ANP: Amenaza derechos fundamentales.

La exótica experiencia de las Áreas Naturales Protegidas ha ingresado progresivamente en el corazón de los pueblos indígenas amazónicos del Perú como propuesta de conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible a través de la gestión de categorías que confluyen en el objetivo de mantener vivo especies, hábitats y recursos genéticos compatibles con la economía de mercado. Es un retrógrado eufemismo la vigente consideración de la persona en la ruta de la conservación que no ha logrado evolucionar respecto de armonizar los derechos colectivos y fundamentales –Los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de los mosaicos de conservación han observado que la perspectiva de bienestar holístico se ha difuminado o ido más lejos– con el enfoque de desarrollo sostenible y con el principal Objetivo de Desarrollo del Milenio (2000 – 2015): erradicar el hambre y la pobreza. 

La dinámica de las Áreas Naturales Protegidas avanzó acorde con el objetivo de garantizar la sostenibilidad ambiental a través de un sistema subrepticio de conservadurismo integrista del bosque, auspiciado por los países industrializados de occidente. La rigidez de la postura que daña en el terreno de los hechos la relación ecológica con la persona habría permitido la reprobación de las prácticas tradicionales de horticultura –la quema de desmonte de las chacras ha sido incorporada también en el inventario de causas del efecto de invernadero, sin discriminar las bondades de las purmas y del cultivo de frutales con vida relativamente prolongada que actúan como alternativa para la recuperación de bosques vivos– que constituye la piedra angular de la alimentación de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables. 

Es incuestionable la buena noticia de que los territorios que se encuentran concebidos como Áreas Naturales Protegidas están siendo mejor conservadas y los agentes de deforestación y degradación no han podido impactar con alarmante magnitud.  Esta noticia alegra mucho a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero a la vez, entristece a los pueblos indígenas en cuyo antaño territorio ancestral pródigo de comida y otros bienes necesarios para el desarrollo humano la pobreza pisa el acelerador y se manifiesta en el descontento progresivo de la población. Vastos territorios ancestrales, en Loreto, han sido convertidos en Áreas Naturales Protegidas en las últimas dos décadas con el consentimiento rebatible o censurable de los pueblos indígenas. Los territorios que han sido, para sus habitantes, proveedores solidarios del pan de cada día y de la salud por miles de años están ahora siendo controlado por el Estado. Las restricciones de uso y aprovechamiento de los recursos que constituyen la fuente vital de subsistencia están forzando a los pueblos indígenas a formar parte –según la FAO– de los 800 millones de hambrientos que actualmente viven alrededor del mundo.

La vinculación de la pobreza y el hambre es una forma de definir o advertir la transición hacia el caos de la condición humana, situación grave que el Objetivo de Desarrollo del Milenio ha tomado en cuenta. El peor de los casos o quizá la categoría más inestable respecto de la gestión adecuada de la diversidad biológica –creada en el seno de los territorios ancestrales habitados por pueblos indígenas– son las denominadas Áreas de Conservación Regional (ACR). Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto no tiene interés de administrar las ACR que están a su cargo. El ACR Ampiyacu – Apayacu (creada en diciembre del 2010) no ha logrado ponderar las restricciones de uso y aprovechamiento local con el ejercicio de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas involucrados. Hoy en el ACR Ampiyacu – Apayacu los niños y las madres comen menos y la pobreza amenaza con profundizarse. Es muy necesario y urgente revisar los desafíos, evaluar la preocupaciones intestinas y dar solución a los problemas imperantes del Área.

Un niño mal alimentado no desarrolla en la escuela y en la sociedad capacidades requeridos para remontar los retos del futuro. Una madre mal alimentada alumbrará niños enfermizos. “La biodiversidad es esencial para erradicar la pobreza (Ban Ki – moon). “Es necesario de un sentido de solidaridad mundial para garantizar la seguridad alimentaria a todas las personas” (Papa Francisco). “Pueblos indígenas con derechos garantizan bosques vivos” – AIDESEP.

Andoas: guerra y paz

Los pueblos indígenas han heredado y practicado milenariamente la virtud de resolver las diferencias internas y con los pueblos vecinos a través del diálogo. El poder espiritual de las plantas medicinales como el tabaco, coca, toé y ayahuasca han hecho posible la transición de escenarios hostiles hacia prolongados periodos de entendimiento y construcción del bienestar común, a cuestas de líderes probos y con capacidades extraordinarias de hacer, como por ejemplo, que la abundancia de alimentos y razones cotidianas de vivir bien constituya el sino de una promisoria civilización amazónica. No obstante, se han librado innumerables y fatídicas guerras tradicionales entre pueblos indígenas originados por el desborde de la acción humana sobre la pertenencia territorial o por causa de una muerte espeluznante y cruel –sin haber quebrantado muchas veces la víctima el código de convivencia que el valor de la palabra ha encumbrado desde tiempos remotos– que uno hubiera perpetrado contra el miembro de otro territorio.

La decisión consensuada del pueblo Achuar y Quechua de la cuenca del río Corrientes y Pastaza que dio inicio a la última protesta pacífica que paralizó la producción de petróleo del lote 192 –70 mil barriles perdidos equivalente a 3,2 millones de dólares– durante 15 días, ha dado vida a la legendaria filosofía indígena de paz y guerra. Líderes, lideresas, niños, jóvenes y ancianos –bajo la sombra hospitalaria de los árboles del Pastaza y sobre la pista tomada del aeródromo de Andoas– en momentos pertinentes hacían sensatas evaluaciones de los hechos, contingencias y desafíos de la jornada de protesta. Hacían remembranza e inculcaban a la lealtad de la regla de convivencia en momentos donde la vida pendía de una maniobra del gobierno peruano –más de medio centenar de agentes de la DINOES fuertemente armados habían llegado a la zona– y de la salvaguarda de la infraestructura pública y privada. Los pueblos indígenas Achuar y Quechua que se habían movilizado en el lote 192 para exigir al gobierno una real apertura de diálogo y consenso para la atención concreta de las justas e históricas demandas, tenían claro que se estaba desarrollando una guerra contra la arrogancia, indiferencia lacerante, prejuicios urbanos, codicia criminal y contra el atasco aposta del Estado orientado a la asfixia de la agenda y de la capacidad de los pueblos indígenas de resistir la inducida fragmentación organizativa, la devastación del empobrecimiento, hacer visible los daños tapados, enfatizar en la remediación y compensaciones sociales y denunciar los graves impactos ambientales y sociales ocasionado por la actividad petrolera en los últimos 45 años. La guerra contra la desigualdad y el bienestar asociado con la paz ha sido defendida en la figura de un horizonte sagrado.

La claridad del realismo de la paz y bienestar que los pueblos indígenas sostienen en el lote 192 no está relacionado con el periodo post petrolero. El próximo periodo –libre de petróleo mal llevado– es concebido como una sucesión de momentos difíciles caracterizado por el incremento de la pobreza intrínsecamente vinculado con el hambre. La base de la seguridad alimentaria estropeada por la contaminación es actualmente el mayor peligro en curso y que no forma parte de ninguna iniciativa destinada a llevar adelante acciones definidas que permita remontar en un tiempo planificado la bulimia causado por el boom petrolero. Habrá importantes infraestructuras sociales –después de 75 años de irresponsable actividad petrolera– al servicio de gente hambrienta si desde la comunidad y las organizaciones indígenas no inician desde ahora el desarrollo de un proyecto alternativo y sostenible.

Durante el diálogo –realizado en Andoas entre líderes indígenas y funcionarios del Estado que estuvo liderado por el ministro Von Hesse el pasado 24 de septiembre en el fuerte militar Tnte. López– se han dado mensajes mutuos de trascendental contenido que pusieron en alto relieve la imposibilidad de lograr la paz y el bienestar mientras la brecha de la extrema pobreza avance aritméticamente, mientras perdure en la sangre del Estado el virus del olvido, el desentendimiento, el engaño respecto de la inclusión de los derechos colectivos en la política pública. Por ejemplo, el Apu de FEDIQUEP dijo que si no hubiéramos paralizado la producción de petróleo en el lote 192 no hubieran acudido al pedido de diálogo. Este mensaje trae a la memoria las palabras de Saramago: “pues desde la aurora del mundo siempre los incendios atrajeron a los hombres”.

Como abejas alrededor de una flor facundia de polen se mueven personas y empresas en el lote 192, de esta rebatiña los pueblos indígenas Achuar y Quechua del Corrientes y Pastaza deberán lograr, al final, un granero a prueba de cualquier adversa coyuntura o del espectro de otra guerra.

Lote 192: topos y artrópodos.

Después de 45 años de actividad petrolera en la cuenca del río Corrientes, Tigre y Pastaza el podrido barro de la contaminación expulsó a la intemperie algunos topos y artrópodos venenosos que han perpetrado el caos socio-ambiental y han acabado con vidas inocentes comparable en nuestra historia con la vorágine de la época del caucho. Los topos han llevado a cuestas el encargo –de las empresas petroleras en contubernio con los gobiernos– de sembrar y gestionar el desconcierto en el individuo, en la familia, en la organización y en la población que vive en la zona de actuación directa e indirecta del lote 192. Los resultados de la treta, de la manipulación de la información, del hambre y de las oportunidades locales se han evidenciado en las siguientes dimensiones: 1. El incremento de la pobreza relacionado directamente con la disminución de la cantidad y calidad del pan de cada día, 2. La implicancia de la emergencia sanitaria que consiste en la ausencia de agua limpia para el consumo, insuficiente atención médica contra las enfermedades que provienen de la polución y la falta de un diagnóstico toxicológico general en beneficio de las personas que podrían llevar metales pesados en la sangre, 3. La implicancia de la emergencia ambiental que pone sobre la mesa los registros de la catástrofe ambiental y biótica –más de 100 sitios pendientes de remediación según el Plan de Abandono del Lote 192 supervisado por la instituciones pertinentes–, 4. Debilitamiento de la fiscalización social a través de la sociedad civil organizada. Familias y comunidades indígenas confrontadas en beneficio de la negación y aislamiento de los gobiernos frente a la atención de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 5. Los topos y artrópodos siguen activos en el terreno de los hechos, no han ido con Pluspetrol y se han quedado como mercenarios al servicio del nuevo operador del lote 192 y del gobierno. 6. El territorio ancestral de los pueblos indígenas está quedando sin la bondad de proveer alimentación. Importantes extensiones han sido entregadas en servidumbre a las empresas petroleras.

Los operadores del caos en el lote 192 –ONG´s, funcionarios de los portafolios relacionados con la consulta previa y con la inversión pública, contratistas, consultores, seudos apus y devotos de la politiquería criolla y del romanticismo revolucionario que se han mimetizado en la lucha indígena con el objetivo de captar adeptos, votos y de paso llevarse el sombrero del convaleciente– habrían dicho al unísono al gobierno que los problemas en el lote 192 se había desbordado y que los pueblos indígenas organizados habrían tomado la decisión de poner fin a 45 años de zozobra y esclavitud encubierta, sin cerrar la puerta de la industria petrolera renovada en su compromiso de cumplir con los estándares ambientales y sociales. En realidad han estado diciendo la verdad. Desde el sábado 12 de este mes el 80% de las instalaciones productivas del lote 192 han sido paralizados por una plataforma social que ha iniciado una movilización pacífica e indefinida para exigir al gobierno la voluntad política de apuntalar el desarrollo en beneficio de los pueblos indígenas empobrecidos por la riqueza del petróleo.

El fracaso del proceso de la consulta previa del lote 192 puso al descubierto y confirmado el prolongado desinterés del gobierno de atender las demandas de los pueblos indígenas de forma concreta, medible e integral. El fracaso del diálogo ha demostrado que el gobierno, los topos y artrópodos han intentado estigmatizar el espíritu de la Consulta Previa para promover el revisionismo del marco legal y cotejar –con doble moral– sus aportes con el emprendimiento económico del país. Sin embargo, los pueblos indígenas herederos y labradores de la virtud del diálogo desde tiempos inmemorables –muchas veces con el soporte espiritual de las plantas medicinales– han dado paso a la presurosa medida de salvar el camino de la Consulta Previa a través del renacimiento de los mellados principios de buena fe, flexibilidad y ausencia de coacción o condicionamiento. No importa la conducta espuria del gobierno a respecto –dijeron los pueblos indígenas– pero nosotros seguiremos en la búsqueda del diálogo en medio del tumulto de los conflictos sociales que amenaza seriamente la identidad democrática del país.

El gobierno sabe que los problemas del lote 192 son graves. Los pueblos indígenas involucrados en Lote pueden caer en el colapso alimentario debido a la contaminación de las fuentes naturales de bienestar. La solución está en las manos del Estado. Para ello, tiene que ganar la batalla maquiavélica de los topos y artrópodos y presentarse con la verdad en la próxima jornada de diálogo.

“Malos pasos”

El gobierno peruano se encuentra actualmente conminado por la codicia del empresariado nacional e internacional de mantener inalterado y copioso el modelo económico del país provisto de condiciones conducentes a la maximización de ganancias y a la flexibilización de la inversión privada a través del despojo de los derechos de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT y otros cuerpos legales. El gobierno ha respondido con generosidad y agilidad la avidez del empresariado abriendo caminos legales proteccionistas de los intereses económicos (Ley 30230 y 30327) que en el campo de los hechos habría empezado ya a taladrar la fuente principal de vida de los pueblos indígenas: el territorio ancestral. El gobierno es el fornido centinela del empresariado voraz y es también el verdugo de su propia política que ha logrado implementar en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En virtud de esta ecuménica labor, desde el 5 de junio hasta el 17 de julio del año en curso el Ministerio del Ambiente ha recibido a nivel nacional opiniones y sugerencias para la propuesta de contribuciones en mitigación y adaptación.

También el gobierno nacional vigente ha logrado asociar, sin armonía y sin acierto, el plan de diversificación productiva y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las contradicciones más relevantes han reculado en el campo de la actividad petrolera ubicado en la cuenca del río Corrientes, Tigre, Pastaza, Chambira y Marañón. La extrema pobreza –producto de más de 40 años de contaminación petrolera, corrupción, egoísmo y soberbia de los gobernantes– que sobrecoge a los habitantes de las cuencas mencionadas hubiera alentado en el gobierno la voluntad de implementar actividades económicas alternativas que tuviera la dimensión y la coherencia de los problemas existentes. La diversificación productiva no encontró lugar para anidar esperanza siquiera en un terreno henchido de petróleo e impregnado de pobreza y sufrimiento, sino ha encolerizado y apuñalado derechos. Empero, la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas debeladas por la contaminación petrolera hubiera de pagarse con la cimentación y funcionamiento de una base productiva sostenible que reemplace a la dinastía del extractivismo criminal de esta parte del país y que permita el renacimiento de los derechos y de la frondosidad cultural.

El contenido del “acta histórico” firmado por las cuencas mencionadas –excepto la cuenca del río Tigre– es de verdad una obra del actual gobierno y de la contraparte indígena, es innegable. Pero, el “acta histórico” no ha sido diseñado para garantizar o sentar las bases de un desarrollo duradero y sin contaminación. Tanto es así que su cumplimiento real es todavía muy lento, incierto y no toca la médula espinal del problema (cómo actuará el concesionario del lote 192 durante 30 años más). Es decir, este gobierno no ha apostado por la atención de los derechos colectivos clave para el ejercicio de la autodeterminación y bienestar (titulación de los territorios ancestrales, medio ambiente saludable, seguridad alimentaria y el acceso a la educación de calidad escolar y superior) sino tratará de atender algunos problemas que también son importantes en el contexto.

El empresariado ha intimado al actual gobierno hasta el punto de crear un espiral de negación respecto del avance de los derechos colectivos. A fin de brindar solvencia a esta teoría es pertinente mencionar los siguientes casos: No hay avance claro respecto del plan de titulación de comunidades y titulación por pueblos indígenas, el Plan de Abandono del lote 1AB (actual lote 192) no ha superado las más de 150 observaciones, el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Programa de AIDESEP) no está insertado en la política del Estado a pesar de los esfuerzos desprendidos, la indemnización por los 40 años de contaminación en el lote 192 ha sido desoído, la solicitud de salvaguarda territorial a favor de los pueblos en aislamiento voluntario no ha sido atendido. El puente del proceso de consulta previa del lote 192 y del Proyecto Hidrovía Amazónica estaría adosado de “malos pasos” y debilitado deliberadamente por el gobierno nacional a escarnio de los pueblos involucrados en este proceso.

El gobierno puede reconsiderar y transparentar su postura sobre los derechos de los pueblos indígenas a través de respuestas efectivas y cuantificable en el campo de los hechos. El esfuerzo que hacen los pueblos indígenas es un esfuerzo que procura la paz, el desarrollo saludable y el bienestar común. No existió jamás algún proyecto separatista o alguna tendencia que amenace la gobernanza democrática del país sino la idea de contribuir con la prosperidad de la nación y del mundo, desde la convivencia fraternal y sin hambre, sin contaminación severa del medio ambiente y de los valores humanos, sin la manipulación de la pobreza en desmedro del mismo pobre.

Ritual del artificio.

Hay claros indicios de la vigencia de una despiadada treta que en contubernio con el sigilo y la mentira el Estado ha estado dialogando con los pueblos indígenas amazónicos en observancia de la Ley de Consulta Previa y del convenio 169 de la OIT. El proceso de diálogo que hasta ahora ha sido sitiado por artificiosos mecanismos atañe a la consulta previa del Lote 192 y del Proyecto Hidrovía Amazónica. En estos procesos emblemáticos de consulta previa el Ministerio de Cultura es el mecenas, cumple el rol virreinal de la iglesia que sin defender los valores de los santos evangelios ha bendecido las razias o correrías sin más finalidad que el saqueo y tribulación de miles de almas.

Por un lado, Perupetro es la institución responsable de implementar el proceso de diálogo respecto de la continuidad de la actividad petrolera en el lote 192 que involucra territorios ancestrales de la cuenca del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene realizando la consulta del Proyecto Hidrovía Amazónica cuyo objetivo es mejorar la actividad comercial –crear las condiciones favorables de navegación para el transporte de carga y pasajeros a través de una infraestructura de vanguardia que el Estado ha de concesionar por un periodo de 20 años– de los ríos Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marañón. La Hidrovía Amazónica está comprendido en la cartera de proyectos de la iniciativa Infraestructura de Integración de la Región Sudamericana (IIRSA) diseñado en el año 2004, destinado a la  planificación de la infraestructura del territorio suramericano con una visión regional y compartida de los países miembros.

El Estado ha elegido la medida a consultar –primera etapa del proceso de Consulta Previa– en el lote 192 y del Proyecto Hidrovía Amazónica. La elección unilateral de la medida a consultar está asociado esencialmente con el controvertido objetivo de decidir –último paso de la consulta previa de exclusiva competencia del Estado– sobre el futuro del proceso sin ninguna contingencia respecto de la abstracción o no de los acuerdos adoptados en la etapa de diálogo. Además, la medida a consultar definida por el Estado por sí misma conllevaría a la organización de acuerdos que armonice inevitablemente con los altos intereses comerciales nacionales e internacionales y empequeñezca la fortaleza que salvaguarda los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La trama aplicado a los dos procesos de consulta previa (lote 192 y Proyecto Hidrovía Amazónica) a través de Perupetro y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha despabilado a partir de la imposición recatada por parte del Estado de la medida a consultar. La medida a consultar se ha convertido en la oficial piedra de toque del proceso de diálogo o en la punta de lanza de un ejército convencional que buscaría romper la resistencia histórica de los pueblos consultados que dignamente tratan de evitar la trágica experiencia de la actividad económica irresponsable y criminal. Es así que la medida a consultar ha sido blindada con la tecnocrática retórica y ha sido defendido en la figura de algo irrefutable e inamovible. Los líderes y lideresas indígenas tuvieron que batallar contra la fementida “buena fe” del Estado para descubrir y corregir el punto de partida del proceso de diálogo o encontrar alternativas colaterales que permita la consideración de los derechos colectivos, sociales, políticos y económicos. Nunca hubiera habido un cuenco de agua para beber, hoy y en la posteridad, sin la claridad de los argumentos, la profusión reflexiva y prospectiva de los pueblos indígenas. 

El riguroso escrutinio en la que fue sometido la celada medida a consultar del lote 192 y del Proyecto Hidrovía Amazónica permitió el nacimiento de una pequeña hendidura –en el Estado peruano– de apertura e inclusión de los derechos y demandas básicas de los pueblos involucrados en este proceso. Por ejemplo, la exigencia forzada de revisión del Plan de Consulta del lote 192 ha permitido lograr a favor de los pueblos indígenas importantes acuerdos o la instalación mesas de trabajo con el Estado donde se ha de tratar sin holganza la búsqueda de solución de las cuestiones relacionada con la seguridad territorial, remediación, indemnización, compensación y respeto de la institucionalidad. En la consulta del Proyecto Hidrovía Amazónica se ha logrado adicionar en la medida a consultar el “Contrato de concesión del Proyecto donde se abordarán las cláusulas referidas a aspectos socioambientales, sociolaborales y los beneficios relacionados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”. 

Después de haber encontrado los pueblos indígenas consultados la furtiva intención del Estado de imponer sin escrúpulos una medida administrativa que busca allanar el camino de la inversión privada en agravio de los derechos colectivos, el tortuoso camino de la Consulta Previa se ha vuelto frágil y desprovisto de confianza. Si hubiera el Estado aplicado la regla de la proporción directa –ley providencial– los pueblos indígenas deberían haber tenido la mayor posibilidad de bienestar sostenido en el verdadero espíritu de la ley de Consulta Previa y del Convenio 169 de la OIT.

El flagelo de la riqueza

Por: Jorge Pérez Rubio

Antes de que el petróleo empiece a fluir de la entraña de la tierra –ocupado y manejado adecuadamente por los pueblos indígenas amazónicos desde tiempos remotos– el hambre jamás pudo socavar la práctica de los valores ancestrales, nunca pudo tapar la mirada colectiva hacia un futuro promisorio y no pudo alimentar la diáspora hacia una sociedad del castigo y la discriminación. Pero, los pueblos indígenas ya habían padecido bajo el poder del capitalismo inhumano que llevó a cuestas la infamia y distintas formas de torturas que la historia, de la quina y del caucho en la selva peruana, lo describe como el pico más alto de la barbarie humana. Desde entonces, la semilla de la crueldad quedó sembrada en la selva del Perú para multiplicar su linaje sobreponiéndose a las capacidades y derechos de los primeros habitantes.

Durante la época del petróleo –aún vigente en la selva de Loreto– los pueblos indígenas han visto pasar garboso el barco de la riqueza. Mientras aquel barco pasaba iba envenenando la matriz de la subsistencia de los pueblos indígenas: el bosque y sus recursos vitales. Mientras el barco de la riqueza pasaba arrogante el hambre aumentaba y todos los males llagaban y la funesta experiencia puso en irreversible zozobra a la población involucrada –principalmente los indígenas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza, Marañón y Chambira–. El hambre se había mezclado con las enfermedades no endémicas creando un claustro de emergencia social y ambiental. Entonces, una vez que salió a la luz los graves problemas despegaron del barco principal pequeñas embarcaciones de socorro –con bandera de peruana, extranjera y de ONG´s– trayendo consigo medicinas, comida, agua, abrigo y dinero en efectivo.  El objetivo de la misión no era acabar con el padecimiento de la gente sino mantener la situación en un nivel soportable  a fin de controlar la pobreza y el sufrimiento de la población a través del chantaje y de un efímero e insustancial asistencialismo.

Tan grande es el barco de la riqueza que todavía está en tránsito y no abandona el puerto después de 40 años de navegación con destino al Centro Mundial de Comercio –llevando en la bodega para Loreto solamente entre el año 2009 y 2014 S/. 1,180.65 millones por concepto de canon y sobrecanon petrolero, dinero malgastado por las autoridades de Loreto en complicidad con la empresa petrolera y el gobierno central – y para los pueblos indígenas se ha destinado también importantes montos que también fue dilapidado por la viveza criolla y la corrupción imperante en el Estado. Prueba de ello es el infructuoso proyecto PEPISCO de S/. 40 millones, cuyas metas fundacionales no han sido alcanzadas –el escrutinio social así lo ha comprobado– en desmedro de la urgencia de atender con los servicios básicos.

La población afectada ha desarrollado alrededor del emporio itinerante (barco de la riqueza) dos importantes posturas que han ido cuajándose en el tiempo: uno, lograr la participación justa de la riqueza o beneficios obtenidos de las tierras ancestrales y dos, evitar la actividad petrolera y así evitar también la barbarie social y ambiental perpetrada por este rubro en zonas de impacto que el Perú y el mundo conoce. La primera postura está fundamentado en el Convenio 169 de la OIT: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos de subsuelo, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados y deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades y percibir de una indemnización equitativa por cualquier daño que pueden sufrir como resultado de estas actividades”, la cita literal de Artículo 15 del Convenio responde a la necesidad de decirle al gobierno peruano que no puede menoscabar, con severa obstinación, los derechos de una nación multicultural y plurilingüe en virtud de los tratados o convenios internacionales ratificados en el fuero constitucional, tal como lo viene haciendo a través de la creación de leyes (Ley 30230 y PL 3941) que podrían acabar deprisa con el deteriorado cimiento de bienestar que abriga actualmente a los pueblos indígenas.

La segunda postura constituye una decisión casi estentórea pero firme que busca salvaguardar el ejercicio permanente de los derechos colectivos y fundamentales ante el advenimiento de una pandemia legal, ambiental y social. Esta posición de los pueblos indígenas solo podrá tener éxito a partir del reconocimiento y titulación de las tierras ancestrales –aquellas tierras comprendidas como propiedad tradicional y de uso que traspasa la línea de los insuficientes espacios titulados– que alcanza más de 20 millones hectáreas.

Paradójicamente, la riqueza extraída del subsuelo de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas amazónicos no ayudó sino carcomió la milenaria base de subsistencia y que habiéndose articulado con el compromiso del gobierno actual a través de acuerdos suscritos en actas no garantiza el destierro de la pobreza ni avizora alguna acera de paz en mediano plazo. Quizá la ausencia de petróleo de las tierras ancestrales hubiera hecho posible la construcción de una sociedad con mejores oportunidades y frondosas esperanzas.

Estado bifronte.

El Estado peruano arrastra la misma actitud cerril y de indiferencia que han practicado sucesivamente los gobiernos de la república en agravio y despojo de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos. Así lo demuestra la historia que atañe a la tenencia de tierra, Educación Intercultural Bilingüe - EIB, salud intercultural y uso de recursos naturales. Medidas políticas, administrativas y legislativas promovidas por el Estado, al respecto, han sido gestionadas sin la consideración y respeto de las costumbres, derechos humanos, instituciones propias y del derecho consuetudinario.

La tenaz obstinación del Estado manifiesto en la búsqueda de riqueza a expensas del dolor y la pobreza de los pueblos indígenas ha estado asociado siempre con una doble actitud. Por un lado se ha llevado adelante la titulación de tierras comunales, la promoción de la EIB, leyes para la inversión amigable con el medio ambiente y la adopción del Convenio 169 de la OIT (1989). Por otro lado el territorio ancestral –de frondosa aptitud proveedora de bienestar material e inmaterial, concebido como el único y más valioso legado vivo intrínsecamente relacionado con la sobrevivencia y la profusa continuidad de las culturas milenarias– ha sido fraccionado en “mosaicos” controlado por diversas competencias oficiales y que constituyen parapetos de las libertades, discontinuidad de la dinámica social propia de las civilizaciones autóctonas o límite del horizonte del buen vivir.

En las últimas cuatro décadas se han puesto en funcionamiento importantes iniciativas en el país sobre educación bilingüe, con deficiente y denotado desinterés del Estado peruano. En el año 2002 nace la Ley para la Educación Intercultural Bilingüe y desde entonces el marco legal al respecto ha sido abundante. Por otro lado, el esfuerzo del Estado ha sido visible pero embrionario –estudios independientes lo han puesto al descubierto y Defensoría del Pueblo lo ha corroborado en el Informe 152 (2011) y en el Informe 163 (2012 -2013) los avances y desafíos han sido insignificantes frente a los problemas generados por la exclusión y por las “graves brechas” pendientes de reducción. El último Informe Defensorial dice que el 46% de niños, niñas y adolescentes indígenas no recibe cobertura en su lengua originaria y exige la construcción de un marco curricular nacional con enfoque intercultural y bilingüe. A pesar que es importante cubrir la real demanda de 20 mil maestros bilingües, diseñar un currículo diversificado y acorde con las necesidades lingüísticas y culturales y de asignación de presupuesto, hasta la fecha, no se ha tomado en cuenta – con denuedo– la encomiable experiencia del Programa de Maestros Bilingües que durante 26 años logró construir una propuesta EIB basado en el arraigo cultural de cada pueblo indígena y en la mirada responsable hacia un futuro exigente de calidad educativa y liderazgo.

Sobre la situación de la Salud intercultural de los pueblos indígenas amazónicos, el reciente Informe Defensorial N° 169 (presentado hace dos semanas en Iquitos) puso en evidencia el retraso o inamovilidad funcional de la “política pública de atención del derecho a la salud intercultural de los pueblos indígenas en marco de la reforma de la salud. En efecto, en el Informe se recomienda principalmente el incremento del presupuesto anual del sector salud a efectos de mejorar los servicios de salud para los pueblos indígenas, así como la incorporación en los protocolos de atención de salud el enfoque intercultural. Prueba de la gestión anquilosada del sector salud y de la falta de coordinación con otras instancias públicas y privadas, la vida de la niñez y adolescentes del pueblo Matsés (frontera con Brasil) se está volviendo insostenible. No pueden recibir adecuada y oportunamente atención médica ante el aumento actual de casos de hepatitis B y malaria.

El uso de los bienes naturales de la amazonía peruana ha sido blanco de una ilimitada práctica codiciosa y perniciosa del dogma del capitalismo global. La explotación del caucho y del petróleo en la amazonía revela y cerciora la existencia del pico más alto de atropello del valor de los bienes naturales y la vida humana ha sido concebida como un medio de producción. El atavismo de la crueldad como medio de acumulación de riqueza jamás ha sido estrangulado por los gobiernos siquiera en honor a los santos evangelios de cuya fe se ufanan aleccionarse. La actividad petrolera en Corrientes, Tigre, Marañón, Chambira, Pastaza y Curaray representa la fuente de la insaciable corrupción que puso de rodillas a la moral ortodoxa y tradicional de Loreto y ha difuminado el esplendor del ejemplo. Hoy el mal que se engendró en los últimos 40 años está haciendo metástasis y se ha inoculado en el vientre de una generación.

Pues esta vez no hablaré de los daños que ha causado la actividad petrolera porque sé que está en el alma y en la retina de la mayoría de peruanos. Por otro lado, el gobierno actual procura llevar adelante la consulta previa y procesos de diálogo en zonas sacudidas por la protesta social, en virtud del Convenio 169 mediante una fementida “buena fe”, Si en el momento correcto escarmienta podría evitar la ruptura hacia adentro de los acuerdos suscritos por el Estado con los legítimos representantes de las comunidades afectadas por la actividad petrolera. La ley 30230 y el proyecto de Ley 3941 confirman aún con más fuerza la teoría de que a los pueblos indígenas pretenden convertirlo en un gueto humillante.

La virtud de la estructura.

Recientemente el actual presidente del Gobierno Regional de Loreto había virado su destino hacia otra zona que no había sido lo que horas antes dijo –en el fuero oficial–  que había decidido ir inmediatamente a la zona del río Tigre con la finalidad de contribuir desde su competencia con la solución de un intermitente conflicto social cuya antigua matriz se alimenta de la más repudiable y cuestionada conducta de la industria del petróleo, perpetrado impunemente en la región Loreto (Perú). Los pobladores movilizados estuvieron esperando al presidente regional en la Comunidad Nativa Remanente (río Tigre) y no llegó al lugar sino, inopinadamente, desvió su itinerario hacia el río Corrientes –donde también adoptaron medidas de fuerza por causas relacionado con la contaminación del petróleo que implica la vulneración de derechos colectivos y fundamentales– generando malestar en la población que esperaba de la más alta autoridad una actuación coherente y responsable.

Más tarde cuando la necesidad de respuesta pública del mandatario regional se volvía imperante –a través de una radio local– dijo que decidió no ir a la zona del río Tigre “porque el señor Fachín (estudiante indígena de derecho de la UNAP, coordinador de FEDIQUEC y presidente de la Organización de Estudiantes de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana – OEPIAP) no es dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del río Tigre – FECONAT y yo respeto la institucionalidad”, concluyó enfáticamente. Es verdad que el mencionado señor no es dirigente de FECONAT y había estado en la zona a solicitud y en solidaridad de los apus locales en gesta. Pero lo que el presidente regional ignoraba o quizá lo dijo por conveniencia o resonancia es que los conflictos sociales acontecidos en la zona de influencia de la actividad petrolera en Loreto descendieron de la pirámide organizacional de los pueblos indígenas hasta el primer nivel y sub nivel que corresponde a la jurisdicción comunitaria y al dominio individual respectivamente. Este nivel del conflicto social –en las “cuatro cuencas”– es el efecto de una cruzada sistemática que la empresa petrolera y el Estado impulsó con la introducción de un código de relacionamiento o negociación injusta y astuta –a través de sus autoridades, líderes y personas con sentido crítico– en la comunidad o comunidades ubicadas dentro de su influencia directa. Es decir, la empresa petrolera y el Estado han conspirado –en los últimos 15 años– contra la virtud de la estructura organizativa, creando facciones orgánicas que involucra, por ejemplo, el nivel comunal (Comunidad Remanente), local (FECONAT), regional (ORPIO), nacional (AIDESEP) e internacional (COICA). En consecuencia, el relacionamiento de los Pueblos Indígenas con la empresa y el Estado, la naturaleza y solución duradera de los conflictos sociales ya no depende exclusivamente de los dirigentes de los niveles superiores de la pirámide organizativa sino del seno mismo de la comunidad y de la jerarquía del individuo (comunero).

Respecto de esta premisa podría haber posturas distintas y legítimas si tomamos en cuenta el concepto de poder que tiene el pueblo para decidir en la conformación de cualquier organización o nación. Empero, si un pueblo no pudo romper la cadena de la sumisión y del oscurantismo el poder popular pierde su filo y su brillo se difumina con melancolía.    

Entonces, la declaración del presidente regional de Loreto estuvo ubicado lejos de alguna propuesta favorable al interés positivo de la zona convulsionada y de la región y hubo semejanza con el talante de un incipiente pirómano. Pues, la atmósfera del conflicto social aumentó de temperatura, se agudizó y discurre por un lecho artificial construido con el fin de mantener activo una forma de relacionamiento comunitario que se empeña en sucumbir la fortaleza del movimiento indígena y allanar el camino de la actividad petrolera sin el cumplimiento de los altos estándares ambientales y sociales. Por ejemplo, unos días después del desvarío llegó el presidente regional a la zona del Tigre, arribo interpretado como un gesto de resarcimiento moral, y con propuestas que va de la mano con las millonarias y conocidas ofertas de la PCM que son traídos a la mesa de diálogo en tiempo de cólera. Una vez más las demandas comunitarias han sido tomadas en cuenta, pero las mayores demandas –remediación, indemnización de los daños ambientales y sociales, compensaciones, mejora de la práctica en la explotación de petróleo y el encaminamiento de un plan de desarrollo integral– siguen siendo postergadas o simplemente quedó oculta bajo una fina capa de arena que el viento del escrutinio local volverá a revelar.   

La solución del problema –origen principal de los conflictos sociales en esta parte del Perú– originado por la mala práctica de la empresa petrolera en Loreto deberá pasar inexorablemente por la revitalización de la virtud de la estructura organizativa –competencias, capacidades y roles– de los principales actores involucrados en este negocio: Pueblos Indígenas, Estado y empresa petrolera. El funcionamiento responsable y permanente de una mesa ejecutiva de tres bandas ha de tener como deber principal el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales existentes para estos fines.

Escribí esta nota motivado in situ por la hospitalidad, prodigalidad cultural y abundancia de recursos naturales que de hecho ha de asegurar durante mucho tiempo la autonomía alimentaria y el bienestar integral de la Comunidad Matsés Buenas Lomas Antigua, ubicado en la cabecera de la quebrada Chobayacu, Distrito de Yaquerana. Esta riquísima tierra, con agua limpia y sueños promisorios ha sido lotizado por el Estado para fines de explotación de petróleo. El pueblo Matsés decidió mantenerse lejos –por tiempo indeterminado– de un monstruo que tiene más de mil cabezas. 

Blanco y negro.

Elegí estos colores muy bien definidos para referirme a dos escenarios comunes inherente a la vida individual y colectivo de los pueblos indígenas amazónicos y su prolongado relacionamiento con la cultura societaria del país que involucra matices del comportamiento del Estado y de las organizaciones indígenas situados dentro de una estructura nacional y global que recuerda la función de una colosal esponja en desmedro de la generosa vitalidad del bosque, asociado a la pervivencia de una milenaria cultura generadora de paz y bienestar. Blanco y negro –en esta reflexión– habrá de ser análoga de acierto y desacierto. Acierto desdibujado, vacío y bruscamente mullido, y desacierto lisonjeado con hipocresía y desvergüenza para hacer de esta aleccionadora dicción un somnífero social.

En negro quedó la bella y heroica historia de los pueblos indígenas amazónicos. Manchado por la codicia genocida de los caucheros, horda comprendida en aquel entonces (1890 – 1912) por gobiernos nacionales e internacionales de américa y occidente, empresarios, medios de comunicación, académicos e intelectuales. Si no hubiera habido el hervor de la treta y del robo –que permitió la producción del caucho en los bosques de Asia– los indígenas Murui, Bora, Ocaina, Resígaro y otros nativos del Putumayo hubieran sido mencionados quizá en la frágil y fría historia de los muertos. La secuencia de la vorágine se manifiesta muy certera en la línea de tiempo no convencional que si lo pasamos revista no brinda espacio a la admisión del respeto de los derechos fundamentales y colectivos y al trato justo. En los últimos 40 años se confirma la vigencia del status quo que propicia la esclavitud, la tortura sistemática y el deterioro de la verdad en nombre del desarrollo que nunca llegó sino que socavó los valores de los pueblos indígenas y contaminó hasta el tuétano –con metales pesados– de todo ser vivo de la cuenca del río Corrientes, Tigre, Marañón, Chambira, Napo, Curaray, Arabela. La destrucción de los cimientos naturales de bienestar por una cadencia de saqueo inhumano puso de rodilla a los pueblos indígenas ante el dúo responsable de la barbarie imperante: El Estado y el capitalismo cruel. Después del abatimiento de la fortaleza que por excelencia divina constituye el bosque para sus habitantes era inevitable el advenimiento de la mendicidad y la pobreza que con mucha destreza el Estado y el capitalismo (empresas extractivas) lo han convertido en un instrumento de dominación, negociación y despojo. Ahí queda el mundo de los antecedentes que clarifica el verdadero espíritu del sistema.

En negro está graficado la doble moral del Estado en consonancia con el capitalismo de la esclavitud que parió el “baguazo” y la robustecida estela que lleva consigo el signo de la muerte y de la intolerancia encubierta hasta en la más cotidiana alocución palaciega. De esta entraña nació en serie un grupo de normas –“paquetazos”– mediante el cual se buscaría agujerear el cuerpo que abraza el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades empobrecidas de la amazonía, principalmente, el derecho a la vida que se sostiene de la salud y prodigalidad de los bosques y de la seguridad territorial. Ejemplo: por un lado, el Estado, aceptó remediar los daños ambientales perpetrados por la actividad petrolera en la cuenca del río Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza; y por otro lado, dilata el tiempo con el aparente interés de identificar y cuantificar mejor los daños ya muy bien debatido y presentado en la Comisión Multisectorial y en la Mesa de Desarrollo que hasta la fecha incrementa deprisa el escepticismo de los líderes de las “cuatro cuencas”. Otro ejemplo: los pobladores del río chambira –territorio ancestral del pueblo indígena Urarina– están muy asustados por los resultados del monitoreo ambiental realizados por ANA, OEFA, DIGESA y OSINERGMIN –entregados el pasado 17 de diciembre– que no tiene relación con la verdad, pues esta zona está evidentemente contaminada por sucesivos derrames de petróleo.

En este contexto la esencia del diálogo Entre el Estado y los Pueblos indígenas ha sido inoculada por el veneno de la manipulación y del atolladero. El Estado derrocha voluntad en la hechura de leyes innecesarias para la orientación del desarrollo con enfoque multicultural, en un terreno de marcada diversidad biológica, que contraviene la urgente necesidad de “destrabar” la inversión responsable y la disminución de conflictos sociales a partir de la transición de los problemas y derechos hacia el seno de la política pública.

En blanco están diseñado las principales demandas de los pueblos indígenas, que podría ser comparado con un sistema solar dañado alrededor de un núcleo vivo. Más de 12 millones de hectáreas de bosque gestionado por los pueblos indígenas de la amazonia peruana desde tiempos inmemorables conservan la totalidad de sus bondades o servicios ambientales. Diversos estudios y tomas satelitales dan cuenta de una acción sin precedente directamente relacionado con la defensa de la vida y la cultura, la planificación del usufructo y la conservación de los cimientos de desarrollo que toda nación denomina medios de acumulación de riqueza. Mientras que los bosques en manos del Estado está siendo destinado a una hecatombe innecesaria.

Con el albor de las lecciones aprendidas y el compromiso de no volver a tropezar en la misma piedra los pueblos indígenas organizados y en unidad han iniciado la gestión de una perspectiva que ha de privilegiar la educación en valores ancestrales como base de la formación académica y científica. Una buena cosecha depende de los cuidados y prácticas respetuoso del prójimo, de Dios y del bosque.