En el último mes del 2012, un
grupo de ciudadanos provenientes de la frontera Perú – Colombia llegaron a la
ciudad de Iquitos para denunciar ante Contraloría General de la República los
indicios de una mala administración de los fondos públicos que implicaría
gravemente la gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital del Putumayo. Ubicaron
la Sede de Contraloría en la primera cuadra de la Calle Napo, explicaron
brevemente al agente de seguridad el tema que han de tratar directamente con el
jefe del organismo público, mientras escribía los datos de la comitiva en un
cuadernillo para presentarlo en la siguiente oficina solicitó que dejaran bajo
su custodia los documentos de identidad, llaves, celulares y otros objetos que
según la percepción común y los prejuicios urbanos podrían usarse como instrumentos
lesivos contra los probos y valientes funcionarios que luchan contra la mafia
de la corrupción que tanto daño hace al país. El agente ingresó a la oficina
contigua y el otro más joven oteaba cada movimiento de los ciudadanos que
esperaban ansiosos el momento de la entrevista para demostrar la dictadura del
delito y la injusticia.
– No pondrán entrar todos, solo
entrarán tres personas – dijo el agente que salió con un buen gesto de
obediencia –, elijan ya a las personas que deben entrar.
El responsable del grupo de
activistas conformado por cinco personas dijo que todos tienen un gran interés
de entrevistarse con el Jefe de Contraloría, por que todos tienen algo
importante que decir sobre la problemática social que incumbe al gobierno
municipal del Putumayo. El agente, con ojos justicieros, llevó el mensaje.
– Pueden ingresar todos – sentenció
el agente.
Los ciudadanos ingresaron sin ningún
remilgo y con aires adversos a los protocolos de recepción que lo llamaron “pérdida
de tiempo”. Intercambiaron saludos con
una mujer de edad media, con cabello negro pintado, sentado en una silla
giratoria, con las manos sobre una mesa de madera, con gestos de rectitud y uso
eficiente de tiempo. Invitó a todos a sentarse y se presentó como la persona
encargada de recibir las denuncias formales de los ciudadanos sobre la
administración pública.
– Señora, nosotros venimos desde
la lejana frontera Perú – Colombia con el objetivo de pedir directamente al
jefe de esta oficina su decisión de disponer un equipo de profesionales que en
virtud de sus funciones imparciales ayude al pueblo a conocer cómo se ha usado
o invertido el millonario presupuesto que el gobierno central ha transferido a
la Municipalidad Distrital del Putumayo – Explicó con voz firme el vocero
principal –, nosotros estamos seguros que hay un mal manejo del presupuesto que
la misma realidad demuestra, pues, no hay agua, no hay luz, los puentes están
caídos, las calles desbordados de malezas, no hay proyectos generadores de
empleo.
– El jefe de esta sede de Contraloría no
atiende al público – dijo la señora con un lenguaje ceñido a los parapetos de
la vieja empleocracia –, por eso las funciones están delegadas. Nosotros
atendemos denuncias con pruebas razonables que deben ser consignadas en un
formulario debidamente llenado. Haré entrega de unos cuantos formularios para
que se llenado y firmado por cualquiera de ustedes, luego, deberá ser tramitado
por mesa de partes, y todo, de acuerdo a ley.
– Cómo obtener pruebas razonables de los malos
manejos económicos en la Municipalidad del Putumayo si toda la información
técnica y económica está cerrado y solamente acceden a ellos funcionarios de
confianza – preguntó impaciente un ciudadano y prosiguió dando luces sobre una dañina
sociedad hermética –, no hay rendición de cuentas adecuadas sino engañosa y
falsa, no responden a ninguna solicitud de información vía ley de
transparencia. Por ejemplo, los insumos lácteos del Programa Vaso de Leche son usados
para fiestas releccionistas y cuyas latas son hundidas con piedras en el río
Putumayo, las pocas obras ejecutadas pueden estar muy sobrevaloradas, la
empresa constructora de las obras licitadas pertenece indirectamente al alcalde
y los documentos demuestran que no, el presupuesto aprobado para la adquisición
mensual de combustible para el alumbrado público no debería haberse sido
ejecutado si el generador ha estado malogrado por más de tres meses y no hubo
luz en la comunidad. Ante la exigencia del pueblo para explicar el gasto del
millonario presupuesto de esta municipalidad, dijo el alcalde, que está siendo
ahorrado para que cuando sea suficiente se hará grande obras, que nunca se
hicieron.
– Entonces, ¿Cuándo interviene Contraloría? – preguntó
exacerbado otro ciudadano.
– Cuando hay pruebas, señor. Además, el
Putumayo no está dentro del plan de intervención en este año – concretó la
señora.
Los ciudadanos amargados y
desanimados salieron raudos de la oficina de Contraloría Sede Iquitos. La
confianza de encontrar ayuda real y desprendida, del Estado, ante un evidente
desgobierno económico en la comuna del Putumayo, ha trastocado hondamente la
noción del “estado de derecho”, vigilancia ciudadana y la institucionalidad
democrática del país. Muchas veces el alcalde dijo que Humala es su amigo y que
tiene sin cuidado cualquier denuncia, entonces, el alcalde aprovecha esta
dudosa inacción para imponer en la administración pública el superlativo de
negocio propio. Mientras el grito de socorro del pueblo del Putumayo no es
retratado en ningún cuadro, ni acogida en las ondas de ninguna estación de radio, y
se asocia a la consonancia lúgubre que el pasado arroja en escarmiento.
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