Recientes publicaciones y análisis
sobre la implicancia del bosque de la cuenca amazónica con los postulados del
capitalismo introdujo, en la percepción de la ciudadanía indígena del Perú, elementos
que ponen en duda la prolongada y enaltecida “filantropía” de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de agencias de cooperación de países
desarrollados, que llevaron adelante proyectos de titulación de tierra de
comunidades nativas y plantearon al Estado la creación de parques nacionales y
reservas comunales con el habitual objetivo
de conservar la diversidad biológica y cultural existente en bosques previamente estudiadas.
Estas propuestas conservacionistas fueron “consentidos” por organizaciones
indígenas de nivel nacional y local, motivado por la expectativa de tenencia de
un mayor espacio territorial, aunque sin autonomía y con limitaciones
compulsivas, que sea generoso al estatus socio-cultural propio, duradero y
auto-sostenible de los pueblos originarios.
Sobre el reciente libro “Geopolítica de la Amazonía, Poder
hacendal-patrimonial y acumulación capitalista” del Vicepresidente de
Bolivia Álvaro García Linera, la agencia de noticias Bolpress mediante sucintas
acotaciones logró destacar cuantiosos textos, de las cuales seleccioné algunos
relacionados con nuestra realidad. “Podríamos
decir que el sistema neoliberal periférico se configuró entre un Estado
reducido en sus capacidades y su poder de intervención económica y cultural
(procesos de privatización y “achicamiento”), ONG que lo reemplazaban en
determinadas áreas (social, cultural, lucha contra la pobreza, pueblos
indígenas, medio ambiente, etc.), y un sector económico privado extranjero, que
se apropiaba de las riquezas públicas”. “En ese contexto, algunas ONG en el país han sido el vehículo de la
introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos
indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico (considerado propiedad
extraterritorial de gobiernos y empresas extranjeras), creando de facto una
nueva relación de privatización y extranjerización de los parques nacionales y
las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), en las que el mismo Estado ha perdido
tuición y control”. Las conclusiones que se exponen en estas frases desenredan
los hilos que traban el acceso de la persona involucrada a un discernimiento que
ayude a echar luz sobre los planes públicos y no públicos de las instituciones
supranacionales que actúan en la temática ambiental del país. Pues bien, siendo
inalcanzable los propósitos ocultos de un contubernio – si hubiera – no
necesitamos escudriñar empeñosamente sino observar acuciosamente lo que ocurre,
hoy, en el bosque de la amazonía peruana.
“La Amazonía peruana tiene
alrededor de 78 millones de hectáreas, 47 millones de hectáreas (60%)” de ellas
están concesionadas para fines de exploración y explotación de hidrocarburos. Importantes
áreas naturales protegidas se encuentran bajo formas extractivas altamente
incompatibles con el enfoque de protección “estricta” de las especies,
inicialmente planteadas. En zonas de conservación denominadas de “uso
indirecto” como los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios
históricos, no se permite la extracción
de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente
natural, que pudieran impactar distintas cadenas tróficas con importante valor
ecológico. Está permitido la “investigación científica” en estas zonas. En
consecuencia, los pueblos indígenas y comunidades quedaron restringidos de realizar
actividades ancestrales de subsistencia y territorios ancestrales han sido
reducidos a geométricas propiedades comunales, indisponiendo procesos de
crecimiento socio – cultural y el uso de los recursos naturales. En contra de
los principios de conservación de la biodiversidad conocida por la sociedad, el
Estado concedió licencia para la actividad petrolera en los siguientes lugares:
Lote 135 de Pacific Stratus concesionado dentro del Parque Nacional Sierra del
Divisor (Loreto). Lote 39 de Repsol, Lote 67 de Perenco y Lote 129 de
Burlington se sobreponen a la Reserva Nacional Pucacuro (Loreto). Lote 76 de
Hunt Oil se ubica dentro de la Reserva Comunal Amarakaeri. Lote 116 de Maurel
Et Prom Perú está sobrepuesto a la Zona Reservada Santiago Comaina. Lotes
123 y 129 de Gran Tierra se superponen
al Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira y a la Reserva Natural Pucacuro. Estas
disidentes acciones ecológicas - extractivistas del Estado demuestran que las
áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad serán convertidas en
complejos petroleros vinculados con la demanda energética del capitalismo
mundial. Pues, los pueblos indígenas y comunidades no tienen ni tendrán
jurisdicciones formales para defender el bosque y poner a salvo de los graves
riesgos de contaminación.
“Según el Vicepresidente, el verdadero objetivo de la filantropía
occidental fue conquistar territorios estratégicos y recursos de la
biodiversidad (material genético, minerales, petróleo, gas…) a través de las
ONG. Negociar con un pueblo indígena a través de una ONG local, financiada por
otro país, es más fácil que establecer una relación de Estado a Estado. De otra
manera (los países capitalistas desarrollados) tendrían que negociar, pactar o
incluso enfrentar a otros Estados nacionales para conseguirlos”. Esta experiencia es posible en el
Perú. Los proyectos de conservación con doble moral se han implementado sin la
confrontación del Estado con otro Estado ni con las ONG. Algunos dirigentes
indígenas de entonces y de hoy han sido y están siendo adoctrinados por ONG de diversas
tendencias, a cambio de condescendencias pueriles, el verdadero sentido o
interés de la intervención extranjera en la amazonía, aquello que se encamina
subrepticiamente en agravio de la buena fe y el derecho de bienestar de los
pueblos. El tema de la “investigación científica” permitido en las zonas de
conservación es muy recurrente, cuya labor está relacionado con la ingeniería
genética: prospección y análisis de muestras vegetales en laboratorios
especializados, cuyos “principios activos” identificados y aplicados nunca
significaron ganancias para el país y mucho menos para las fuentes sociales de
origen.
“Las empresas extranjeras han creado una novísima modalidad de plusvalor:
el plusvalor medioambiental en torno a la apropiación extraterritorial de la
biodiversidad amazónica, que les permite subir sus tasas de ganancia sin
necesidad de modificar el patrón técnico-productivo destructivo de la
biodiversidad. En otras palabras, siguen manteniendo en pie las mismas fuerzas
técnicas destructivas y obtienen sustanciales rebajas de impuestos y
eliminación de penalidades cada vez que titulan “bonos de carbono” a nombre de
una de ellas” – afirma García Linera. Los servicios ambientales del
bosque se introducen en el Perú con la anuencia formal del Estado (El Perú fue
aprobado como participante en el Fondo Cooperativo de Carbono Forestal del
Banco Mundial en el año 2011), en el marco del mecanismo REDD+ (Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación + (más) Manejo Forestal Sostenible,
Conservación de Bosques y Almacenamiento de Carbono). Pueblos y comunidades indígenas vienen ofertando
sus bosques a cambio de irrisorias sumas de dinero por hectárea. AIDESEP
recomienda exigir la titulación de tierras comunales y “frenar la burbuja
especulativa de REDD+, como condiciones previas a la apertura de este gran
negocio que beneficiaría a los países industrializados que se niegan a reducir
emisiones contaminantes. Sin embargo, el rechazo del avance de mecanismos REDD+
deberá elevar los niveles de unidad y firmeza de los pueblos indígenas y
comunidades a fin de descolonizar la condición socio – cultural, no participar
en el agravio de la tierra y afirmar la esperanza del progreso de Loreto sobre
el uso adecuado de los recursos naturales.
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