A pocos días de la investidura del próximo gobierno es
importante reflexionar, mencionar experiencias, problemas y tomar posición
sobre cómo pensamos actuar en los años venideros. Para ello es necesario saber
cómo está la casa.
Categorías de conservación
reducen derechos colectivos de los pueblos indígenas al interior del Parque Nacional
Sierra del Divisor para proteger, con incompatible y elevado fervor, los intereses
de las empresas petroleras Pacific Stratus Energy (Lote 135) y Maple (Lote 31-B).
Dentro del Lote 135 viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario –el
Ministerio de Cultura ha opinado a favor de la existencia de estos pueblos que
desde tiempos remotos han decidido vivir dentro del bosque primigenio y fuera
de la sociedad globalizada– y para salvaguardar la vida y la cultura altamente
vulnerable y frágil de los pueblos en aislamiento frente a las amenazas de la demanda
extractivista las organizaciones indígenas han planteado la creación oficial de
la Reserva Territorial Yavarí – Tapiche. En el contexto de la consulta para la elaboración
del Plan Maestro del Parque se ha evidenciado una sofisticada tendencia que
fortalece la zancada de la actividad petrolera promovido por el SERNANP en
agravio de los derechos humanos. Las
organizaciones indígenas AIDESEP, ORPIO (Loreto) y ORAU (Ucayali) no han
quedado impasible ante el ahondamiento del peligro y han presentado ante el
Ministerio de Cultura una acción de cumplimiento, garantía constitucional que
busca hacer cumplir las normas vigentes respecto de la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
La oferta de los proyectos de
inversión en el territorio que habitan los pueblos indígenas ha dado lugar al
ejercicio de la ley del derecho de la consulta previa, cuyo proceso llevado a
cabo en el seno de las comunidades involucradas ha hecho posible que el Estado pise
con sus propias botas el cóctel de problemas antiguos y nuevos originados principalmente
por la contaminación petrolera, la depredación de las especies, la corrupción y
la insuficiente asistencia de los servicios básicos. El Estado ha intentado
varias abandonar el abanico de los problemas para poner énfasis en el objetivo
de lograr un acuerdo o consentimiento sobre proyectos de desarrollo nacional y
regional. El atavismo pródigo de indiferencia y olvido del mundo rural ha
estado demasiado vigente. Una mezcla de insistencia de las comunidades y la
prioridad de implementación de los proyectos ha permitido la creación de mesas
de desarrollo y grupos de trabajo orientados a atender las demandas básicas
cuantificadas en el terreno. Las mesas y grupos de trabajo multisectorial han
caminado demasiado lento que han de transitar –sin visos de continuidad– hacia
el fuero del próximo gobierno. Como por ejemplo, la mesa de desarrollo de las
cuatro cuencas y el grupo de trabajo del proyecto Hidrovía Amazónica.
El Proyecto Línea de Transmisión
220 Kv Moyobamba - Iquitos, es el monumento del subterfugio, de los intereses
oscuros y de la viveza criolla elaborado con frescura por el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) para evadir el ejercicio de la ley de derecho de la
consulta previa. Lo han negado varias veces a través de triviales argumentos. La
Defensoría del Pueblo a través del OFICIO N° 055-2016-DP/AMASPPI, de fecha 03
de junio 2016, recomienda al MINEM realizar la consulta a los pueblos indígenas
que se encuentran dentro del ámbito de influencia del Proyecto. Defensoría manifiesta
que el Proyecto afectará derechos colectivos y no beneficiará así mismo a los
pueblos indígenas de la zona.
Los fondos provenientes de los acuerdos
globales para reducir la deforestación y degradación, más conservación y manejo
han generado una carrera hacia el acopio de vastas extensiones de bosques
prístinos para la conversión de territorios ancestrales en Áreas Naturales
Protegidas, con la mínima o indirecta participación de los pueblos indígenas.
Esta tendencia amenaza seriamente el bienestar duradero de los pueblos
empobrecidos de la amazonía peruana. Pues, la retribución por el stock de
carbono acumulado ha de beneficiar a los titulares del polígono de
conservación.
Tenemos que poner sobre la mesa
del próximo gobierno nuestra agenda basado en el desarrollo propio para su
consideración, respecto y financiamiento. Hay problemas que no he mencionado –igual
de grave– como el caso del Proyecto PTRT3 que procura reducir el derecho de
territorio ancestral de los pueblos indígenas.
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