El flagelo de la riqueza

Por: Jorge Pérez Rubio

Antes de que el petróleo empiece a fluir de la entraña de la tierra –ocupado y manejado adecuadamente por los pueblos indígenas amazónicos desde tiempos remotos– el hambre jamás pudo socavar la práctica de los valores ancestrales, nunca pudo tapar la mirada colectiva hacia un futuro promisorio y no pudo alimentar la diáspora hacia una sociedad del castigo y la discriminación. Pero, los pueblos indígenas ya habían padecido bajo el poder del capitalismo inhumano que llevó a cuestas la infamia y distintas formas de torturas que la historia, de la quina y del caucho en la selva peruana, lo describe como el pico más alto de la barbarie humana. Desde entonces, la semilla de la crueldad quedó sembrada en la selva del Perú para multiplicar su linaje sobreponiéndose a las capacidades y derechos de los primeros habitantes.

Durante la época del petróleo –aún vigente en la selva de Loreto– los pueblos indígenas han visto pasar garboso el barco de la riqueza. Mientras aquel barco pasaba iba envenenando la matriz de la subsistencia de los pueblos indígenas: el bosque y sus recursos vitales. Mientras el barco de la riqueza pasaba arrogante el hambre aumentaba y todos los males llagaban y la funesta experiencia puso en irreversible zozobra a la población involucrada –principalmente los indígenas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza, Marañón y Chambira–. El hambre se había mezclado con las enfermedades no endémicas creando un claustro de emergencia social y ambiental. Entonces, una vez que salió a la luz los graves problemas despegaron del barco principal pequeñas embarcaciones de socorro –con bandera de peruana, extranjera y de ONG´s– trayendo consigo medicinas, comida, agua, abrigo y dinero en efectivo.  El objetivo de la misión no era acabar con el padecimiento de la gente sino mantener la situación en un nivel soportable  a fin de controlar la pobreza y el sufrimiento de la población a través del chantaje y de un efímero e insustancial asistencialismo.

Tan grande es el barco de la riqueza que todavía está en tránsito y no abandona el puerto después de 40 años de navegación con destino al Centro Mundial de Comercio –llevando en la bodega para Loreto solamente entre el año 2009 y 2014 S/. 1,180.65 millones por concepto de canon y sobrecanon petrolero, dinero malgastado por las autoridades de Loreto en complicidad con la empresa petrolera y el gobierno central – y para los pueblos indígenas se ha destinado también importantes montos que también fue dilapidado por la viveza criolla y la corrupción imperante en el Estado. Prueba de ello es el infructuoso proyecto PEPISCO de S/. 40 millones, cuyas metas fundacionales no han sido alcanzadas –el escrutinio social así lo ha comprobado– en desmedro de la urgencia de atender con los servicios básicos.

La población afectada ha desarrollado alrededor del emporio itinerante (barco de la riqueza) dos importantes posturas que han ido cuajándose en el tiempo: uno, lograr la participación justa de la riqueza o beneficios obtenidos de las tierras ancestrales y dos, evitar la actividad petrolera y así evitar también la barbarie social y ambiental perpetrada por este rubro en zonas de impacto que el Perú y el mundo conoce. La primera postura está fundamentado en el Convenio 169 de la OIT: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos de subsuelo, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados y deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades y percibir de una indemnización equitativa por cualquier daño que pueden sufrir como resultado de estas actividades”, la cita literal de Artículo 15 del Convenio responde a la necesidad de decirle al gobierno peruano que no puede menoscabar, con severa obstinación, los derechos de una nación multicultural y plurilingüe en virtud de los tratados o convenios internacionales ratificados en el fuero constitucional, tal como lo viene haciendo a través de la creación de leyes (Ley 30230 y PL 3941) que podrían acabar deprisa con el deteriorado cimiento de bienestar que abriga actualmente a los pueblos indígenas.

La segunda postura constituye una decisión casi estentórea pero firme que busca salvaguardar el ejercicio permanente de los derechos colectivos y fundamentales ante el advenimiento de una pandemia legal, ambiental y social. Esta posición de los pueblos indígenas solo podrá tener éxito a partir del reconocimiento y titulación de las tierras ancestrales –aquellas tierras comprendidas como propiedad tradicional y de uso que traspasa la línea de los insuficientes espacios titulados– que alcanza más de 20 millones hectáreas.

Paradójicamente, la riqueza extraída del subsuelo de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas amazónicos no ayudó sino carcomió la milenaria base de subsistencia y que habiéndose articulado con el compromiso del gobierno actual a través de acuerdos suscritos en actas no garantiza el destierro de la pobreza ni avizora alguna acera de paz en mediano plazo. Quizá la ausencia de petróleo de las tierras ancestrales hubiera hecho posible la construcción de una sociedad con mejores oportunidades y frondosas esperanzas.