Cuestiones supranacionales del bosque.

Recientes publicaciones y análisis sobre la implicancia del bosque de la cuenca amazónica con los postulados del capitalismo introdujo, en la percepción de la ciudadanía indígena del Perú, elementos que ponen en duda la prolongada y enaltecida “filantropía” de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de agencias de cooperación de países desarrollados, que llevaron adelante proyectos de titulación de tierra de comunidades nativas y plantearon al Estado la creación de parques nacionales y reservas comunales con el habitual  objetivo de conservar la diversidad biológica y cultural  existente en bosques previamente estudiadas. Estas propuestas conservacionistas fueron “consentidos” por organizaciones indígenas de nivel nacional y local, motivado por la expectativa de tenencia de un mayor espacio territorial, aunque sin autonomía y con limitaciones compulsivas, que sea generoso al estatus socio-cultural propio, duradero y auto-sostenible de los pueblos originarios.

Sobre el reciente libro “Geopolítica de la Amazonía, Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista” del Vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, la agencia de noticias Bolpress mediante sucintas acotaciones logró destacar cuantiosos textos, de las cuales seleccioné algunos relacionados con nuestra realidad. “Podríamos decir que el sistema neoliberal periférico se configuró entre un Estado reducido en sus capacidades y su poder de intervención económica y cultural (procesos de privatización y “achicamiento”), ONG que lo reemplazaban en determinadas áreas (social, cultural, lucha contra la pobreza, pueblos indígenas, medio ambiente, etc.), y un sector económico privado extranjero, que se apropiaba de las riquezas públicas”. “En ese contexto, algunas ONG en el país han sido el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico (considerado propiedad extraterritorial de gobiernos y empresas extranjeras), creando de facto una nueva relación de privatización y extranjerización de los parques nacionales y las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control”. Las conclusiones que se exponen en estas frases desenredan los hilos que traban el acceso de la persona involucrada a un discernimiento que ayude a echar luz sobre los planes públicos y no públicos de las instituciones supranacionales que actúan en la temática ambiental del país. Pues bien, siendo inalcanzable los propósitos ocultos de un contubernio – si hubiera – no necesitamos escudriñar empeñosamente sino observar acuciosamente lo que ocurre, hoy, en el bosque de la amazonía peruana.

“La Amazonía peruana tiene alrededor de 78 millones de hectáreas, 47 millones de hectáreas (60%)” de ellas están concesionadas para fines de exploración y explotación de hidrocarburos. Importantes áreas naturales protegidas se encuentran bajo formas extractivas altamente incompatibles con el enfoque de protección “estricta” de las especies, inicialmente planteadas. En zonas de conservación denominadas de “uso indirecto” como los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos,  no se permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente natural, que pudieran impactar distintas cadenas tróficas con importante valor ecológico. Está permitido la “investigación científica” en estas zonas. En consecuencia, los pueblos indígenas y comunidades quedaron restringidos de realizar actividades ancestrales de subsistencia y territorios ancestrales han sido reducidos a geométricas propiedades comunales, indisponiendo procesos de crecimiento socio – cultural y el uso de los recursos naturales. En contra de los principios de conservación de la biodiversidad conocida por la sociedad, el Estado concedió licencia para la actividad petrolera en los siguientes lugares: Lote 135 de Pacific Stratus concesionado dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor (Loreto). Lote 39 de Repsol, Lote 67 de Perenco y Lote 129 de Burlington se sobreponen a la Reserva Nacional Pucacuro (Loreto). Lote 76 de Hunt Oil se ubica dentro de la Reserva Comunal Amarakaeri. Lote 116 de Maurel Et Prom Perú está sobrepuesto a la Zona Reservada Santiago Comaina. Lotes 123  y 129 de Gran Tierra se superponen al Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira y  a la Reserva Natural Pucacuro. Estas disidentes acciones ecológicas - extractivistas del Estado demuestran que las áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad serán convertidas en complejos petroleros vinculados con la demanda energética del capitalismo mundial. Pues, los pueblos indígenas y comunidades no tienen ni tendrán jurisdicciones formales para defender el bosque y poner a salvo de los graves riesgos de contaminación. 

“Según el Vicepresidente, el verdadero objetivo de la filantropía occidental fue conquistar territorios estratégicos y recursos de la biodiversidad (material genético, minerales, petróleo, gas…) a través de las ONG. Negociar con un pueblo indígena a través de una ONG local, financiada por otro país, es más fácil que establecer una relación de Estado a Estado. De otra manera (los países capitalistas desarrollados) tendrían que negociar, pactar o incluso enfrentar a otros Estados nacionales para conseguirlos”. Esta experiencia es posible en el Perú. Los proyectos de conservación con doble moral se han implementado sin la confrontación del Estado con otro Estado ni con las ONG. Algunos dirigentes indígenas de entonces y de hoy han sido y están siendo adoctrinados por ONG de diversas tendencias, a cambio de condescendencias pueriles, el verdadero sentido o interés de la intervención extranjera en la amazonía, aquello que se encamina subrepticiamente en agravio de la buena fe y el derecho de bienestar de los pueblos. El tema de la “investigación científica” permitido en las zonas de conservación es muy recurrente, cuya labor está relacionado con la ingeniería genética: prospección y análisis de muestras vegetales en laboratorios especializados, cuyos “principios activos” identificados y aplicados nunca significaron ganancias para el país y mucho menos para las fuentes sociales de origen.

“Las empresas extranjeras han creado una novísima modalidad de plusvalor: el plusvalor medioambiental en torno a la apropiación extraterritorial de la biodiversidad amazónica, que les permite subir sus tasas de ganancia sin necesidad de modificar el patrón técnico-productivo destructivo de la biodiversidad. En otras palabras, siguen manteniendo en pie las mismas fuerzas técnicas destructivas y obtienen sustanciales rebajas de impuestos y eliminación de penalidades cada vez que titulan “bonos de carbono” a nombre de una de ellas” – afirma García Linera. Los servicios ambientales del bosque se introducen en el Perú con la anuencia formal del Estado (El Perú fue aprobado como participante en el Fondo Cooperativo de Carbono Forestal del Banco Mundial en el año 2011), en el marco del mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación + (más) Manejo Forestal Sostenible, Conservación de Bosques y Almacenamiento de Carbono).  Pueblos y comunidades indígenas vienen ofertando sus bosques a cambio de irrisorias sumas de dinero por hectárea. AIDESEP recomienda exigir la titulación de tierras comunales y “frenar la burbuja especulativa de REDD+, como condiciones previas a la apertura de este gran negocio que beneficiaría a los países industrializados que se niegan a reducir emisiones contaminantes. Sin embargo, el rechazo del avance de mecanismos REDD+ deberá elevar los niveles de unidad y firmeza de los pueblos indígenas y comunidades a fin de descolonizar la condición socio – cultural, no participar en el agravio de la tierra y afirmar la esperanza del progreso de Loreto sobre el uso adecuado de los recursos naturales.