La virtud de la estructura.

Recientemente el actual presidente del Gobierno Regional de Loreto había virado su destino hacia otra zona que no había sido lo que horas antes dijo –en el fuero oficial–  que había decidido ir inmediatamente a la zona del río Tigre con la finalidad de contribuir desde su competencia con la solución de un intermitente conflicto social cuya antigua matriz se alimenta de la más repudiable y cuestionada conducta de la industria del petróleo, perpetrado impunemente en la región Loreto (Perú). Los pobladores movilizados estuvieron esperando al presidente regional en la Comunidad Nativa Remanente (río Tigre) y no llegó al lugar sino, inopinadamente, desvió su itinerario hacia el río Corrientes –donde también adoptaron medidas de fuerza por causas relacionado con la contaminación del petróleo que implica la vulneración de derechos colectivos y fundamentales– generando malestar en la población que esperaba de la más alta autoridad una actuación coherente y responsable.

Más tarde cuando la necesidad de respuesta pública del mandatario regional se volvía imperante –a través de una radio local– dijo que decidió no ir a la zona del río Tigre “porque el señor Fachín (estudiante indígena de derecho de la UNAP, coordinador de FEDIQUEC y presidente de la Organización de Estudiantes de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana – OEPIAP) no es dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del río Tigre – FECONAT y yo respeto la institucionalidad”, concluyó enfáticamente. Es verdad que el mencionado señor no es dirigente de FECONAT y había estado en la zona a solicitud y en solidaridad de los apus locales en gesta. Pero lo que el presidente regional ignoraba o quizá lo dijo por conveniencia o resonancia es que los conflictos sociales acontecidos en la zona de influencia de la actividad petrolera en Loreto descendieron de la pirámide organizacional de los pueblos indígenas hasta el primer nivel y sub nivel que corresponde a la jurisdicción comunitaria y al dominio individual respectivamente. Este nivel del conflicto social –en las “cuatro cuencas”– es el efecto de una cruzada sistemática que la empresa petrolera y el Estado impulsó con la introducción de un código de relacionamiento o negociación injusta y astuta –a través de sus autoridades, líderes y personas con sentido crítico– en la comunidad o comunidades ubicadas dentro de su influencia directa. Es decir, la empresa petrolera y el Estado han conspirado –en los últimos 15 años– contra la virtud de la estructura organizativa, creando facciones orgánicas que involucra, por ejemplo, el nivel comunal (Comunidad Remanente), local (FECONAT), regional (ORPIO), nacional (AIDESEP) e internacional (COICA). En consecuencia, el relacionamiento de los Pueblos Indígenas con la empresa y el Estado, la naturaleza y solución duradera de los conflictos sociales ya no depende exclusivamente de los dirigentes de los niveles superiores de la pirámide organizativa sino del seno mismo de la comunidad y de la jerarquía del individuo (comunero).

Respecto de esta premisa podría haber posturas distintas y legítimas si tomamos en cuenta el concepto de poder que tiene el pueblo para decidir en la conformación de cualquier organización o nación. Empero, si un pueblo no pudo romper la cadena de la sumisión y del oscurantismo el poder popular pierde su filo y su brillo se difumina con melancolía.    

Entonces, la declaración del presidente regional de Loreto estuvo ubicado lejos de alguna propuesta favorable al interés positivo de la zona convulsionada y de la región y hubo semejanza con el talante de un incipiente pirómano. Pues, la atmósfera del conflicto social aumentó de temperatura, se agudizó y discurre por un lecho artificial construido con el fin de mantener activo una forma de relacionamiento comunitario que se empeña en sucumbir la fortaleza del movimiento indígena y allanar el camino de la actividad petrolera sin el cumplimiento de los altos estándares ambientales y sociales. Por ejemplo, unos días después del desvarío llegó el presidente regional a la zona del Tigre, arribo interpretado como un gesto de resarcimiento moral, y con propuestas que va de la mano con las millonarias y conocidas ofertas de la PCM que son traídos a la mesa de diálogo en tiempo de cólera. Una vez más las demandas comunitarias han sido tomadas en cuenta, pero las mayores demandas –remediación, indemnización de los daños ambientales y sociales, compensaciones, mejora de la práctica en la explotación de petróleo y el encaminamiento de un plan de desarrollo integral– siguen siendo postergadas o simplemente quedó oculta bajo una fina capa de arena que el viento del escrutinio local volverá a revelar.   

La solución del problema –origen principal de los conflictos sociales en esta parte del Perú– originado por la mala práctica de la empresa petrolera en Loreto deberá pasar inexorablemente por la revitalización de la virtud de la estructura organizativa –competencias, capacidades y roles– de los principales actores involucrados en este negocio: Pueblos Indígenas, Estado y empresa petrolera. El funcionamiento responsable y permanente de una mesa ejecutiva de tres bandas ha de tener como deber principal el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales existentes para estos fines.

Escribí esta nota motivado in situ por la hospitalidad, prodigalidad cultural y abundancia de recursos naturales que de hecho ha de asegurar durante mucho tiempo la autonomía alimentaria y el bienestar integral de la Comunidad Matsés Buenas Lomas Antigua, ubicado en la cabecera de la quebrada Chobayacu, Distrito de Yaquerana. Esta riquísima tierra, con agua limpia y sueños promisorios ha sido lotizado por el Estado para fines de explotación de petróleo. El pueblo Matsés decidió mantenerse lejos –por tiempo indeterminado– de un monstruo que tiene más de mil cabezas.