El gobierno peruano se encuentra
actualmente conminado por la codicia del empresariado nacional e internacional de
mantener inalterado y copioso el modelo económico del país provisto de
condiciones conducentes a la maximización de ganancias y a la flexibilización de
la inversión privada a través del despojo de los derechos de los pueblos
indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y otros cuerpos legales. El
gobierno ha respondido con generosidad y agilidad la avidez del empresariado
abriendo caminos legales proteccionistas de los intereses económicos (Ley 30230
y 30327) que en el campo de los hechos habría empezado ya a taladrar la fuente
principal de vida de los pueblos indígenas: el territorio ancestral. El
gobierno es el fornido centinela del empresariado voraz y es también el verdugo
de su propia política que ha logrado implementar en el seno de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En virtud de esta
ecuménica labor, desde el 5 de junio hasta el 17 de julio del año en curso el
Ministerio del Ambiente ha recibido a nivel nacional opiniones y sugerencias
para la propuesta de contribuciones en mitigación y adaptación.
También el gobierno nacional
vigente ha logrado asociar, sin armonía y sin acierto, el plan de diversificación
productiva y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las contradicciones
más relevantes han reculado en el campo de la actividad petrolera ubicado en la
cuenca del río Corrientes, Tigre, Pastaza, Chambira y Marañón. La extrema
pobreza –producto de más de 40 años de contaminación petrolera, corrupción, egoísmo
y soberbia de los gobernantes– que sobrecoge a los habitantes de las cuencas mencionadas
hubiera alentado en el gobierno la voluntad de implementar actividades
económicas alternativas que tuviera la dimensión y la coherencia de los
problemas existentes. La diversificación productiva no encontró lugar para anidar
esperanza siquiera en un terreno henchido de petróleo e impregnado de pobreza y
sufrimiento, sino ha encolerizado y apuñalado derechos. Empero, la deuda
histórica del Estado con los pueblos indígenas debeladas por la contaminación
petrolera hubiera de pagarse con la cimentación y funcionamiento de una base
productiva sostenible que reemplace a la dinastía del extractivismo criminal de
esta parte del país y que permita el renacimiento de los derechos y de la
frondosidad cultural.
El contenido del “acta histórico”
firmado por las cuencas mencionadas –excepto la cuenca del río Tigre– es de
verdad una obra del actual gobierno y de la contraparte indígena, es innegable.
Pero, el “acta histórico” no ha sido diseñado para garantizar o sentar las
bases de un desarrollo duradero y sin contaminación. Tanto es así que su
cumplimiento real es todavía muy lento, incierto y no toca la médula espinal
del problema (cómo actuará el concesionario del lote 192 durante 30 años más).
Es decir, este gobierno no ha apostado por la atención de los derechos
colectivos clave para el ejercicio de la autodeterminación y bienestar (titulación
de los territorios ancestrales, medio ambiente saludable, seguridad alimentaria
y el acceso a la educación de calidad escolar y superior) sino tratará de
atender algunos problemas que también son importantes en el contexto.
El empresariado ha intimado al
actual gobierno hasta el punto de crear un espiral de negación respecto del
avance de los derechos colectivos. A fin de brindar solvencia a esta teoría es
pertinente mencionar los siguientes casos: No hay avance claro respecto del
plan de titulación de comunidades y titulación por pueblos indígenas, el Plan
de Abandono del lote 1AB (actual lote 192) no ha superado las más de 150
observaciones, el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana (Programa de AIDESEP) no está insertado en la política del Estado a
pesar de los esfuerzos desprendidos, la indemnización por los 40 años de
contaminación en el lote 192 ha sido desoído, la solicitud de salvaguarda
territorial a favor de los pueblos en aislamiento voluntario no ha sido
atendido. El puente del proceso de consulta previa del lote 192 y del Proyecto
Hidrovía Amazónica estaría adosado de “malos pasos” y debilitado deliberadamente
por el gobierno nacional a escarnio de los pueblos involucrados en este
proceso.
El gobierno puede reconsiderar y
transparentar su postura sobre los derechos de los pueblos indígenas a través
de respuestas efectivas y cuantificable en el campo de los hechos. El esfuerzo
que hacen los pueblos indígenas es un esfuerzo que procura la paz, el
desarrollo saludable y el bienestar común. No existió jamás algún proyecto
separatista o alguna tendencia que amenace la gobernanza democrática del país
sino la idea de contribuir con la prosperidad de la nación y del mundo, desde la
convivencia fraternal y sin hambre, sin contaminación severa del medio ambiente
y de los valores humanos, sin la manipulación de la pobreza en desmedro del
mismo pobre.
