamente el sentido de la palabra “itinerante”.  Las brigadas de salud realizan dos raudos viajes en tres meses, en promedio. Van y regresan sin dejar asegurado las provisiones de medicinas y equipos de bioseguridad en los centros de salud y mucho peor en las comunidades más alejadas. Las PIAS fluviales llegan hasta donde la profundidad del agua le permite. Después que las brigadas y las PIAS regresan, retorna en las comunidades la realidad de la indefensión, la escasez de servicios de salud, la zozobra por falta de información y la muerte.

Desde diciembre del año pasado no salió ninguna brigada ni las PIAS. La nueva variante se está diseminando con rapidez y la terquedad y la miopía del Estado persiste. Las comunidades indígenas volvieron a presentar la propuesta SPSI y otras acciones orientado a salvar la vida de la población más vulnerable.

Loreto: La educación del pueblo y la seguridad alimentaria en grave riesgo.

Antes y durante la pandemia pude conversar con varios hermanos en la misma comunidad de origen, sobre temas de mayor interés y que les tiene muy preocupados y agobiados por la imposibilidad de encontrar respuesta confiable de los gobiernos locales y regional de Loreto. “Conversar con Elisban Ochoa es muy difícil. Intentamos varias veces sin éxito. No quiere escuchar a las comunidades”, se lamentaba –de la indiferencia del Gobernador de Loreto– un líder indígena de la cuenca alta del Putumayo.

Cada año egresan de la secundaria –de los territorios de los pueblos indígenas– muchos jóvenes que por falta de argumentos logísticos no logran emprender una carrera profesional. Esta comunidad de copiosa capacidad de aprendizaje y de abundante deseo de superación están siendo, ahora, aprovechado por mafias relacionados con el narcotráfico que logró penetrar sin mayor dificultad la selva noreste y parte del noroeste y de grupos armados ilícitos que operan, por ejemplo, en la frontera Perú – Colombia. Este escenario podría convertirse, en poco tiempo, en una máquina acelerada de tortura y muerte. Como la vorágine que se vivió en la época del caucho en esta misma tierra, donde la muerte ha sido total: la vida, cultura propia y la esperanza próxima de bienestar. Una parte pequeña de esta comunidad sale en busca de oportunidades: de empleo decente, de realizar estudios superiores con apoyo de alguna organización no gubernamental, entidad o amigos. Otros se quedan en casa. Labrando, cazando, pescando y defendiendo el territorio que le amamanta y ejerciendo los conocimientos ancestrales.

Los territorios ancestrales, territorios comunales titulados, áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, áreas privadas de conservación y las concesiones forestales están siendo agujereados por los cultivos ilícitos, por madereros ilegales que legalizan esta actividad con los papeles de los concesionarios y otros usuarios legales del bosque, cuya degradación masiva y profunda es inminente. Sin olvidar –porque está prohibido olvidar– que la contaminación de la actividad petrolera y el uso de productos tóxicos en la pesca artesanal socava severamente las bases de la seguridad alimentaria en corto plazo.

Las comunidades indígenas que conviven con las áreas naturales protegidas reclaman la presencia activa y productiva del Estado. “En el territorio donde vivían nuestros antepasados y nuestros abuelos ha sido establecido la Reserva Comunal Airo Pai. Nosotros así lo deseamos, nosotros le cuidamos. Pero, ahora nos dimos cuenta que el Estado o SERNANP no llega. No solamente se debe conservar las especies, también se debe atender las necesidades de las personas. Estamos preocupado por el deterioro de la atención médica, educación, comunicación, capacitación y no hay ninguna actividad generadora de economía sana”, dijo Anselmo Sandoval, presidente de la Organización Indígena Secoya del Perú - OISPE. “Mientras tanto, estamos siendo tentados para abrir nuestro bosque…”.

¿Qué piensan los líderes?

El Estado, en todos sus niveles, deberá actuar con prontitud a fin de avanzar en el desarrollo de la dignidad humana de las comunidades indígenas y asegurar el ejercicio de los derechos colectivos y fundamentales. El bosque nunca podrá representar nuestra esperanza de una vida sostenible local y global sin el bienestar de los que allí viven.