Hacia el utilitarismo contumaz.

El ejecutivo presentó al Congreso de la República, últimamente, dos proyectos de ley destinado a minimizar las facultades de control y sanción que aún tiene el Ministerio del Ambiente en materia de su competencia. Los proyectos de ley (Ley N° 03626 y N° 03627) confirma la consumación de la cualidad utilitarista del Estado peruano por encima del privilegio del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la persona humana y de la mirada alta que habría de mantenerse respecto al aprovechamiento de la diversidad biológica, que constituye la principal fortaleza –según la FAO más de mil millones de personas en el mundo depende del bosque para su sustento. Ciento de millones de personas utiliza medicinas tradicionales extraídas del bosque. El bosque proporciona más de una quinta parte del consumo necesario de proteínas– de los países emergentes e industrializados.  Estos proyectos de ley descubre la empatía del Estado peruano con la renuencia que los países industrializados actúan en los esfuerzos de alcanzar acuerdos globales orientados a prevenir y reducir el cambio climático –en la COP19 de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, EE.UU rechazó el concepto de responsabilidad histórica por emisiones contaminantes en comparsa con los intereses mezquinos con ribete cortoplacistas de los países industrializados– y cuestiona la seriedad y calidad del anfitrión de la COP20 (Perú 2014).

El nuevo boom petrolero de Loreto labró el camino de la segunda más grande explotación que se abre voraz ante el descontento de los pueblos indígenas de la cuenca del Napo y Curaray, cuyos congéneres de la cuenca del Tigre, Morona, Pastaza, Corrientes y Marañón han sido convertidos en parias después de más de 40 años de actividad petrolera, y la contaminación de las principales fuentes de subsistencia (agua y especies) aceleró el propósito conspirativo que el Estado y las empresas petroleras habían planeado. Pues, la innecesaria división y la conformación de pequeños bloques reivindicativos y constructivos (social, político y económico) al interior del movimiento indígena amazónico en agravio de los beneficios comunes que suscita o suscitó siempre la convergencia y la unidad, así lo están demostrando. Y en efecto, se abrió el lomo de la autonomía ancestral para dar paso a la dependencia y mendicidad, a la inmediatez y ambigüedad de la esperanza de obtener resultados concretos y necesarios para ir disminuyendo la humareda de un encubierto y sistemático oprobio.

La negativa del Estado (Gobierno Regional de Loreto y Gobierno Central) de atender integralmente las demandas de los pueblos indígenas que habitan las cuencas del Tigre, Pastaza, Marañón y Corrientes (declarados recientemente en “movilización permanente y pacífica”) evidencia un temerario giro hacia el utilitarismo contumaz. Pues, la terquedad del Estado de persistir en el error de extraer recursos naturales a expensas del sufrimiento y empobrecimiento de los nativos sin planes aprobados ni normativas vinculantes abstrae algún tipo de voluntad política a corto plazo. La Mesa de Diálogo instalado en Iquitos por el Estrado y las organizaciones indígenas de las cuencas mencionadas constituye, hasta ahora, la vía formal por donde el gobierno central llevará inevitablemente a las organizaciones involucradas. Mientras que el Gobierno Regional de Loreto procura bajar la efervescencia del descontento del pueblo y ningunear el ritmo de las luchas y movilizaciones mediante la pertinencia y superficialidad de sus programas sociales y otras formas de asistencialismo.  

Quizá el camino del diálogo podría brindar mejores oportunidades para concretar proyectos duraderos que busque devolver la autonomía de los pueblos indígenas de la zona, articulado con idoneidad a un sistema técnico de desarrollo propio; a partir del avance mutuo sobre acuerdos y una hoja de ruta de financiamiento, administración, evaluación y rendición de cuentas (así se podría evitar lo que pasó con el proyecto PEPISCO). O quizá el camino de la “movilización permanente y pacífica” podría generar un punto muerto favorable al desinterés del Estado en materia ambiental y de derechos de los pueblos indígenas.

El crecimiento económico, la modernización social, la industrialización responsable del país y el crecimiento de las rentas personales es muy importante, pero también es importante mantener el capital (persona, agua y tierra) saludable y que siga proveyendo todas las riquezas hasta ahora conocido, para el bien de la nación.