El Estado no ha dejado de apuntar
con el fusil de la represión a los pueblos indígenas empobrecidos de la
amazonia peruana. La trágica experiencia del 5 de junio de 2009, en Bagua,
había alumbrado normas legales y reflexiones que estuvieron destinados a privilegiar
el diálogo por encima de la abominable lógica del etnocidio. De este infame atavismo
que procura sin descaro acabar con la vida de miles de indígenas –descendientes
de los que han sobrevivido de la vorágine de las reducciones religiosas y del
flagelo del caucho– que viven de la prodigalidad del bosque el Estado no ha
logrado escabullirse hasta el día de hoy. Hace apenas unos días un campesino que
alzó su voz de protesta para defender la base del pan de cada día ha sido
muerto –en la mina Las Bambas– con bala de guerra por la Policía Nacional del
Perú. Otros fusiles apuntan a los indígenas que se han reunido en Saramurillo –desde
hace más de 40 días– en protesta contra la prolongada contaminación petrolera y
por la pobreza insostenible que carcome dolorosamente la expectativa de vida de
la mayoría de los pobladores de la cuenca del Marañón, Chambira, Tigre,
Corriente, Pastaza y Arabela.
No ha de pasar mucho tiempo para
que la arrogancia y la ferocidad del poder económico ordenen disparar a
quemarropa contra indígenas y coterráneos que gritan al mundo la presencia de
agua envenenada disponible en la fuente, peces inoculados de petróleo, enfermos
sin tratamiento médico, hijos desnutridos, ancianos desamparados, escuelas derrotadas
por el olvido. Como en la época de la conquista la biblia acompañaba a la
espada, hoy, la pólvora acompaña al diálogo. La razia con los pertrechos del
bicentenario podría echar por la borda –en cualquier momento– la miga de la cultura
de paz y diálogo que se mantiene viva en el regazo de los pueblos indígenas.
El Estado debería movilizar con
rapidez cualidades, dinamitar la innecesaria petulancia heredado del
colonialismo, respetar los derechos y la decisión de cómo piensa vivir cada pueblo
indígena para dar paso, luego en Saramurillo, a una política seria de atención
de los problemas sociales, remediación de daños ambientales perpetrado por más
40 años de irresponsable actividad petrolera y el encaminamiento de un plan que
garantice el no retorno del desempeño altamente tóxica de las empresas.
El diálogo –Estado y pueblos
indígenas– llevado adelante en los procesos de consulta previa en Loreto no ha
sido ninguno infructuoso sino que ha dado paso a los proyectos de inversión a
partir de la inclusión y búsqueda de solución de los problemas sociales
existente en las zonas de influencia. El cumplimiento de los acuerdos de la
agenda social no del todo está siendo atendido. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones ha firmado el compromiso –incumplido hasta el día de hoy– de
articular esfuerzos con los otros ministerios del ejecutivo a fin de atender la
demanda social generada en el marco del proceso de consulta de la Hidrovia
Amazónica. En consecuencia, tenemos otro problema que se ha de sumar al
descontento manifiesto.
Finalmente, el Gobierno Regional
de Loreto ha abandonado a su suerte a los pueblos indígenas y comunidades
movilizados en Saramurillo. Esta actitud del Gobernador de convertir en paria a
los hijos de esta tierra que pisan hoy la zona más contaminada del mundo, es
fratricida. No resiste a ningún análisis desde el punto de vista de los
derechos humanos y de hermandad.
