21 derrames: presente y futuro.

Según la Dirección de Supervisión de la OEFA –en el último lustro– han ocurrido más de 20 derrames de crudo en la amazonía peruana. Los derrames –según el escrutinio basado en la experiencia cotidiana de la población indígena afectada– han sido originados por la ruptura del longevo Oleoducto Norperuano que padeció en su estructura los graves impactos de la obsolescencia y falta de mantenimiento durante y después del esplendor de la actividad petrolera (45 años). El Oleoducto Norperuano ha sido usado con la avidez de la riqueza desbordante y fácil. Ni siquiera en compensación por los caudales amasados el Oleoducto había recibido los cuidados necesarios que podría haber evitado la imperante catástrofe ambiental y social que ha golpeado con dureza la vida integral de la población indígena circundante. Cuya secuela ha sobrepasado el umbral del sufrimiento humano y desconcertado el futuro del control de los derrames en retahíla. 

Petroperú –responsable del Oleoducto Norperuano– ha intentado desvergonzadamente hacerse a un lado –una vez más– sobre el origen del derrame de crudo de Chiriaco y Cashacaño. La dimensión de los derrames, la oportuna denuncia de las autoridades locales que tuvo resonancia en la prensa internacional y la enfática postura del Ministerio del Ambiente han torcido la legendaria falacia de Petroperú. En consecuencia, OEFA desempeñó sus funciones y exigió a Petroperú el mantenimiento del Oleoducto Norperuano en forma “efectiva, inmediata e integral”.

Los derrames –causado por el debilitamiento y ruptura del Oleoducto Norperuano– más letales que sobresalen en la línea de tiempo de la contaminación de la amazonía peruana se han dado en Cuninico (20 junio 2014) 1600 barriles, San Pedro (16 noviembre 2014) 7800 barriles, Chiriaco (25 enero 2016) 2000 barriles, Cashacaño (5 de febrero 2016) 1000 barriles. Otros incontables derrames que no han sido denunciados por las autoridades de las comunidades indígenas –por no haber podido recabar pruebas en el lugar de los hechos muchas veces parapetados por las empresas petroleras– no forman parte de ningún registro oficial y con lamentable despreocupación han sido ignoradas por las autoridades competentes del Estado. En consecuencia, la contaminación se ha extendido a través de la dinámica de las quebradas y ríos hasta comprometer también –quién sabe– la salud de la población urbana y semi-urbana de la Región Loreto. 

OEFA también ha exigido a Petroperú –en el contexto de los últimos derrames de crudo– la actualización del Plan de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) y la “elaboración de un cronograma de ejecución de las acciones de cumplimiento de la medida preventiva en un plazo máximo de 7 días”. AIDESEP y sus organizaciones, a respecto, han pedido participar del proceso de implementación de los instrumentos de gestión ambiental a fin de garantizar en su contenido el respeto de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas. Los puntos planteados a Petroperú están relacionados con la suspensión inmediata del bombeo de crudo, reparación del Oleoducto, sanción de los responsables del derrame, atención básica de la población afectada, remediación e indemnización conforme a las leyes vigentes. El petitorio incluye los casos de derrame de Cuninico y San Pedro, en la cuenca del Marañón. 

Hasta el día de hoy no hay un informe sobre el avance de las exigencias que OEFA hizo a Petroperú a través de la Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016. Según el DS 081-2007-EM OSINERGMIN tendrá un plazo máximo de diez (10) días para pronunciarse acerca de la propuesta técnica de reparación definitiva del ducto afectado por rotura o avería. Pues, el comportamiento de OEFA y OSINERMIN con las empresas petroleras y mineras que han infringido los estándares ambientales ha sido siempre condescendientes e encubridoras. Por ejemplo, las empresas extractivistas que han sido sancionadas no han pagado varias veces la multa, deliberadamente. Desde entonces, la impunidad se ha convertido en caldo de cultivo de la irresponsabilidad ambiental y del caos en agravio de los derechos de los pueblos indígenas.

El futuro es tenebroso, la probabilidad de un próximo desastre por derrame de petróleo es muy alto, tenemos que adelantar esfuerzos con denuedo y remontar la vorágine del Oleoducto Norperuano. Actualmente en Chiriaco y Cashacaño el Plan de Contingencia de Petroperú se viene implementado con lentitud. El agua para el consumo y la alimentación diaria de la población se encuentran gravemente afectadas.

Los problemas del ‘Chambira’

La cuenca del río Chambira está ubicado en el distrito de Urarina, provincia de Loreto, región Loreto – Perú. La cuenca está habitado en su mayor parte por indígenas Urarina. Existe actualmente en la cuenca aproximadamente tres mil habitantes. El flagelo de la pobreza y de extrema pobreza ha infligido su mayor castigo –en los últimos 40 años– en agravio de los derechos fundamentales y colectivos a partir de la extracción de petróleo en la cuenca y del alejamiento del Estado. Alrededor del Lote 8 –operado por Pluspetrol Norte S.A– abundan historias que dan cuenta de cómo la actividad petrolera ha ido convirtiendo la cultura tradicional del pueblo indígena Urarina en una censurable oportunidad lucrativa y de enormes ganancias a favor de las empresas petroleras mediante el vergonzoso régimen de conculcación y expropiación de derechos, del  incumplimiento de los estándares ambientales y sociales no fiscalizados ni por el Estado ni –por ignorancia de los impactos negativos de la industria del petróleo- por los Urarina. 

El Estado habría concedido con sigilo y sin anuencia a la Empresa petrolera del lote 8 –hace mucho tiempo y en la figura de una familia disfuncional– la función de promover el desarrollo de la cuenca del Chambira por razones, puedo inferir, geográfica –ubicado en lo más recóndito– y económica. Esta medida ha permitido al Estado eximirse del deber de atender las demandas del Chambira y ha propiciado la desastrosa huida del bienestar, dejando a su paso una insoportable estela de pobreza, dolor y sufrimiento.

Defensoría del Pueblo (Iquitos) ha visitado más de una vez la cuenca del Chambira en los últimos dos años y ha logrado identificar con claridad los macizos problemas que a diario carcome el futuro de la población indígena que vive en la cuenca desde tiempos antiguos. Los álgidos problemas han sido documentados y derivados a las instituciones públicas competentes con la finalidad de alentar el esfuerzo de llevar adelante la implementación de una agenda de desarrollo integral. Los informes de la Defensoría del Pueblo (Iquitos) sobre la situación social de la cuenca del Chambira aborda los graves problemas relacionados con el acceso a la educación escolar –En la cuenca funciona el Centro Rural de Formación en Alternanza de nivel secundaria, cuyo estándar de calidad podría estar arropado por el silencio o por la despreocupación. En el Centro Rural de Formación estudian solo dos mujeres del pueblo indígena Urarina sobrevivientes del estigma de la deserción escolar–, la escasa cobertura, efectividad de los servicios médicos y de los programas sociales, alto porcentaje de embarazos de adolescentes y la ausencia del RENIEC ha generado una reveladora población de indocumentados. La población de la cuenca del Chambira no está conectado con el flujo de embarcaciones de cargas y pasajeros que transitan por el río Marañón, en consecuencia, las posibilidades de contar con las más necesarias oportunidades de desarrollo humano es casi imposible. 

La cuenca del Chambira es un suburbio, es un tributario marginal del mapa de prioridades de la región Loreto y del país, es un gueto indígena que subsiste gracias a la profusión del bosque. Con la presentación del problema de conectividad cierra Defensoría su valioso informe sobre la cuenca.

El problema que la actividad petrolera ha causado sobre el núcleo de bienestar de la población del Chambira no ha sido tomado en cuenta por Defensoría del Pueblo (Iquitos). El 10 de marzo 2015 la Municipalidad Distrital de Urarinas a través de la Sub Gerencia de Asuntos Indígenas y Ambientales ha denunciado ante OEFA Loreto el hallazgo de petróleo esparcido en la Línea A del Oleoducto Corrientes – Saramuro, progresiva km 32 + 592 del Lote 8, operado por Pluspetrol Norte. La contaminación revelada corresponde al derrame ocurrido el 25 de febrero 2015 a raíz de la ruptura del ducto que muy pronto cumplirá medio siglo de antigüedad. En los últimos años –por la misma causa– ha habido más de una docena de derrame en agravio directo de la vida de la población de las comunidades Nueva Alianza, Nuevo Progreso, Nuevo San Juan, Ollanta y Nuevo Perú ubicadas en el río Patoyacu, afluente del Chambira. 

OEFA actúa en el escritorio y de conformidad con los reportes de campo de Pluspetrol Norte, cuya información necesaria para evitar y remediar los daños podría ser ineficaz e insuficiente. El Plan de Contingencia del Lote 8 no resiste los impredecibles y sucesivos derrames que se dan en la cuenca del Chambira. OEFA llega muy tarde y actúa en la ficción de un sistema de monitoreo ambiental serio e independiente.

Defensoría del Pueblo ha logrado despertar la atención de las principales instituciones públicas sobre los problemas de la cuenca del Chambira. Por ejemplo, el Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación concluye en la necesidad de “implementar un plan concertado multisectorial que permita atender con eficacia la situación de indefensión de la población indígena ubicada en la cuenca del río Chambira, que articule la participación de los tres niveles de gobierno, así como las instituciones públicas, privadas y sociedad civil; considerando como ejes transversales de intervención en salud, nutrición, educación y protección”. El siguiente paso ha de alumbrar sobre la voluntad política y el compromiso del Estado de luchar contra la pobreza y la exclusión.

ANP: Amenaza derechos fundamentales.

La exótica experiencia de las Áreas Naturales Protegidas ha ingresado progresivamente en el corazón de los pueblos indígenas amazónicos del Perú como propuesta de conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible a través de la gestión de categorías que confluyen en el objetivo de mantener vivo especies, hábitats y recursos genéticos compatibles con la economía de mercado. Es un retrógrado eufemismo la vigente consideración de la persona en la ruta de la conservación que no ha logrado evolucionar respecto de armonizar los derechos colectivos y fundamentales –Los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de los mosaicos de conservación han observado que la perspectiva de bienestar holístico se ha difuminado o ido más lejos– con el enfoque de desarrollo sostenible y con el principal Objetivo de Desarrollo del Milenio (2000 – 2015): erradicar el hambre y la pobreza. 

La dinámica de las Áreas Naturales Protegidas avanzó acorde con el objetivo de garantizar la sostenibilidad ambiental a través de un sistema subrepticio de conservadurismo integrista del bosque, auspiciado por los países industrializados de occidente. La rigidez de la postura que daña en el terreno de los hechos la relación ecológica con la persona habría permitido la reprobación de las prácticas tradicionales de horticultura –la quema de desmonte de las chacras ha sido incorporada también en el inventario de causas del efecto de invernadero, sin discriminar las bondades de las purmas y del cultivo de frutales con vida relativamente prolongada que actúan como alternativa para la recuperación de bosques vivos– que constituye la piedra angular de la alimentación de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables. 

Es incuestionable la buena noticia de que los territorios que se encuentran concebidos como Áreas Naturales Protegidas están siendo mejor conservadas y los agentes de deforestación y degradación no han podido impactar con alarmante magnitud.  Esta noticia alegra mucho a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero a la vez, entristece a los pueblos indígenas en cuyo antaño territorio ancestral pródigo de comida y otros bienes necesarios para el desarrollo humano la pobreza pisa el acelerador y se manifiesta en el descontento progresivo de la población. Vastos territorios ancestrales, en Loreto, han sido convertidos en Áreas Naturales Protegidas en las últimas dos décadas con el consentimiento rebatible o censurable de los pueblos indígenas. Los territorios que han sido, para sus habitantes, proveedores solidarios del pan de cada día y de la salud por miles de años están ahora siendo controlado por el Estado. Las restricciones de uso y aprovechamiento de los recursos que constituyen la fuente vital de subsistencia están forzando a los pueblos indígenas a formar parte –según la FAO– de los 800 millones de hambrientos que actualmente viven alrededor del mundo.

La vinculación de la pobreza y el hambre es una forma de definir o advertir la transición hacia el caos de la condición humana, situación grave que el Objetivo de Desarrollo del Milenio ha tomado en cuenta. El peor de los casos o quizá la categoría más inestable respecto de la gestión adecuada de la diversidad biológica –creada en el seno de los territorios ancestrales habitados por pueblos indígenas– son las denominadas Áreas de Conservación Regional (ACR). Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto no tiene interés de administrar las ACR que están a su cargo. El ACR Ampiyacu – Apayacu (creada en diciembre del 2010) no ha logrado ponderar las restricciones de uso y aprovechamiento local con el ejercicio de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas involucrados. Hoy en el ACR Ampiyacu – Apayacu los niños y las madres comen menos y la pobreza amenaza con profundizarse. Es muy necesario y urgente revisar los desafíos, evaluar la preocupaciones intestinas y dar solución a los problemas imperantes del Área.

Un niño mal alimentado no desarrolla en la escuela y en la sociedad capacidades requeridos para remontar los retos del futuro. Una madre mal alimentada alumbrará niños enfermizos. “La biodiversidad es esencial para erradicar la pobreza (Ban Ki – moon). “Es necesario de un sentido de solidaridad mundial para garantizar la seguridad alimentaria a todas las personas” (Papa Francisco). “Pueblos indígenas con derechos garantizan bosques vivos” – AIDESEP.

Andoas: guerra y paz

Los pueblos indígenas han heredado y practicado milenariamente la virtud de resolver las diferencias internas y con los pueblos vecinos a través del diálogo. El poder espiritual de las plantas medicinales como el tabaco, coca, toé y ayahuasca han hecho posible la transición de escenarios hostiles hacia prolongados periodos de entendimiento y construcción del bienestar común, a cuestas de líderes probos y con capacidades extraordinarias de hacer, como por ejemplo, que la abundancia de alimentos y razones cotidianas de vivir bien constituya el sino de una promisoria civilización amazónica. No obstante, se han librado innumerables y fatídicas guerras tradicionales entre pueblos indígenas originados por el desborde de la acción humana sobre la pertenencia territorial o por causa de una muerte espeluznante y cruel –sin haber quebrantado muchas veces la víctima el código de convivencia que el valor de la palabra ha encumbrado desde tiempos remotos– que uno hubiera perpetrado contra el miembro de otro territorio.

La decisión consensuada del pueblo Achuar y Quechua de la cuenca del río Corrientes y Pastaza que dio inicio a la última protesta pacífica que paralizó la producción de petróleo del lote 192 –70 mil barriles perdidos equivalente a 3,2 millones de dólares– durante 15 días, ha dado vida a la legendaria filosofía indígena de paz y guerra. Líderes, lideresas, niños, jóvenes y ancianos –bajo la sombra hospitalaria de los árboles del Pastaza y sobre la pista tomada del aeródromo de Andoas– en momentos pertinentes hacían sensatas evaluaciones de los hechos, contingencias y desafíos de la jornada de protesta. Hacían remembranza e inculcaban a la lealtad de la regla de convivencia en momentos donde la vida pendía de una maniobra del gobierno peruano –más de medio centenar de agentes de la DINOES fuertemente armados habían llegado a la zona– y de la salvaguarda de la infraestructura pública y privada. Los pueblos indígenas Achuar y Quechua que se habían movilizado en el lote 192 para exigir al gobierno una real apertura de diálogo y consenso para la atención concreta de las justas e históricas demandas, tenían claro que se estaba desarrollando una guerra contra la arrogancia, indiferencia lacerante, prejuicios urbanos, codicia criminal y contra el atasco aposta del Estado orientado a la asfixia de la agenda y de la capacidad de los pueblos indígenas de resistir la inducida fragmentación organizativa, la devastación del empobrecimiento, hacer visible los daños tapados, enfatizar en la remediación y compensaciones sociales y denunciar los graves impactos ambientales y sociales ocasionado por la actividad petrolera en los últimos 45 años. La guerra contra la desigualdad y el bienestar asociado con la paz ha sido defendida en la figura de un horizonte sagrado.

La claridad del realismo de la paz y bienestar que los pueblos indígenas sostienen en el lote 192 no está relacionado con el periodo post petrolero. El próximo periodo –libre de petróleo mal llevado– es concebido como una sucesión de momentos difíciles caracterizado por el incremento de la pobreza intrínsecamente vinculado con el hambre. La base de la seguridad alimentaria estropeada por la contaminación es actualmente el mayor peligro en curso y que no forma parte de ninguna iniciativa destinada a llevar adelante acciones definidas que permita remontar en un tiempo planificado la bulimia causado por el boom petrolero. Habrá importantes infraestructuras sociales –después de 75 años de irresponsable actividad petrolera– al servicio de gente hambrienta si desde la comunidad y las organizaciones indígenas no inician desde ahora el desarrollo de un proyecto alternativo y sostenible.

Durante el diálogo –realizado en Andoas entre líderes indígenas y funcionarios del Estado que estuvo liderado por el ministro Von Hesse el pasado 24 de septiembre en el fuerte militar Tnte. López– se han dado mensajes mutuos de trascendental contenido que pusieron en alto relieve la imposibilidad de lograr la paz y el bienestar mientras la brecha de la extrema pobreza avance aritméticamente, mientras perdure en la sangre del Estado el virus del olvido, el desentendimiento, el engaño respecto de la inclusión de los derechos colectivos en la política pública. Por ejemplo, el Apu de FEDIQUEP dijo que si no hubiéramos paralizado la producción de petróleo en el lote 192 no hubieran acudido al pedido de diálogo. Este mensaje trae a la memoria las palabras de Saramago: “pues desde la aurora del mundo siempre los incendios atrajeron a los hombres”.

Como abejas alrededor de una flor facundia de polen se mueven personas y empresas en el lote 192, de esta rebatiña los pueblos indígenas Achuar y Quechua del Corrientes y Pastaza deberán lograr, al final, un granero a prueba de cualquier adversa coyuntura o del espectro de otra guerra.

Lote 192: topos y artrópodos.

Después de 45 años de actividad petrolera en la cuenca del río Corrientes, Tigre y Pastaza el podrido barro de la contaminación expulsó a la intemperie algunos topos y artrópodos venenosos que han perpetrado el caos socio-ambiental y han acabado con vidas inocentes comparable en nuestra historia con la vorágine de la época del caucho. Los topos han llevado a cuestas el encargo –de las empresas petroleras en contubernio con los gobiernos– de sembrar y gestionar el desconcierto en el individuo, en la familia, en la organización y en la población que vive en la zona de actuación directa e indirecta del lote 192. Los resultados de la treta, de la manipulación de la información, del hambre y de las oportunidades locales se han evidenciado en las siguientes dimensiones: 1. El incremento de la pobreza relacionado directamente con la disminución de la cantidad y calidad del pan de cada día, 2. La implicancia de la emergencia sanitaria que consiste en la ausencia de agua limpia para el consumo, insuficiente atención médica contra las enfermedades que provienen de la polución y la falta de un diagnóstico toxicológico general en beneficio de las personas que podrían llevar metales pesados en la sangre, 3. La implicancia de la emergencia ambiental que pone sobre la mesa los registros de la catástrofe ambiental y biótica –más de 100 sitios pendientes de remediación según el Plan de Abandono del Lote 192 supervisado por la instituciones pertinentes–, 4. Debilitamiento de la fiscalización social a través de la sociedad civil organizada. Familias y comunidades indígenas confrontadas en beneficio de la negación y aislamiento de los gobiernos frente a la atención de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 5. Los topos y artrópodos siguen activos en el terreno de los hechos, no han ido con Pluspetrol y se han quedado como mercenarios al servicio del nuevo operador del lote 192 y del gobierno. 6. El territorio ancestral de los pueblos indígenas está quedando sin la bondad de proveer alimentación. Importantes extensiones han sido entregadas en servidumbre a las empresas petroleras.

Los operadores del caos en el lote 192 –ONG´s, funcionarios de los portafolios relacionados con la consulta previa y con la inversión pública, contratistas, consultores, seudos apus y devotos de la politiquería criolla y del romanticismo revolucionario que se han mimetizado en la lucha indígena con el objetivo de captar adeptos, votos y de paso llevarse el sombrero del convaleciente– habrían dicho al unísono al gobierno que los problemas en el lote 192 se había desbordado y que los pueblos indígenas organizados habrían tomado la decisión de poner fin a 45 años de zozobra y esclavitud encubierta, sin cerrar la puerta de la industria petrolera renovada en su compromiso de cumplir con los estándares ambientales y sociales. En realidad han estado diciendo la verdad. Desde el sábado 12 de este mes el 80% de las instalaciones productivas del lote 192 han sido paralizados por una plataforma social que ha iniciado una movilización pacífica e indefinida para exigir al gobierno la voluntad política de apuntalar el desarrollo en beneficio de los pueblos indígenas empobrecidos por la riqueza del petróleo.

El fracaso del proceso de la consulta previa del lote 192 puso al descubierto y confirmado el prolongado desinterés del gobierno de atender las demandas de los pueblos indígenas de forma concreta, medible e integral. El fracaso del diálogo ha demostrado que el gobierno, los topos y artrópodos han intentado estigmatizar el espíritu de la Consulta Previa para promover el revisionismo del marco legal y cotejar –con doble moral– sus aportes con el emprendimiento económico del país. Sin embargo, los pueblos indígenas herederos y labradores de la virtud del diálogo desde tiempos inmemorables –muchas veces con el soporte espiritual de las plantas medicinales– han dado paso a la presurosa medida de salvar el camino de la Consulta Previa a través del renacimiento de los mellados principios de buena fe, flexibilidad y ausencia de coacción o condicionamiento. No importa la conducta espuria del gobierno a respecto –dijeron los pueblos indígenas– pero nosotros seguiremos en la búsqueda del diálogo en medio del tumulto de los conflictos sociales que amenaza seriamente la identidad democrática del país.

El gobierno sabe que los problemas del lote 192 son graves. Los pueblos indígenas involucrados en Lote pueden caer en el colapso alimentario debido a la contaminación de las fuentes naturales de bienestar. La solución está en las manos del Estado. Para ello, tiene que ganar la batalla maquiavélica de los topos y artrópodos y presentarse con la verdad en la próxima jornada de diálogo.

“Malos pasos”

El gobierno peruano se encuentra actualmente conminado por la codicia del empresariado nacional e internacional de mantener inalterado y copioso el modelo económico del país provisto de condiciones conducentes a la maximización de ganancias y a la flexibilización de la inversión privada a través del despojo de los derechos de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y otros cuerpos legales. El gobierno ha respondido con generosidad y agilidad la avidez del empresariado abriendo caminos legales proteccionistas de los intereses económicos (Ley 30230 y 30327) que en el campo de los hechos habría empezado ya a taladrar la fuente principal de vida de los pueblos indígenas: el territorio ancestral. El gobierno es el fornido centinela del empresariado voraz y es también el verdugo de su propia política que ha logrado implementar en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En virtud de esta ecuménica labor, desde el 5 de junio hasta el 17 de julio del año en curso el Ministerio del Ambiente ha recibido a nivel nacional opiniones y sugerencias para la propuesta de contribuciones en mitigación y adaptación.

También el gobierno nacional vigente ha logrado asociar, sin armonía y sin acierto, el plan de diversificación productiva y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las contradicciones más relevantes han reculado en el campo de la actividad petrolera ubicado en la cuenca del río Corrientes, Tigre, Pastaza, Chambira y Marañón. La extrema pobreza –producto de más de 40 años de contaminación petrolera, corrupción, egoísmo y soberbia de los gobernantes– que sobrecoge a los habitantes de las cuencas mencionadas hubiera alentado en el gobierno la voluntad de implementar actividades económicas alternativas que tuviera la dimensión y la coherencia de los problemas existentes. La diversificación productiva no encontró lugar para anidar esperanza siquiera en un terreno henchido de petróleo e impregnado de pobreza y sufrimiento, sino ha encolerizado y apuñalado derechos. Empero, la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas debeladas por la contaminación petrolera hubiera de pagarse con la cimentación y funcionamiento de una base productiva sostenible que reemplace a la dinastía del extractivismo criminal de esta parte del país y que permita el renacimiento de los derechos y de la frondosidad cultural.

El contenido del “acta histórico” firmado por las cuencas mencionadas –excepto la cuenca del río Tigre– es de verdad una obra del actual gobierno y de la contraparte indígena, es innegable. Pero, el “acta histórico” no ha sido diseñado para garantizar o sentar las bases de un desarrollo duradero y sin contaminación. Tanto es así que su cumplimiento real es todavía muy lento, incierto y no toca la médula espinal del problema (cómo actuará el concesionario del lote 192 durante 30 años más). Es decir, este gobierno no ha apostado por la atención de los derechos colectivos clave para el ejercicio de la autodeterminación y bienestar (titulación de los territorios ancestrales, medio ambiente saludable, seguridad alimentaria y el acceso a la educación de calidad escolar y superior) sino tratará de atender algunos problemas que también son importantes en el contexto.

El empresariado ha intimado al actual gobierno hasta el punto de crear un espiral de negación respecto del avance de los derechos colectivos. A fin de brindar solvencia a esta teoría es pertinente mencionar los siguientes casos: No hay avance claro respecto del plan de titulación de comunidades y titulación por pueblos indígenas, el Plan de Abandono del lote 1AB (actual lote 192) no ha superado las más de 150 observaciones, el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Programa de AIDESEP) no está insertado en la política del Estado a pesar de los esfuerzos desprendidos, la indemnización por los 40 años de contaminación en el lote 192 ha sido desoído, la solicitud de salvaguarda territorial a favor de los pueblos en aislamiento voluntario no ha sido atendido. El puente del proceso de consulta previa del lote 192 y del Proyecto Hidrovía Amazónica estaría adosado de “malos pasos” y debilitado deliberadamente por el gobierno nacional a escarnio de los pueblos involucrados en este proceso.

El gobierno puede reconsiderar y transparentar su postura sobre los derechos de los pueblos indígenas a través de respuestas efectivas y cuantificable en el campo de los hechos. El esfuerzo que hacen los pueblos indígenas es un esfuerzo que procura la paz, el desarrollo saludable y el bienestar común. No existió jamás algún proyecto separatista o alguna tendencia que amenace la gobernanza democrática del país sino la idea de contribuir con la prosperidad de la nación y del mundo, desde la convivencia fraternal y sin hambre, sin contaminación severa del medio ambiente y de los valores humanos, sin la manipulación de la pobreza en desmedro del mismo pobre.