Yo lo he vivido

He vivido la infancia y gran parte de la adolescencia en El Estrecho. Comunidad fundada, en la orilla del río Putumayo, por mis antepasados murui muinane hace más de medio siglo. Tengo reciente en mi memoria la abundancia de alimentos que proveía el río, cochas, quebradas y del bosque traían consigo carne fresca, abundante leña y frutos que mis papilas gustativas extrañan a menudo. Los conocimientos de los pueblos originarios de este lugar ayudaban a la comunidad a permanecer en el prolífico camino del bienestar duradero. 

En más de 1200 kilómetro de largo del río en territorio peruano, en los años 80, la única escuela secundaria conocida estaba ubicado en el Estrecho, en la mitad de la cuenca. La mayoría de padres hacían largos viajes llevando a sus hijos a la escuela. A veces dos, uno para ir y otro para regresar con los párvulos a casa. Íbamos a estudiar sin zapatos, sin uniforme, con un lápiz y un cuaderno. No era obligatorio. Algunos libros nos hacían descubrir que no éramos los únicos individuos en este mundo y que en otras latitudes existían países y ciudades con rascacielos, avances importantes y culturas diferentes. Los niños y jóvenes que provenían del interior de la cuenca sufrían mucho más de los que vivían en la Comunidad. No tenían asegurado la alimentación diaria, no tenían vivienda ni custodia oportuna y responsable. La reciprocidad de los anfitriones originarios era insuficiente frente a la progresión aritmética de la colectividad estudiantil.

Los frutos nunca han sido del todo muy dulces. Menos de la mitad lograban terminar la secundaria, esta población seguían los pasos de sus padres combinando una formación básica de las ciencias y las artes occidentales con la horticultura y otras prácticas tradicionales. Un puñado lograron salir más allá del territorio ancestral para estudiar alguna carrera profesional, muchos no volvieron. No hubiera sido posible hablar de estas hazañas sin la ayuda, digno de ensalzar, que recibimos de Dios a través de los misioneros y misioneras cristianas que se han asentado en el lugar en los tiempos fundacionales. La cofradía ayudó, en aquel entonces, con liderar la educación en la zona –incluyó también la donación de útiles escolares, tutoría y otros pertrechos en nombre de los santos evangelios–. Desde hace muchos años hasta el día de hoy viene siendo liderado por la hermana María Guadalupe del Buen Pastor. 

Esta pequeña narrativa nos dice que el periplo de los pueblos indígenas –que viven según el INEI en la condición de extrema pobreza– hacia el horizonte del bienestar vernacular o buen vivir a la luz del avance de las ciencias y las artes globalizadas definitivamente necesita de un punto de apoyo, necesita de un apuntalamiento. La guerra que el mundo le ha declarado al calentamiento global y los ingentes recursos económicos que viene siendo destinado en su primera fase no debe dejar de financiar el desarrollo humano y social de los pueblos indígenas y ribereños. Necesitamos urgentemente de un ejército propio no solamente para sostener proyectos conservacionistas sino para la defensa del bosque con un enfoque de territorio frente a la deforestación, degradación, contaminación, tráfico de tierras para ser convertidos en predios privados y luego en monocultivos.

Sin embargo, sin la presencia preponderante, concreta y transparente del Estado en este escenario no habrá delectación sino decepción.

Estela de muerte de las inversiones en Loreto

El Estado peruano nunca ha sido amigable con la milenaria vocación de los pueblos indígenas de defender el territorio ancestral para garantizar la vida y reproducir la cultura propia. El odio y la barbarie más dolorosa después de la vorágine del caucho (final del siglo XIX e inicio del siglo XX) ha sido perpetrado –por la represión más brutal– en la curva del diablo (Bagua, 5 de junio 2009). Estos dos luctuosos acontecimientos demuestran que si el Estado podría hacerlo ya hubiera aniquilado a los pueblos indígenas amazónicos para hacerse libremente y sin obstáculos de los recursos naturales. Aunque los pueblos indígenas estuvieron siempre de pie el saqueo de la amazonía no se ha detenido en ningún momento, dejando a su paso una estela de muerte que ha dado origen al fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de nuevos liderazgos para defender los derechos colectivos y fundamentales e inmortalizar la grandeza de la historia de los pueblos. Entonces, nació también la Ley de Consulta Previa con el objetivo de poner fin a la escalada de los conflictos sociales y armonizar el ejercicio de los derechos colectivos con las prioridades de los proyectos de inversión a través de la generación de acuerdos resultantes del diálogo y el consentimiento.

El desarrollo de la Ley de Consulta Previa, la vigencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas y tratados –de los cuales el Perú es signatario– no han logrado frenar el atropello de los derechos colectivos y fundamentales. La hegemonía del poder económico ha dictado a los operadores del legislativo y ejecutivo diversos mecanismos orientados a flexibilizar o debilitar el rol de las instituciones públicas en materia de fiscalización, sanción y tutela de las salvaguardas sociales y ambientales (instituidos para proteger derechos y frenar el cambio climático). Desde entonces, el Estado está siendo arrastrado por el liberalismo cerril, radical y beligerante.

Los hechos que sostienen nuestra observación están relacionados principalmente con la implementación y encaminamiento de proyectos extractivos (principalmente petróleo), construcción de la carretera Iquitos – Saramiriza, Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos, monocultivo (Grupo Melka), Hidrovía Amazónica, tráfico de tierras –miles de hectáreas de bosques de producción permanente se superponen a territorios ancestrales impidiendo la frontera de posesión– y la creación de parques nacionales o figuras similares de conservación sobre territorios ancestrales en agravio de la calidad de subsistencia de las poblaciones indígenas (Caso Parque Nacional Yaguas). 

La ausencia de un plan de remediación total de más de 190 puntos contaminados (identificados por OEFA) en el Lote 8 y Lote 192, la falta de acciones concretas sobre la demanda de compensación de daños a través de obras sociales y productivas, la demora de la reparación integral del Oleoducto Norperuano y la desatención inmediata con agua limpia para la población afectada por el derrame frecuente de petróleo constituye un vergonzoso monumento de la impunidad, engaño, codicia y aislamiento. La carretera Iquitos – Saramiriza ha sido impulsado por la pasión que el actual presidente de la república dice sentir por Loreto mas no por la urgente necesidad de levantar la capacidad de los deslucidos sectores productivos de la región. En consecuencia, Loreto podría convertirse en una réplica de la nefasta situación social y ambiental que ha llevado consigo la Interoceánica Sur (Madre de Dios). El proyecto Hidrovía Amazónica ha de definir su continuidad en lo que el EIA-d pueda dilucidar –en un proceso de consulta previa– respecto de los temores de los pueblos indígenas que se cierne sobre la dinámica de los ríos y la reproducción de las pesquerías que viene alimentando a miles de personas durante miles de años. Mientras tanto ORPIO ha presentado una solicitud de nulidad de la Resolución Directoral que aprueba el Plan de Participación Ciudadana del EIA-d por no haber considerado los acuerdos de la consulta previa para esta etapa.

Según los expertos el Proyecto Línea de Transmisión Moyobamba Iquitos no es la única alternativa para proveer la energía que se necesita. Con 499 millones de dólares que cuesta este proyecto se podría construir varios parques generadores de energía renovable (principalmente solar). La Sociedad Peruana de Energía Renovable sostiene que el Perú tiene abundantes condiciones y el MEM ha creado un marco normativo (DL 1002, 2008) promotor de las energías renovables no convencionales (RER). “El 45% de la energía proviene de fuentes renovables en Brasil y en el 2020 varios países de la UE prohibirán el consumo de energía generado por combustibles fósiles” por contaminar el medio ambiente. En el Perú existe hoy 4 parques eólicos en operación.

Las autoridades de Loreto deben planificar el desarrollo de Loreto de la mano con la sociedad civil a fin de lograr la sostenibilidad que todos esperamos.

Amenaza de muerte de la Ley de Consulta Previa en el Perú

Dos acontecimientos recientes evidencian el curso soterrado del gobierno actual de acabar con el cumplimiento de la Ley N° 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Perú es signatario desde el año 1995.

Primero, la falta de voluntad de llevar adelante la consulta del nuevo contrato de explotación del Lote 192. El agotamiento de la frontera de la exigencia se ha trasladado al terreno de la protesta indefinida de los hermanos indígenas que se han visto afectado por más de 40 años. Segundo, el día de ayer el ejecutivo oficializó la Ley 30670, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la Carretera Iquitos-Saramiriza para su interconexión con la costa norte. La ruta de la carretera comprende Iquitos-Santa María de Nanay-12 de Octubre-Andoas-Saramiriza.

La promulgación de esta Ley desnuda los planes del gobierno de conceder favores a las empresas dedicadas a las actividades extractivas en Loreto donde no hay ni siquiera una zonificación participativa que hubiera permitido conocer y encontrar solución a los problemas de superposición de títulos habilitantes con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Una hendidura sinuosa en la selva desde Iquitos a Saramiriza, sin duda alguna, traerá consigo los mismos males (minería informal, deforestación, trata de personas, narcotráfico que vendrá junto a asesinatos, secuestros, corrupción, tráfico de tierras y otros) que padece la selva y sus habitantes relacionados directamente con la carretera Interoceánica Sur, en Madre de Dios y la Marginal de la Selva, en el Huallaga Central. Asimismo, con esta Ley el Estado ha fijado el terreno para no hacer caminar el cumplimiento de la Ley del derecho a la consulta previa sino hacer prevalecer el artilugio político y la falacia denominado “necesidad pública e interés nacional”. Pues, no representa el interés ni la necesidad de los que viven en el lugar. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “la objeción para no aplicar un derecho fundamental porque retardan o alejan las inversiones es inválida, insuficiente y errada, pues solo con reglas claras y transparentes, basadas en el respeto al estado democrático de derecho, se podrán desarrollar actividades productivas sin los conflictos sociales, que conllevan pérdidas humanas y económicas”.

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que el Estado peruano está obligado a llevar adelante y constituye el gesto democrático más importante de respeto de los derechos humanos que el mundo hasta el día de hoy no ha dejado de defender y proteger. Cómo piensa el Perú formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y qué logros el mundo podrá ver en las vitrinas del bicentenario, después de tanto revés y contradicciones. 

La carretera Iquitos – Saramiriza pasando por las entrañas de la selva virgen y por el hogar de miles de familias indígenas podría ser viable si se pone en marcha un proceso de diálogo que venga acompañado de un conjunto de medidas que asegure los derechos colectivos, deforestación cero, control contra las actividades ilícitas y protección de la diversidad biológica.

Las contradicciones dolorosas del Estado

El enfoque moderno de la comunidad internacional, sin duda alguna, sobre la conservación sostenible de la diversidad biológica en la amazonía no es posible sin el respeto de los derechos colectivos y de los valores culturales de los pueblos indígenas que coexisten con el bosque – decenas de millones de años– en una dualidad histórica, abundante y dinámica. La tesis ha sido comprobada por la comunidad académica y científica en el esfuerzo común de salvar el futuro climático de la tierra.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), plataforma científica de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  reconoce la eficacia de los conocimientos de los pueblos indígenas y el ejercicio de la visión holística para arrostrar el cambio climático a través de la práctica de la horticultura tradicional rotativa – sustentable desde la mirada alimentaria y ecológica–, saneamiento físico legal del territorio ancestral y la valoración adecuada de los beneficios más allá del carbono, tal como como lo plantea AIDESEP en la propuesta REDD Indígena Amazónico (RIA).

El Acuerdo de Paris (2015), en el artículo 7,  respecto de la adaptación al cambio climático, afirma la necesidad de un enfoque participativo, transparente, con perspectiva de género, basado en la ciencia y en los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y sistemas de conocimiento locales. En relación a estos procesos globales el Perú se ha comprometido a reducir hasta el 30% de emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) al 2030. En consecuencia se están desarrollando proyectos destinados a cumplir la meta en la amazonía peruana.

Los párrafos anteriores dan cuenta de la relación y evolución de los compromisos de los Estados de llevar adelante una agenda muy bien diseñada para retornar al seno de un clima habitable, mediante la convivencia respetuosa –académica, tecnológica, espiritual y política– con el bosque que constituye el único y frágil hogar de los pueblos indígenas.  

Frente a este paradigma global de respeto de derechos, desprendimiento de capacidades y búsqueda de sinergia para cumplir la meta de Paris es inconcebible que en el Perú los pueblos indígenas amazónicos tengan que sufrir los golpes de una prolongada indiferencia y actitud irrespetuosa del Estado: compromisos incumplidos de remediación de los territorios contaminados por la actividad petrolera en la zona del Tigre, Corrientes, Chambira y Marañón profundiza cada día más la situación de extrema pobreza en las cuencas,  debido a la ausencia de agua limpia para el consumo y escasez de alimentos proveídos por los ríos, cochas y quebradas. La entrega de concesiones forestales, petroleras y otros derechos privados sobre territorios ancestrales en menoscabo del usufructo de sobrevivencia de los pueblos indígenas y de los que viven en situación de aislamiento voluntario. 

Recientemente, el proceso de consulta de categorización de la Zona Reservada Yaguas ha puesto al descubierto los hilos que mueven las extremidades del Sernanp (Organismo dependiente del Ministerio del Ambiente del Perú). Actuando como marioneta y en complicidad con otros mecenas del conservacionismo internacional fundamentalista –cuya ideología concibe a la persona humana como un medio para lograr la protección prioritaria de los bosques y las especies– han logrado adoptar acuerdos para el establecimiento de un Parque Nacional sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas Yagua, Huitoto, Bora y Ocaina que viven en la frontera con Colombia. Durante el proceso de consulta una mujer indígena había manifestado –no sabía que delataría la viveza criolla y demagogia encaminada– al auditorio que el Sernanp y la  ONG que lo auspicia en el terreno habían ofrecido puestos de trabajo y electrificación de comunidades involucrados en el proceso a cambio de apoyo de la propuesta de Parque Nacional. En consecuencia, cuatro comunidades que hacen uso directo del territorio ancestral plantearon una contrapropuesta para la creación de una Reserva Comunal parcial con el objetivo de participar en la conservación de la diversidad biológica y cultural y acabar con las actividades ilícitas de la zona.

Indudablemente, la tragedia de la Galería Nicolini que acabó con la vida de dos personas pobres del Perú es el reflejo fiel de la conducta diaria del Estado, de los políticos y de los gobiernos que se suceden sin tomar en cuenta los derechos de los más vulnerables.