Por: Jorge Pérez Rubio
Los pueblos indígenas amazónicos están avanzando en el plan intestino de poner
en marcha el “ejército indígena”, con el único objetivo de frenar el asesinato
de líderes indígenas, perpetrado por las mafias relacionadas con el narcotráfico
y traficantes de tierras. Nunca hubieran pensado en gatillar esta opción si el estado
peruano estaría en el terreno de los hechos, ejerciendo el deber de garantizar
la seguridad y la paz, trabajando juntos para aminorar la ausencia de oportunidades
de bienestar, combatiendo con eficacia y transparencia el brote y rebrote de la
corrupción que actúa como catalizador de las actividades ilegales. 17 líderes
han sido muertos por las mafias organizadas, según el reporte actualizado del
Centro de Información y Planificación Territorial de AIDESEP (CIPTA), en el periodo
2013 – 2021, (02 de Junín, 06 de Ucayali, 04 de Loreto, 02 de Cerro de Pasco, 01
de Amazonas, 01 de Huánuco, 01 de San Martin). En agosto del 2020 el Estado
asesinó 03 indígenas Kukama que protestaban inermes –en medio del peor momento de
la pandemia– en el frontis de zona industrial del Lote 95, explotado por
Petrotal en Loreto. Brutal represión que podría quedar en la impunidad debido a
la complicidad de la fiscalía y la impasibilidad de las instituciones públicas.
“No tenemos otra forma de defendernos ante el aumento de amenazas y de
asesinatos. Es el momento de actuar haciendo uso de nuestra capacidad de
organización, nuestras armas tradicionales y domésticos. No podemos ir a cazar
ni a pescar para alimentar a la familia, no podemos vigilar el territorio como lo
hacíamos antes. Ellos llegan con armas de fuego y se quedan para cultivar coca.
Ellos te piden ingresar ´a las buenas´, ellos matan para amedrentar y escarmentar,
ellos dicen no temer a las fuerzas del orden. Dejando entrever que todo está arreglado
o están bien pertrechados. Ellos logran sobornar a los malos dirigentes para escudarse
y mimetizarse. Nosotros luchamos, en su momento, contra el terrorismo, con el
mismo objetivo de defender la vida y recuperar la tranquilidad. En aquel entonces
el Estado nos brindó armas y capacitación, esta vez esperamos la misma atención”.
Los pueblos indígenas están siendo atrapados por la telaraña de la muerte del
narcotráfico, ante los oídos sordos del Estado, ante el desgano y el desinterés.
Durante el mes de noviembre y de la primera semana de diciembre de este año,
llegaron a Lima más de 50 líderes y lideresas para denunciar y pedir acciones concretas
destinadas a poner coto a los sucesos de crímenes y ensañamiento. A pocos días
de pasar al próximo año no se ha podido ser testigo de ninguna medida alentadora.
Las acciones planteadas al gobierno para evitar más muertes son: titulación
de comunidades, desplazamiento de la fuerza del orden a los lugares ocupados por
el narcotráfico y traficantes de tierras, investigación profunda sobre los asesinatos,
erradicación de la corrupción enquistada en esta telaraña, incrementar el apoyo
a las iniciativas económicas comunales y mejoramiento de los servicios básicos.
Consiguientemente, la conformación legal e implementación del “ejército indígena”.
El rápido funcionamiento del este órgano de seguridad propio habría de posicionarse
en el infalible escenario de la disuasión. Es decir, podríamos ganar la guerra
sin haberlas librado.
“Apu Jorge, hay muchos hermanos que abrieron las puertas al narcotráfico y
callan por temor. Yo soy valiente, aunque me cueste la vida seguiré batallando,
seguiré denunciando ante el Perú y el mundo. Tarde o temprano la paz volverá a nuestro
territorio, a nuestras comunidades”.
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