Machete de doble filo

Por: Jorge Pérez Rubio

http://irapay.blogspot.com

Hoy, apenas a lo lejos el flamante Presidente de la República del Perú habló de la cultura milenaria y su legendaria relación discrepante y enemiga con el Estado no ha sido acentuado en el discurso de toma de mando. El énfasis –sin importar el tamaño– habría dado cuenta de cómo el infierno de la pobreza ha empujado hacia la ignominia del oscurantismo y ha permitido la inoculación del virus que ha degenerado las principales fuentes de subsistencia de los pueblos indígenas; cuyo rostro cada vez se ve más difuminado en la lente de los gobiernos y el respeto de los derechos colectivos ha sido encapsulado y colocado en los anaqueles de las nimiedades.

Mucha gente que vive en el mundo urbano y coge con facilidad los frutos de la riqueza de la nación –que en el fondo es un asistencialismo disfrazado de oportunidades– cuestiona con dureza y escarnio la lucha de los pueblos indígenas que está basado en la defensa del territorio que constituye un legado vital, frágil y único medio proveedor de bienestar integral y generacional. El mundo capitalista ha entendido mejor –en la última década– que nuestros conterráneos la importancia de ponderar el desarrollo industrial con el desarrollo humano. En consecuencia, se han creado salvaguardas y estándares sociales y ambientales que se han  institucionalizado en las políticas de los Estados, empresas y organizaciones multilaterales. Entonces, el anuncio del flamante Presidente de la República de conectar la costa con Iquitos por tierra es un proyecto que colisiona con la tendencia global sobre la gestión los recursos de la amazonía y con los acuerdos que el Perú firmó en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático orientado a reducir la deforestación y degradación del bosque.

La necesidad de una vía segura de conectividad de Iquitos con la costa es tan imponente que se ha convertido en un monumento construido de expectativas y en una panacea que ha de convertir a Loreto en una eminencia del desarrollo –así andan diciendo los políticos sin mayor rigor de análisis de la propuesta– y del intercambio comercial. Una carretera no está asociado directamente con el respeto de los derechos colectivos y fundamentales, con el desarrollo de capacidades educativas, tecnológicas y tampoco con los valores humanos que nuestra región necesita para crear mejores condiciones de vida. Una carretera en la amazonía es un machete de doble filo que por un lado ha de facilitar el transporte, por otro lado podría propiciar la avalancha de actividades que podría traer nuevos problemas y profundizar lo existente en agravio de la población más vulnerable del planeta: los pueblos indígenas y el derecho al territorio saludable.

Frente al anuncio de escindir la amazonía es necesario e inevitable conformar un grupo de interés dinámico para analizar la viabilidad del proyecto de unir la costa con Iquitos por tierra, las consecuencias y otras opciones similares.

Cómo está nuestra casa

A pocos días de la investidura del próximo gobierno es importante reflexionar, mencionar experiencias, problemas y tomar posición sobre cómo pensamos actuar en los años venideros. Para ello es necesario saber cómo está la casa.

Categorías de conservación reducen derechos colectivos de los pueblos indígenas al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor para proteger, con incompatible y elevado fervor, los intereses de las empresas petroleras Pacific Stratus Energy (Lote 135) y Maple (Lote 31-B). Dentro del Lote 135 viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario –el Ministerio de Cultura ha opinado a favor de la existencia de estos pueblos que desde tiempos remotos han decidido vivir dentro del bosque primigenio y fuera de la sociedad globalizada– y para salvaguardar la vida y la cultura altamente vulnerable y frágil de los pueblos en aislamiento frente a las amenazas de la demanda extractivista las organizaciones indígenas han planteado la creación oficial de la Reserva Territorial Yavarí – Tapiche. En el contexto de la consulta para la elaboración del Plan Maestro del Parque se ha evidenciado una sofisticada tendencia que fortalece la zancada de la actividad petrolera promovido por el SERNANP en agravio de los derechos humanos.  Las organizaciones indígenas AIDESEP, ORPIO (Loreto) y ORAU (Ucayali) no han quedado impasible ante el ahondamiento del peligro y han presentado ante el Ministerio de Cultura una acción de cumplimiento, garantía constitucional que busca hacer cumplir las normas vigentes respecto de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

La oferta de los proyectos de inversión en el territorio que habitan los pueblos indígenas ha dado lugar al ejercicio de la ley del derecho de la consulta previa, cuyo proceso llevado a cabo en el seno de las comunidades involucradas ha hecho posible que el Estado pise con sus propias botas el cóctel de problemas antiguos y nuevos originados principalmente por la contaminación petrolera, la depredación de las especies, la corrupción y la insuficiente asistencia de los servicios básicos. El Estado ha intentado varias abandonar el abanico de los problemas para poner énfasis en el objetivo de lograr un acuerdo o consentimiento sobre proyectos de desarrollo nacional y regional. El atavismo pródigo de indiferencia y olvido del mundo rural ha estado demasiado vigente. Una mezcla de insistencia de las comunidades y la prioridad de implementación de los proyectos ha permitido la creación de mesas de desarrollo y grupos de trabajo orientados a atender las demandas básicas cuantificadas en el terreno. Las mesas y grupos de trabajo multisectorial han caminado demasiado lento que han de transitar –sin visos de continuidad– hacia el fuero del próximo gobierno. Como por ejemplo, la mesa de desarrollo de las cuatro cuencas y el grupo de trabajo del proyecto Hidrovía Amazónica.

El Proyecto Línea de Transmisión 220 Kv Moyobamba - Iquitos, es el monumento del subterfugio, de los intereses oscuros y de la viveza criolla elaborado con frescura por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para evadir el ejercicio de la ley de derecho de la consulta previa. Lo han negado varias veces a través de triviales argumentos. La Defensoría del Pueblo a través del OFICIO N° 055-2016-DP/AMASPPI, de fecha 03 de junio 2016, recomienda al MINEM realizar la consulta a los pueblos indígenas que se encuentran dentro del ámbito de influencia del Proyecto. Defensoría manifiesta que el Proyecto afectará derechos colectivos y no beneficiará así mismo a los pueblos indígenas de la zona. 

Los fondos provenientes de los acuerdos globales para reducir la deforestación y degradación, más conservación y manejo han generado una carrera hacia el acopio de vastas extensiones de bosques prístinos para la conversión de territorios ancestrales en Áreas Naturales Protegidas, con la mínima o indirecta participación de los pueblos indígenas. Esta tendencia amenaza seriamente el bienestar duradero de los pueblos empobrecidos de la amazonía peruana. Pues, la retribución por el stock de carbono acumulado ha de beneficiar a los titulares del polígono de conservación. 

Tenemos que poner sobre la mesa del próximo gobierno nuestra agenda basado en el desarrollo propio para su consideración, respecto y financiamiento. Hay problemas que no he mencionado –igual de grave– como el caso del Proyecto PTRT3 que procura reducir el derecho de territorio ancestral de los pueblos indígenas.

21 derrames: presente y futuro.

Según la Dirección de Supervisión de la OEFA –en el último lustro– han ocurrido más de 20 derrames de crudo en la amazonía peruana. Los derrames –según el escrutinio basado en la experiencia cotidiana de la población indígena afectada– han sido originados por la ruptura del longevo Oleoducto Norperuano que padeció en su estructura los graves impactos de la obsolescencia y falta de mantenimiento durante y después del esplendor de la actividad petrolera (45 años). El Oleoducto Norperuano ha sido usado con la avidez de la riqueza desbordante y fácil. Ni siquiera en compensación por los caudales amasados el Oleoducto había recibido los cuidados necesarios que podría haber evitado la imperante catástrofe ambiental y social que ha golpeado con dureza la vida integral de la población indígena circundante. Cuya secuela ha sobrepasado el umbral del sufrimiento humano y desconcertado el futuro del control de los derrames en retahíla. 

Petroperú –responsable del Oleoducto Norperuano– ha intentado desvergonzadamente hacerse a un lado –una vez más– sobre el origen del derrame de crudo de Chiriaco y Cashacaño. La dimensión de los derrames, la oportuna denuncia de las autoridades locales que tuvo resonancia en la prensa internacional y la enfática postura del Ministerio del Ambiente han torcido la legendaria falacia de Petroperú. En consecuencia, OEFA desempeñó sus funciones y exigió a Petroperú el mantenimiento del Oleoducto Norperuano en forma “efectiva, inmediata e integral”.

Los derrames –causado por el debilitamiento y ruptura del Oleoducto Norperuano– más letales que sobresalen en la línea de tiempo de la contaminación de la amazonía peruana se han dado en Cuninico (20 junio 2014) 1600 barriles, San Pedro (16 noviembre 2014) 7800 barriles, Chiriaco (25 enero 2016) 2000 barriles, Cashacaño (5 de febrero 2016) 1000 barriles. Otros incontables derrames que no han sido denunciados por las autoridades de las comunidades indígenas –por no haber podido recabar pruebas en el lugar de los hechos muchas veces parapetados por las empresas petroleras– no forman parte de ningún registro oficial y con lamentable despreocupación han sido ignoradas por las autoridades competentes del Estado. En consecuencia, la contaminación se ha extendido a través de la dinámica de las quebradas y ríos hasta comprometer también –quién sabe– la salud de la población urbana y semi-urbana de la Región Loreto. 

OEFA también ha exigido a Petroperú –en el contexto de los últimos derrames de crudo– la actualización del Plan de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) y la “elaboración de un cronograma de ejecución de las acciones de cumplimiento de la medida preventiva en un plazo máximo de 7 días”. AIDESEP y sus organizaciones, a respecto, han pedido participar del proceso de implementación de los instrumentos de gestión ambiental a fin de garantizar en su contenido el respeto de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas. Los puntos planteados a Petroperú están relacionados con la suspensión inmediata del bombeo de crudo, reparación del Oleoducto, sanción de los responsables del derrame, atención básica de la población afectada, remediación e indemnización conforme a las leyes vigentes. El petitorio incluye los casos de derrame de Cuninico y San Pedro, en la cuenca del Marañón. 

Hasta el día de hoy no hay un informe sobre el avance de las exigencias que OEFA hizo a Petroperú a través de la Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016. Según el DS 081-2007-EM OSINERGMIN tendrá un plazo máximo de diez (10) días para pronunciarse acerca de la propuesta técnica de reparación definitiva del ducto afectado por rotura o avería. Pues, el comportamiento de OEFA y OSINERMIN con las empresas petroleras y mineras que han infringido los estándares ambientales ha sido siempre condescendientes e encubridoras. Por ejemplo, las empresas extractivistas que han sido sancionadas no han pagado varias veces la multa, deliberadamente. Desde entonces, la impunidad se ha convertido en caldo de cultivo de la irresponsabilidad ambiental y del caos en agravio de los derechos de los pueblos indígenas.

El futuro es tenebroso, la probabilidad de un próximo desastre por derrame de petróleo es muy alto, tenemos que adelantar esfuerzos con denuedo y remontar la vorágine del Oleoducto Norperuano. Actualmente en Chiriaco y Cashacaño el Plan de Contingencia de Petroperú se viene implementado con lentitud. El agua para el consumo y la alimentación diaria de la población se encuentran gravemente afectadas.