El Estado peruano nunca ha sido
amigable con la milenaria vocación de los pueblos indígenas de defender el
territorio ancestral para garantizar la vida y reproducir la cultura propia. El
odio y la barbarie más dolorosa después de la vorágine del caucho (final del
siglo XIX e inicio del siglo XX) ha sido perpetrado –por la represión más
brutal– en la curva del diablo (Bagua, 5 de junio 2009). Estos dos luctuosos
acontecimientos demuestran que si el Estado podría hacerlo ya hubiera
aniquilado a los pueblos indígenas amazónicos para hacerse libremente y sin
obstáculos de los recursos naturales. Aunque los pueblos indígenas estuvieron
siempre de pie el saqueo de la amazonía no se ha detenido en ningún momento,
dejando a su paso una estela de muerte que ha dado origen al fortalecimiento de
las organizaciones indígenas y de nuevos liderazgos para defender los derechos
colectivos y fundamentales e inmortalizar la grandeza de la historia de los
pueblos. Entonces, nació también la Ley de Consulta Previa con el objetivo de
poner fin a la escalada de los conflictos sociales y armonizar el ejercicio de
los derechos colectivos con las prioridades de los proyectos de inversión a
través de la generación de acuerdos resultantes del diálogo y el consentimiento.
El desarrollo de la Ley de
Consulta Previa, la vigencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y otras normas y tratados –de los cuales el
Perú es signatario– no han logrado frenar el atropello de los derechos
colectivos y fundamentales. La hegemonía del poder económico ha dictado a los
operadores del legislativo y ejecutivo diversos mecanismos orientados a
flexibilizar o debilitar el rol de las instituciones públicas en materia de
fiscalización, sanción y tutela de las salvaguardas sociales y ambientales
(instituidos para proteger derechos y frenar el cambio climático). Desde
entonces, el Estado está siendo arrastrado por el liberalismo cerril, radical y
beligerante.
Los hechos que sostienen nuestra
observación están relacionados principalmente con la implementación y
encaminamiento de proyectos extractivos (principalmente petróleo), construcción
de la carretera Iquitos – Saramiriza, Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos,
monocultivo (Grupo Melka), Hidrovía Amazónica, tráfico de tierras –miles de hectáreas
de bosques de producción permanente se superponen a territorios ancestrales
impidiendo la frontera de posesión– y la creación de parques nacionales o
figuras similares de conservación sobre territorios ancestrales en agravio de
la calidad de subsistencia de las poblaciones indígenas (Caso Parque Nacional
Yaguas).
La ausencia de un plan de
remediación total de más de 190 puntos contaminados (identificados por OEFA) en
el Lote 8 y Lote 192, la falta de acciones concretas sobre la demanda de
compensación de daños a través de obras sociales y productivas, la demora de la
reparación integral del Oleoducto Norperuano y la desatención inmediata con
agua limpia para la población afectada por el derrame frecuente de petróleo
constituye un vergonzoso monumento de la impunidad, engaño, codicia y aislamiento.
La carretera Iquitos – Saramiriza ha sido impulsado por la pasión que el actual
presidente de la república dice sentir por Loreto mas no por la urgente
necesidad de levantar la capacidad de los deslucidos sectores productivos de la
región. En consecuencia, Loreto podría convertirse en una réplica de la nefasta
situación social y ambiental que ha llevado consigo la Interoceánica Sur (Madre
de Dios). El proyecto Hidrovía Amazónica ha de definir su continuidad en lo que
el EIA-d pueda dilucidar –en un proceso de consulta previa– respecto de los temores de los pueblos indígenas
que se cierne sobre la dinámica de los ríos y la reproducción de las pesquerías
que viene alimentando a miles de personas durante miles de años. Mientras tanto
ORPIO ha presentado una solicitud de nulidad de la Resolución Directoral que
aprueba el Plan de Participación Ciudadana del EIA-d por no haber considerado
los acuerdos de la consulta previa para esta etapa.
Según los expertos el Proyecto Línea
de Transmisión Moyobamba Iquitos no es la única alternativa para proveer la
energía que se necesita. Con 499 millones de dólares que cuesta este proyecto
se podría construir varios parques generadores de energía renovable (principalmente
solar). La Sociedad Peruana de Energía Renovable sostiene que el Perú tiene
abundantes condiciones y el MEM ha creado un marco normativo (DL 1002, 2008)
promotor de las energías renovables no convencionales (RER). “El 45% de la energía
proviene de fuentes renovables en Brasil y en el 2020 varios países de la UE
prohibirán el consumo de energía generado por combustibles fósiles” por
contaminar el medio ambiente. En el Perú existe hoy 4 parques eólicos en
operación.
Las autoridades de Loreto deben planificar el
desarrollo de Loreto de la mano con la sociedad civil a fin de lograr la sostenibilidad
que todos esperamos.
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